Las recientes revelaciones sobre el comportamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han generado una polémica significativa. Según informaciones publicadas por diferentes medios, Gómez está en el centro de una controversia relacionada con un software que solicitó gratuitamente a tres grandes empresas. Estas acciones han planteado serias dudas sobre su ética profesional y la posible apropiación indebida de recursos.
Las informaciones detallan que Begoña Gómez, aprovechando su posición como esposa del presidente. Solicitó a Indra, Telefónica y Google que desarrollaran una aplicación informática para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin costo alguno.

El software tenía como objetivo ayudar a las empresas a verificar su cumplimiento con los criterios de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Este pedido fue hecho bajo la premisa de su cátedra en la UCM, el Máster de Transformación Social Competitiva.
La involucración de grandes empresas
En 2022, el proyecto fue liderado por Minsait, una filial tecnológica de Indra. Durante su desarrollo, Gómez visitó varias veces las instalaciones de Indra y Telefónica, donde fue recibida por altos directivos de ambas compañías.
Sin embargo, en septiembre de 2023, cuando los costos del proyecto alcanzaron los 150,000 euros, las empresas decidieron retirarse. La razón principal fue evitar un conflicto de intereses, dado que no podían justificar una colaboración altruista tan significativa, especialmente porque el máster estaba dirigido por la esposa del presidente.

Tras la retirada de las multinacionales, el rectorado de la UCM organizó un concurso público para finalizar el software. Begoña Gómez, quien firmó el pliego de prescripciones técnicas de la licitación, estuvo involucrada directamente en el proceso. Finalmente, Deloitte Consulting SLU se adjudicó el proyecto por 60,500 euros, elevando el costo total del software a 210,500 euros.
Registro del software a nombre de Gómez
Una de las revelaciones más polémicas fue que Begoña Gómez registró el software en la Oficina de Patentes a nombre de una empresa de la cual es propietaria al 100%. Este hecho sugiere una posible apropiación indebida, ya que la aplicación fue financiada y desarrollada en parte con recursos públicos.








