El Ayuntamiento de Madrid ha elevado la presión sobre el Gobierno para que actúe ante la acampada instalada en la Puerta del Sol. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que remitirá al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno documentación gráfica con la que el Consistorio sostiene que puede acreditar la presencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines procedentes de obras cercanas y hornillos entre las tiendas de campaña.
El nuevo escrito pretende reforzar la petición municipal para que se ponga fin a la acampada. Según Almeida, las imágenes recopiladas muestran adoquines almacenados dentro del campamento que, a juicio del Ayuntamiento, podrían emplearse como objetos arrojadizos. También ha advertido sobre los riesgos derivados de utilizar hornillos para cocinar en una concentración de estas características.
El alcalde ha utilizado estos elementos para cuestionar que pueda seguir hablándose de una protesta completamente pacífica. Almeida asegura además que durante estos días se han registrado "altercados violentos" y ha incorporado a sus argumentos lo ocurrido con el Oso y el Madroño, vandalizado durante la acampada.
El alcalde ha utilizado estos elementos para cuestionar que pueda seguir hablándose de una protesta completamente pacífica
Precisamente, la Policía Municipal va a vallar el monumento para protegerlo, una actuación que será comunicada previamente a la Policía Nacional. La estatua apareció cubierta con diferentes elementos y mensajes, entre ellos el "Ayuso, cuidado" dirigido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La aparición de los cuchillos y los adoquines denunciada por el Ayuntamiento añade un nuevo elemento al enfrentamiento entre las administraciones por la continuidad de la protesta. El Consistorio lleva varios días reclamando que la acampada sea levantada y ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "dejación de funciones". Almeida llegó a anunciar que se estudian posibles acciones legales si considera que la Delegación continúa sin ejercer las competencias que el Ayuntamiento le atribuye.
La Comunidad mantiene su ultimátum
La Comunidad de Madrid también ha reclamado formalmente el desalojo. El Gobierno regional remitió el martes un requerimiento a la Delegación del Gobierno concediéndole un plazo de 48 horas para disolver la acampada y advirtiendo de posibles acciones judiciales en caso contrario.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha reiterado este miércoles la exigencia y sostiene que la concentración ha sobrepasado los límites del derecho de reunión y manifestación. La consideración de la acampada como "ilegal" corresponde a la posición expresada por el Gobierno regional, que acusa al delegado de permitir una ocupación irregular del espacio público.
Mientras aumenta el choque institucional, la acampada continúa creciendo en Sol. Este miércoles se observaba un mayor número de tiendas y el campamento había ampliado su perímetro más allá de las bocas de Metro, mientras sus promotores mantienen las movilizaciones relacionadas con sus reivindicaciones en materia de vivienda.
