Casi 250.000 euros de dinero público para un dispositivo de asesoramiento jurídico que tramitó 517 solicitudes de regularización de inmigrantes. Es el balance económico de la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona entre marzo y junio, según revela La Gaceta a partir de información municipal obtenida mediante una solicitud de transparencia.
El Consistorio recurrió a 15 profesionales del ámbito jurídico para atender a los extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España. La contratación de estos abogados supuso un desembolso de 248.592,75 euros, una cantidad que, distribuida entre los expedientes contabilizados, equivale a 480,84 euros por solicitud.
Esta cifra representa una media estadística y no el precio de cada expediente. Del mismo modo, el gasto municipal por cada letrado se situó en aproximadamente 16.572 euros durante los cuatro meses de funcionamiento del servicio.
La contratación de estos abogados supuso un desembolso de 248.592,75 euros
Sin embargo, las cifras facilitadas por el Ayuntamiento reflejan una actividad administrativa mucho más amplia que la correspondiente a los expedientes de regularización. Los servicios municipales registraron cerca de 87.000 atenciones, aunque no todas estuvieron relacionadas con la presentación formal de solicitudes.
La documentación no permite determinar cuántas personas utilizaron estos servicios en más de una ocasión ni qué proporción de las consultas terminó convirtiéndose en un procedimiento de regularización. Por tanto, el volumen de atenciones no puede equipararse al número de expedientes tramitados.
Otro de los datos que recoge la información publicada por La Gaceta afecta a los certificados de vulnerabilidad. La respuesta oficial del Ayuntamiento contabiliza 34.735 documentos expedidos, frente a los 34.576 que había comunicado públicamente al finalizar el procedimiento.
La diferencia asciende a 159 certificados y no aparece justificada en la información municipal facilitada. Tampoco se aclara qué vinculación existe entre estos documentos y los expedientes gestionados por los abogados.
Para prestar el servicio, el Gobierno municipal utilizó distintos espacios públicos repartidos por Barcelona. La asistencia se ofreció en cinco dependencias, entre ellas instalaciones de Fira de Barcelona, oficinas de atención ciudadana y centros especializados en población migrante.
La mayor parte de estos puntos permitía recibir orientación sin haber solicitado previamente una cita. Algunos permanecieron operativos durante varias semanas, mientras que otros continuaron prestando asistencia hasta el cierre del procedimiento, el 30 de junio.
Los ciudadanos peruanos encabezaron las solicitudes de regularización gestionadas por el dispositivo, representando el 18% del total. Por detrás se situaron los procedentes de Colombia y Argelia, con un 10% cada uno, seguidos de Venezuela, con un 9%, y Honduras, con un 7%.
En conjunto, estas cinco nacionalidades concentraron más de la mitad de los expedientes registrados. Las mujeres representaron el 53% de los solicitantes y los hombres, el 47%.
