Así ha sido la auditoría del ministro Óscar Puente que deja 'KO' a Koldo y Ábalos

Nuevos documentos sobre el caso Koldo han revelado la presencia de un personaje clave en la trama. Un empresario cercano al asesor de José Luis Ábalos y a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

La auditoría principal del Ministerio de Transportes no menciona su nombre. Aunque anexos adicionales aportados por el departamento de Óscar Puente, destacan su influencia dentro del Ministerio. Además de una relación cercana con Koldo García, el asesor de Ábalos involucrado en la trama.

Según informa VOZPÓPULI, uno de los anexos revela intercambios de correos electrónicos entre altos cargos de Puertos del Estado y Adif. Esto habría ocurrido durante los primeros meses de la pandemia, cuando discutían los términos de la contratación de la empresa vinculada a Koldo García.

Este empresario habría jugado un papel crucial como intermediario en la adjudicación de un contrato por valor de 54 millones de euros. Además, no solo habría actuado como comisionista en esta operación, embolsándose 5,5 millones de euros, sino que también mantiene vínculos con otras empresas involucradas.

Koldo daba las indicaciones

La auditoría apunta a correos enviados por Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado. En dichos correos, estaría informando sobre la adjudicación de emergencia para el suministro de material sanitario.

Según el informe, el secretario general de Puertos justificó estas comunicaciones alegando que seguía las indicaciones del asesor del ministro Ábalos.

La auditoría de Transportes cuestiona los controles de acceso al Ministerio. En su informe señalan que una persona ajena a la función pública, pudo tener acceso a información confidencial. Además de trato de favor con altos cargos como si fuera parte del personal del Ministerio.

Este hecho ha generado preocupación sobre la laxitud de los controles de acceso. Llevando, todo ello, a reflexionar sobre la necesidad de registrar las visitas de las personas ajenas al Ministerio, independientemente de a quién vayan a visitar.

El caso ha generado tensiones dentro del propio Ministerio de Transportes. Óscar Puente, quien ha heredado la responsabilidad de gestionar el escándalo, ha entregado la auditoría y otros documentos a la UCO de la Guardia Civil. Además, cerca de una decena de funcionarios que participaron en la elaboración de la auditoría han sido identificados.

Ábalos a la defensiva

Por su parte, el exministro José Luis Ábalos ha intentado defenderse cuestionando la validez del informe de la auditoría. Su principal argumento es que no fue solicitado por el juzgado y está elaborado por personal que participó en la contratación.

Ábalos ha solicitado personarse como perjudicado en la causa y ha presentado una pericial en la que critica el trabajo de Puente.

Mientras tanto, la causa sigue avanzando con nuevos interrogatorios a imputados y testigos clave. Esta semana se espera que el juez interrogue a Álvaro Sánchez Manzanares, así como a Michaux Miranda, quien fue director general de gestión de personas en el Ministerio.

También está prevista la comparecencia del exnúmero tres del Ministerio, Jesús Manuel Gómez. Aunque su interrogatorio ha sido pospuesto hasta el 23 de septiembre debido a la falta de autorización por parte de la Abogacía General del Estado.

Entre los testigos también se encuentran la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y Francisco Toledo Lobo, expresidente de Puertos del Estado. Ambos deberán declarar sobre el proceso de adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión.

¿Ábalos podría ser imputado?

Uno de los puntos más importantes del caso es la posible imputación de José Luis Ábalos. La acusación popular, ejercida por la asociación Iustitia Europa, ha solicitado su citación como investigado.

La Fiscalía Anticorrupción está a la espera de un informe de la UCO antes de pronunciarse sobre esta petición. Pero fuentes cercanas al caso sugieren que es probable que respalden la imputación de Ábalos.

En caso de que el juez decida imputar al exministro, sería necesario enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo. Dado que el exministro Ábalos está aforado por su condición de diputado en el Congreso.