Según explicó Barcala, la suspensión permitirá al Ayuntamiento revisar y actualizar las normativas municipales. “Nuestro objetivo es garantizar un crecimiento turístico que sea sostenible y que, al mismo tiempo, facilite el acceso de los alicantinos a una vivienda digna, una prioridad de nuestro mandato”, afirmó.
La moratoria abarcará la paralización de la tramitación y concesión de licencias, declaraciones responsables y cualquier otro título habilitante para la apertura de nuevas viviendas turísticas o cambios de uso. Además, se suspenderán los informes de compatibilidad urbanística y las cédulas de garantía para estas actividades.
Regulación por zonas y control del impacto
La medida permitirá avanzar en la planificación de límites en la densidad de las viviendas turísticas por zonas, atendiendo a la concentración de este tipo de alojamientos y su influencia en la convivencia y el mercado inmobiliario. El equipo de Gobierno ha basado esta decisión en dos estudios realizados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y la consultora EOSA, que destacan la necesidad de ajustar las licencias en función de la capacidad de servicios públicos, el carácter residencial de cada área y la saturación turística detectada.