Así pretende Sánchez asfixiar a medios críticos como EDATV

El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha iniciado un ambicioso plan para intervenir en la financiación y la regulación de los medios de comunicación. Este movimiento, disfrazado de un esfuerzo por la transparencia y la regeneración democrática, ha levantado preocupaciones sobre la libertad de prensa y el control gubernamental sobre los medios críticos, como EDATV.

El plan del Gobierno incluye la implementación de un reglamento de la Unión Europea que exige transparencia en la financiación pública de las empresas informativas. Pedro Sánchez y su equipo buscan que los medios de comunicación adopten un código ético, reconociéndose como "empresas sociales". Esta designación obligaría a los medios a publicar su financiación privada para evitar conflictos de intereses, aunque la adhesión al código no sería obligatoria.

Las fuentes gubernamentales indican que el objetivo es evitar colisiones entre la información publicada y los intereses de los accionistas. Este enfoque permitiría identificar a las empresas que se nieguen a ser transparentes, generando presión social y mediática para que cumplan con estas nuevas normativas.

Reacciones de la prensa  

La Asociación de la Prensa de Madrid ha mostrado cierto apoyo a la medida. Destacando la necesidad de una mayor transparencia sobre los propietarios de los medios y los fondos que reciben. Sin embargo, también han expresado preocupación por las posibles injerencias del Gobierno en el trabajo periodístico.

En un comunicado, la APM subrayó la importancia de mantener la independencia de los medios y evitar que las medidas de transparencia se utilicen como una herramienta de control gubernamental. La organización destacó que cualquier intento de restringir la libertad de prensa debe ser observado con cautela y criticado cuando sea necesario.

Creación de un Comité de Expertos

El Gobierno de Sánchez planea crear un comité de expertos encargado de definir lo que constituye una "noticia falsa" y evaluar las desviaciones de las "buenas prácticas" periodísticas. Este órgano tendría la autoridad para señalar a los medios que publiquen información falsa y podría recomendar la retirada de publicidad institucional a aquellos que no cumplan con los estándares establecidos.

Aunque públicamente no se ha hablado de multas económicas, en privado se ha mencionado la posibilidad de sancionar a los medios infractores. Esta estrategia podría extenderse a las comunidades autónomas, algunas de las cuales, como la Comunidad de Madrid, han sido criticadas por el PSOE por financiar a lo que denominan "pseudoperiodistas".

Control de Publicidad Institucional

Una de las medidas más controvertidas es la retirada de publicidad institucional a los medios de comunicación que publiquen información considerada falsa por el Gobierno. Esta acción afectaría principalmente a los medios críticos, que ya han visto una disminución significativa en los fondos publicitarios del Gobierno en los últimos meses.

Moncloa pretende que esta medida también sea adoptada por las comunidades autónomas, creando un frente unificado para limitar la financiación de los medios que no sigan las directrices del Gobierno. Esta estrategia busca asfixiar económicamente a los medios críticos, reduciendo su capacidad operativa y su influencia en la opinión pública.

 El plan de Sánchez ha generado un intenso debate sobre las implicaciones para la democracia y la libertad de prensa en España. Los críticos argumentan que estas medidas son un intento de silenciar a los medios opositores y consolidar el control gubernamental. Sobre la información que llega al público.

La preocupación principal es que, bajo el pretexto de la transparencia y la ética, el Gobierno esté implementando un sistema de censura encubierta. Los medios que no se adhieran al código ético propuesto o que sean señalados por el comité de expertos podrían enfrentar sanciones que comprometerían su sostenibilidad y su capacidad de operación.