Así es cómo Sánchez se asegura el control del Estado hasta 2030

En una reciente maniobra política, Pedro Sánchez ha intensificado su dominio sobre instituciones clave. De este modo se asegura que las principales áreas de poder en España se mantendrán bajo su control  por la próxima década.

El movimiento incluye su influencia en organismos de enorme importancia como RTVE, el Tribunal Constitucional, el CGPJ o el Banco de España. Todo apunta a una estrategia que subordina las instituciones públicas a los intereses de un gobierno que está determinado a perpetuarse.

Desde  La Moncloa, Óscar López, ha anunciado la intención del Gobierno de asumir el control sobre RTVE mediante un nuevo Consejo de Administración.

Aunque el Partido Popular ha expresado su rechazo a esta medida, Sánchez parece haber previsto cualquier obstáculo. En el decreto ley, se especifica que si el Senado no designa sus consejeros en plazo, el Consejo de Administración se renovará igualmente.

A pesar de que el PP ha amagado con no participar en la designación, las disposiciones legales le dejan pocas alternativas. Demostrando, una vez más, cómo el gobierno maneja las instituciones a su conveniencia.

Control de las instituciones públicas

El control sobre RTVE no es un movimiento aislado. Este modelo de gestión se repite en otros organismos clave. En el Tribunal Constitucional, la reciente reelección de Cándido Conde-Pumpido garantiza una mayoría progresista hasta el 2032.

Aunque en teoría la renovación de magistrados permite cierta alternancia, el control del gobierno en la selección de candidatos parece inclinar la balanza.

Además, la situación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) refleja una similar falta de neutralidad. Desde 2021, los vocales son designados por un período de cinco años, por lo que la composición actual se mantendrá hasta 2029.

Un tiempo suficiente para que cualquier cambio en el gobierno esté condicionado por decisiones previas de Sánchez y sus socios. Esta situación está suscitando preocupación entre quienes consideran que la falta de alternancia representa un atentado contra la independencia judicial.

El Banco de España, cuya renovación reciente reflejó también la influencia del Ejecutivo, ha asegurado un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. La designación se realizó sin negociar con otras fuerzas políticas, lo que ha suscitado críticas en torno a la parcialidad del proceso.

Esta línea de actuación tiene un precedente en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con la elección de Cristina Herrero en 2020 para un mandato de seis años. De forma similar, el gobierno evitó consultas, asegurando así que la supervisión fiscal estará alineada con las políticas de Sánchez.

Otro organismo afectado es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta ley fue modificada en 2023 para alargar los mandatos de sus altos cargos.

Con la próxima renovación parcial prevista para diciembre de este año, es probable que el gobierno continúe evitando negociaciones con la oposición. De este modo, sigue consolidando así su presencia en una entidad clave para la regulación económica.

Esta tendencia de tomar decisiones sin consultar con otros partidos, como el PP, sienta un precedente alarmante para la democracia española. El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General del Estado han visto sus cargos estratégicos distribuidos a conveniencia del partido en el poder.

La presencia de Álvaro García Ortiz como fiscal general, imputado por el Tribunal Supremo. Además del presidente del CIS, José Félix Tezanos, es un ejemplo evidente de cómo Sánchez asegura su influencia en todas las esferas del Estado.

En definitiva, el gobierno de Pedro Sánchez parece estar avanzando a pasos agigantados en asegurar su dominio hasta 2030. La consolidación de un "Estado sanchista" sugiere que el presidente prioriza su permanencia en el poder.