La convocatoria electoral tiene una consecuencia inmediata en el Congreso que va mucho más allá del cambio de calendario político. Decenas de reformas que el Gobierno todavía pretendía sacar adelante ya no podrán aprobarse antes de que termine la legislatura.
La disolución de las Cortes provoca que cerca de 200 iniciativas que se encontraban en diferentes fases parlamentarias decaigan. Aquellas que el próximo Ejecutivo quiera recuperar tendrán que regresar al Parlamento y comenzar de nuevo su recorrido, con las excepciones establecidas por el procedimiento legislativo.
El adelanto deja además una fotografía incómoda para el Ejecutivo: algunas de las medidas afectadas habían sido presentadas por Pedro Sánchez como objetivos prioritarios para este mismo periodo de sesiones.
Sucede con la regulación del acceso de los menores a las redes sociales. Sánchez había defendido públicamente la necesidad de establecer los 16 años como edad mínima y había situado la reforma entre los proyectos que esperaba completar antes de terminar el año.
La educación también pierde otra de las reformas anunciadas por Moncloa. El Ejecutivo había puesto en marcha una modificación para reducir las ratios de alumnos por aula y mejorar las condiciones del profesorado. El texto había pasado por el Consejo de Ministros en abril, pero no ha conseguido completar posteriormente su recorrido por las Cortes.
El frenazo parlamentario alcanza igualmente al paquete de medidas contra la corrupción.
El frenazo parlamentario alcanza igualmente al paquete de medidas contra la corrupción
La ley orgánica de Integridad Pública concentraba una parte importante de las reformas planteadas por el Gobierno en esta materia. Entre las cuestiones incluidas figuraba la regulación de los lobbies, una materia sobre la que España había recibido recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. La legislatura termina sin que ese proyecto haya podido convertirse en ley.
Otras normas habían conseguido avanzar más.
La propuesta para castigar penalmente las denominadas terapias de conversión había alcanzado ya el Senado y estaba previsto que pudiera quedar aprobada antes de Navidad. La convocatoria electoral corta ahora ese proceso.
Algo similar ocurre con la legislación contra la violencia vicaria. Apenas unos días antes del adelanto electoral, el Congreso había permitido que continuara su tramitación después de rechazar por amplia mayoría la enmienda a la totalidad presentada por Vox.
Sanidad deja asimismo trabajo pendiente. El nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, impulsado por el departamento de Mónica García, había llegado al Congreso después de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros el pasado septiembre. La convocatoria impide que siga avanzando en esta legislatura.
No todas las iniciativas que desaparecen tenían las mismas posibilidades de prosperar. La propuesta socialista para modificar la Constitución en materia de aborto necesitaba el respaldo del PP para alcanzar la mayoría exigida, apoyo con el que no contaba.
También queda sin completar la reforma penal promovida por Sumar para eliminar determinados delitos vinculados a las injurias a la Corona y las ofensas contra los sentimientos religiosos, otra reivindicación compartida por varios socios parlamentarios del Gobierno.
El adelanto electoral cierra así el Congreso antes de que el Ejecutivo pueda completar una parte relevante de su programa legislativo. Algunas de estas medidas podrán regresar después de las elecciones, pero hacerlo dependerá ya de la composición de las nuevas Cortes y del Gobierno que salga de las urnas.
