La investigación judicial abierta para esclarecer la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta sigue incorporando nuevas actuaciones. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado recabar información directamente de la Guardia Civil con el objetivo de completar la reconstrucción de lo ocurrido durante los días de la crisis, según publica THE OBJECTIVE.
Entre la documentación solicitada figura un informe sobre la actuación desarrollada por las distintas unidades del Instituto Armado desplegadas en la ciudad autónoma, especialmente durante las jornadas del 30 y 31 de julio. La instructora quiere conocer cómo se organizó el operativo, qué intervenciones se realizaron y cuál fue la respuesta de los agentes durante el desarrollo de la emergencia.
La providencia también requiere información sobre las labores efectuadas en el ámbito marítimo. En concreto, la juez solicita datos relativos a los rescates practicados en aguas españolas, la identidad de las personas localizadas cuando haya podido determinarse y las circunstancias conocidas de cada actuación. En el caso de las víctimas mortales, pide igualmente que se incorporen los datos disponibles sobre la fecha y la causa del fallecimiento.
La providencia también requiere información sobre las labores efectuadas en el ámbito marítimo
Además, la magistrada pretende aclarar si, antes de que comenzara la entrada masiva, alguna unidad de la Guardia Civil recibió comunicaciones o información que hicieran prever un episodio de esas características. Ese extremo se suma a otras diligencias acordadas previamente dentro del procedimiento.
Días antes la juez ya había reclamado un informe similar a la Policía Nacional para analizar si la llegada masiva de inmigrantes pudo responder a una actuación previamente organizada o impulsada por alguna estructura criminal.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada por Iustitia Europa, formación que solicitó la apertura de una investigación por posibles delitos relacionados con la seguridad del Estado, el favorecimiento de la inmigración ilegal, el tráfico de personas, la existencia de organización criminal y una eventual omisión del deber de perseguir delitos. Al iniciar las diligencias previas, la magistrada consideró que los hechos descritos podían presentar indicios suficientes para justificar la investigación.
