Así operan en España las mafias de personas que protege el Gobierno

La Audiencia de Almería ha juzgado a principios de octubre a 19 inmigrantes marroquíes y argelinos. Todos ellos acusados de integrar una red dedicada al transporte clandestino de personas.

La investigación, desarrollada por la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), ha revelado cómo las mafias se han afincado en España  sin apenas obstáculos. La falta de control fronterizo y la descoordinación institucional han favorecido su expansión silenciosa.

Fuentes policiales consultadas aseguran que los acusados obtenían información sobre la llegada de pateras a las costas de Almería  y Cádiz.

Después, ofrecían  traslados a los recién llegados o a sus familias, aprovechando su desesperación y la ausencia de una política migratoria firme.

Los destinos habituales eran Murcia, Alicante, Tarragona  y Barcelona, donde los inmigrantes intentaban rehacer su vida o continuar su viaje hacia el norte.

Una red perfectamente organizada ante el vacío institucional

El entramado funcionó entre mayo y octubre de 2019, con dos grupos estructurados y varios colaboradores actuando de manera independiente.

Cada célula se encargaba de captar inmigrantes, organizar los traslados y cobrar las tarifas. Las cifras eran tan abusivas como reveladoras del negocio criminal que se ha instalado en el país.

Un viaje de Almería a Alicante costaba 450 euros por persona. Los cabecillas exigían hasta 1.000 euros por transportar a seis inmigrantes hasta la estación alicantina.

Incluso cobraban 30 euros por un corto trayecto desde la playa a la estación de autobuses de Almería. Si no podían pagar, los dejaban atrás.

Mientras tanto, el Gobierno sigue sin reforzar las costas más vulnerables, donde el flujo de pateras se ha multiplicado.

La red operaba con total impunidad, utilizando vehículos propios y rutas seguras sin apenas vigilancia policial. En ausencia de una respuesta contundente, las mafias se han asentado en puntos estratégicos del litoral andaluz.

Dinero en efectivo y penas de prisión

Durante los registros en las viviendas de los principales sospechosos, situadas en Almería y Alicante, los agentes hallaron 18.500 euros en metálico.

Ese dinero, según la Policía, era fruto directo del tráfico de inmigrantes. La Fiscalía imputó 13 delitos contra los derechos de los extranjeros y por favorecer la inmigración ilegal.

El Ministerio Público solicitó siete años de prisión para los dos cabecillas, seis años para la mayoría de los implicados y nueve meses para los de menor rango.

Los 19 acusados fueron juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia de Almería, donde la mayoría fue condenada a prisión.

Sin embargo, el proceso judicial no ha frenado la proliferación de redes similares en otras zonas del país.

Desde los cuerpos de seguridad advierten que la falta de medios por parte del Ejecutivo están dejando vía libre a las mafias.

Los agentes denuncian que el Gobierno prioriza la propaganda sobre la seguridad, mientras las costas del sur se convierten en puertas de entrada.

Un problema creciente que el Gobierno ignora

Los expertos señalan que el fenómeno va más allá del caso juzgado en Almería. Las redes de inmigración ilegal se expanden con rapidez gracias a la inacción del Estado.

Sin un refuerzo real de la vigilancia marítima y sin cooperación internacional efectiva, España se ha convertido en un punto clave para el tráfico humano.

Zonas como Cabo de Gata y el Poniente almeriense se han transformado en enclaves estratégicos para las mafias. Allí desembarcan pateras cada semana sin que se refuerce la presencia policial.

Los resultados son evidentes: redes que se consolidan, beneficios millonarios y una sensación de impunidad que crece al ritmo de la desprotección.

Este caso demuestra que el problema no es solo judicial, sino político. Mientras las mafias se enriquecen explotando la desesperación ajena, el Gobierno sigue mirando hacia otro lado.