Alerta en Vizcaya por la llegada de menores inmigrantes procedentes de Gambia

Policía Nacional, Ertzaintza y Policía Municipal han reforzado la coordinación en Vizcaya ante la llegada de menores migrantes no acompañados. Los tres cuerpos mantienen ya comunicación directa cuando detectan uno de estos casos, con el objetivo de comprobar si la misma persona se presenta después en otra comisaría de la provincia.

Las autoridades buscan evitar duplicidades en expedientes y mejorar el seguimiento de cada situación. Este sistema de aviso inmediato permite compartir información básica entre cuerpos policiales cuando aparece un supuesto menor que solicita protección o asegura encontrarse en situación de desamparo.

Uno de los focos recientes de atención se centra en jóvenes procedentes de Gambia. Según fuentes conocedoras del proceso, comenzaron a llegar en 2024 con pasaportes formalmente válidos, aunque en algunos casos existían dudas sobre la edad real reflejada en la documentación presentada ante las autoridades españolas.

Ante esa situación, la comisaría general de la Policía Nacional ha contactado con las autoridades gambianas para verificar la autenticidad de los documentos emitidos en ese país africano. El objetivo es confirmar tanto la validez legal de los pasaportes como la información personal incluida en ellos.

El Tribunal Supremo ya ha fijado jurisprudencia sobre este tipo de procedimientos. Según ese criterio, mientras un documento oficial no haya sido invalidado, prevalece frente a otras pruebas médicas destinadas a determinar la edad de una persona. La Fiscalía debe seguir actualmente esas directrices marcadas por el alto tribunal.

No obstante, tanto la Fiscalía como los distintos cuerpos policiales e incluso la propia Diputación pueden solicitar pruebas complementarias cuando existan dudas razonables. Esos análisis se practican en el hospital de Basurto por especialistas forenses encargados de valorar la posible minoría o mayoría de edad.

Para realizar esas pruebas es necesario el consentimiento de la persona afectada. Ese trámite suele ser gestionado por la Policía Nacional, cuerpo encargado además de completar el registro R-menas, base de datos donde se incorporan los expedientes relacionados con menores extranjeros no acompañados detectados en territorio nacional.

La mayoría de los casos registrados en Vizcaya corresponden a jóvenes procedentes de Marruecos, Argelia y Gambia. Las autoridades explican que una parte relevante de estos menores llega directamente a dependencias policiales para comunicar su situación y solicitar asistencia de los servicios públicos.