La acampada por la vivienda instalada en plena Praza do Obradoiro ha abierto una polémica política en Santiago de Compostela por la actuación del Ayuntamiento. El PP acusa al Gobierno municipal de Goretti Sanmartín, alcaldesa del BNG, de haber permitido que los manifestantes utilizaran electricidad procedente del Pazo de Raxoi, sede del consistorio, y exige saber quién autorizó esa conexión.
La protesta comenzó en la madrugada del jueves, impulsada por el Sindicato de Vivenda de Santiago. Los participantes instalaron inicialmente alrededor de una decena de tiendas y anunciaron su intención de permanecer de manera indefinida para reclamar medidas frente a los problemas de acceso a la vivienda. La movilización ha ido creciendo desde entonces y ocupa uno de los puntos más transitados por turistas y peregrinos de la capital gallega.
La posición del Gobierno municipal ha sido favorable a las reivindicaciones de los acampados. Los propios organizadores aseguraron haber recibido la visita de Sanmartín, quien les trasladó su apoyo. El BNG también ha defendido públicamente estas movilizaciones y ha reivindicado el derecho de los ciudadanos a manifestarse y concentrarse por la vivienda.
La posición del Gobierno municipal ha sido favorable a las reivindicaciones de los acampados
Sin embargo, el debate ha cambiado de terreno después de las acusaciones formuladas por el PP de Santiago. Su portavoz, Borja Verea, sostiene que los manifestantes llegaron a disponer de un cable que suministraba electricidad desde el propio Pazo de Raxoi y ha reclamado explicaciones al Ejecutivo local sobre su procedencia y autorización.
«Tenemos constancia de que los acampados utilizaron electricidad desde el propio Pazo de Raxoi», afirmó Verea. El dirigente popular preguntó directamente si el Ayuntamiento había autorizado ese uso y reclamó además conocer si la acampada cuenta con algún permiso municipal.
Sanmartín no confirmó que hubiera autorizado ninguna conexión eléctrica. Preguntada por las acusaciones, aseguró que «evidentemente no hay fondos públicos utilizados» para financiar la acampada y consideró que la controversia sobre estas cuestiones desviaba la atención del verdadero problema. «Son temas absolutamente secundarios», respondió al defender que el debate debe centrarse en las dificultades para acceder a una vivienda.
La alcaldesa del BNG también pidió solidaridad con quienes participan en las protestas y sostuvo que están ejerciendo legítimamente su derecho a reclamar una vivienda digna. Frente a las críticas del PP, ha defendido las políticas desarrolladas por su Gobierno en los últimos años, entre ellas actuaciones de rehabilitación, movilización de suelo para vivienda protegida y medidas vinculadas a la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.
La permanencia de las tiendas en el Obradoiro ha generado además una comparación con lo sucedido el pasado 29 de junio. Entonces, la Policía Local encontró a primera hora de la mañana a un peregrino que había pasado la noche en una tienda bajo los soportales del Pazo de Raxoi. Los agentes procedieron a desalojarlo antes de las 8.00 horas y le comunicaron que no estaba permitido acampar en ese lugar.
El PP utiliza ahora aquel precedente para cuestionar el criterio aplicado ante la actual protesta. Los populares distinguen entre el derecho a reclamar soluciones al problema de la vivienda y mantener una ocupación indefinida de una de las plazas más emblemáticas de Santiago. Verea ha acusado a Sanmartín de actuar como «espectadora o animadora» de las movilizaciones y le ha reclamado que explique si pretende adoptar alguna medida sobre la acampada.
