Las urnas pueden llegar antes que algunas de las resoluciones judiciales más incómodas para el PSOE. La convocatoria electoral irrumpe cuando varias investigaciones se aproximan a momentos decisivos y abre la puerta a que determinados movimientos de los tribunales no se produzcan hasta después de las elecciones.
Las causas no se detienen. Los jueces continuarán solicitando documentación, recibiendo informes y practicando diligencias. Otra cuestión son aquellas actuaciones capaces de condicionar por completo la agenda política en plena campaña, como una imputación, una citación relevante o una resolución que afecte directamente al partido que ocupa el Gobierno.
Uno de los principales interrogantes se encuentra en la Audiencia Nacional. Allí se investigan las actuaciones atribuidas a Leire Díez y los contactos que habría mantenido para conseguir información sobre miembros de las Fuerzas de Seguridad y operadores jurídicos vinculados a investigaciones sensibles para el entorno de Pedro Sánchez.
Las causas no se detienen
El procedimiento dirigido por Santiago Pedraz deberá determinar también hasta dónde llegó la relación de esas actuaciones con el PSOE y si la formación pudo obtener algún beneficio de ellas. Ese vínculo es precisamente uno de los puntos con mayor potencial político para Ferraz.
Pero no es el único asunto abierto alrededor del partido.
El magistrado Ismael Moreno mantiene bajo secreto otra investigación relacionada con las cuentas socialistas. Su origen está conectado con documentación aparecida durante las pesquisas del caso Ábalos, entre ella justificantes de gastos relacionados con el exministro y su antiguo asesor.
De ese procedimiento podría derivarse un escenario especialmente delicado: que las pesquisas terminen alcanzando al PSOE como persona jurídica por posibles irregularidades en su financiación o por deficiencias en sus mecanismos de control económico.
A todo ello se añade Ceuta.
La investigación dirigida por María Tardón intenta reconstruir cómo actuaron las instituciones durante la entrada masiva de inmigrantes y qué información manejaban los organismos del Estado. La magistrada tiene sobre la mesa documentación de distintos departamentos y deberá estudiar también información del CNI relativa a las advertencias existentes alrededor de aquellos acontecimientos.
Dentro de esa causa aparece el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. La querella presentada por Hazte Oír solicita que sea investigado y le atribuye, entre otras cuestiones, una presunta omisión del deber de perseguir delitos. Tardón deberá decidir ahora qué recorrido concede a esas acusaciones.
La investigación todavía podría escalar políticamente si las diligencias alcanzasen a miembros del Ejecutivo. En el caso de cargos aforados, cualquier posible imputación exigiría trasladar el asunto al Tribunal Supremo mediante la correspondiente exposición razonada.
Ese tipo de decisiones adquiere una dimensión distinta cuando el país se encuentra votando. Aunque las elecciones no blindan jurídicamente ni al PSOE ni al Gobierno, los tribunales suelen extremar la cautela ante actuaciones que puedan tener una repercusión directa sobre una campaña.
El nuevo calendario político aparece, por tanto, en un momento favorable para Sánchez desde el punto de vista de los tiempos.
Sin elecciones anticipadas, diferentes procedimientos podían avanzar simultáneamente durante los próximos meses. A las investigaciones de la Audiencia Nacional y de Ceuta se añade la situación procesal de Begoña Gómez, esposa del presidente, pendiente también de nuevas decisiones judiciales.
