Únicamente el Consejo de Ministros tendrá la potestad de decidir qué datos podrán considerarse como secretos de Estado
Este martes se ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de Ley de Información Clasificada. La norma establece que únicamente el Consejo de Ministros tendrá la potestad de decidir qué datos podrán considerarse como secretos de Estado.
Según Okdiario, esto podría hacer que los viajes en Falcon de Pedro Sánchez puedan permanecer ocultos. Con el nuevo proyecto, aprobado recientemente, el Consejo de Ministros asume la potestad exclusiva de clasificar documentos como “secreto” o “alto secreto”.
Los criterios para ello abarcan desde la protección de la defensa y la seguridad nacional hasta la preservación de las capacidades de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales. Se incluye cualquier otro ámbito que, a juicio del propio Gobierno, requiera el máximo nivel de confidencialidad.
Todo esto según lo explicado por Okdiario.
Sánchez ya había sido polémica con el Falcon. La falta de Transparencia sigue marcando el rumbo del Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de las reiteradas solicitudes ciudadanas, el Ejecutivo se niega a informar sobre el uso de recursos públicos.
Especialmente en lo que respecta a los viajes del presidente en aviones oficiales como el Falcon o el Airbus.
El Gobierno ha bloqueado peticiones hechas a través del Portal de Transparencia. Se niega a revelar datos básicos: costes, destinos y justificación de los desplazamientos.
Información que, por ley, debería ser pública y de fácil acceso. No se trata de datos clasificados ni de informes complejos. Simplemente, no hay voluntad de responder.
Uno de los puntos más oscuros es República Dominicana. Este país fue el destino más frecuente fuera de Europa en 63 viajes oficiales. También es el lugar vinculado a la red Ábalos-Aldama, investigada por el presunto blanqueo de dinero procedente de contratos de mascarillas.
Un ciudadano solicitó conocer los gastos de representación de Sánchez entre 2018 y 2022. La respuesta fue el silencio.
En ocasiones, el Ejecutivo se excusa diciendo que requiere elaborar un informe previo. Esta vez ni siquiera hubo excusa, no hubo contestación.
El Consejo de Transparencia tuvo que intervenir, el organismo independiente criticó duramente la actitud del Ejecutivo. Recordó que no se puede negar el acceso a la información sin una justificación clara. Y que el derecho a saber está protegido por la Constitución.
“La falta de respuesta (…) no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional”, advirtió el Consejo.
