La alarmante subida en el número de llegadas de inmigrantes a Canarias en siete años

La inmigración ilegal sigue dando de qué hablar. Canarias ha contabilizado un total de 168.659 inmigrantes llegados de forma irregular entre los años 2019 y 2026, según datos publicados recientemente en redes sociales.

Los datos reflejan un aumento sostenido de las llegadas a las Islas Canarias por vías marítimas y otras rutas no reguladas. Se trata de un fenómeno que continúa siendo uno de los principales retos humanitarios y de seguridad para el archipiélago. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de seguridad y de las ONGs, la presión migratoria se ha mantenido elevada en los últimos años.

Las cifras acumuladas hasta 2026 superan ampliamente los registros de años anteriores. Las autoridades isleñas han reiterado en diversas ocasiones la urgencia de reforzar el control de fronteras. Según los datos del Ministerior de Interior, siguiendo lo comentado por Canario Today, la situación ha cambiado dráticamente.

Se trata de una media de 23.820 al año, lo que representa un incremento de +4.353 % respecto al periodo anterior a Pedro Sánchez.

Y es que Sánchez ha dado mucho de qué hablar con el tema de la inmigración tras su polémica regularización masiva de inmigrantes.

La prensa marroquí ha alabado la iniciativa de Sánchez dedicándole varios artículos, donde explican que entrará en vigor en abril. También beneficiará a más de medio millón de personas.

La iniciativa presentada por el Gobierno español ha sido examinada por el profesor Younous Arbaoui, del Centro de Derecho sobre Migración y Refugiados de Ámsterdam. Lo ha hecho en un análisis publicado por Le Matin, rotativo vinculado a la monarquía alauí.

Según el periódico, se trata de una iniciativa que "contrasta con el endurecimiento de las políticas migratorias en otras regiones de Europa". Explica que "el uso del real decreto está previsto en la legislación española y constituye un instrumento legal que permite una acción rápida".

El diario L’Opinion destaca que la propuesta impulsada por el Ejecutivo español se sitúa entre las más abiertas del continente en materia migratoria y rompe con la tendencia predominante en otros Estados europeos, caracterizada por un mayor cierre de fronteras y un endurecimiento de los procesos de regularización.