El abogado Víctor Soriano, representante del sindicato Manos Limpias, ha calificado como delictivos los actos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Al reconocer la difusión de información confidencial relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigar a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos. Un caso que podría tener graves repercusiones legales para el máximo representante de la Fiscalía.
El caso se centra en una nota informativa emitida por la Fiscalía en marzo de 2024. La cual detallaba un acuerdo entre la Fiscalía y Alberto González Amador, la pareja de Ayuso, en relación con un pacto para reducir su pena por fraude fiscal.
Dicha nota fue emitida como respuesta a una noticia publicada por El Mundo, que afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador. Lo que la Fiscalía desmintió con un comunicado que incluía detalles privados de los correos entre el empresario y el fiscal encargado del caso.
la Sala Segunda del Tribunal Supremo debe determinar cómo y en qué términos se aplicará la amnistía
Soriano subraya que la revelación de esta información, conocida gracias al cargo que ocupa García Ortiz, es extremadamente grave. Ya que la Fiscalía es el órgano encargado de velar por la legalidad y la protección de los derechos fundamentales. Para Manos Limpias, resulta imprescindible aclarar cómo se produjo la difusión de estos correos y quién tuvo acceso a ellos antes de su publicación.
La acusación popular ha solicitado una indagación exhaustiva de los movimientos electrónicos para determinar cómo se filtraron estos correos y cuándo llegaron a García Ortiz.
Por su parte, el Fiscal General ha decidido no apartarse del cargo mientras se investiga el caso argumentando que su actuación no constituye un delito. Ya que los datos ya habían sido divulgados en medios de comunicación antes de la emisión del comunicado oficial.
La Fiscalía, además, ha cerrado filas en torno a García Ortiz. Con su número dos, María Ángeles Sánchez-Conde, presentando un informe ante el Tribunal Supremo.
En el que se oponen a la apertura de diligencias al considerar que la nota informativa no revelaba secretos. Que la información ya era de dominio público en el momento de la difusión.
El papel del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) remitió una exposición razonada al Supremo. Señalando la existencia de indicios suficientes para investigar un posible delito de revelación de secretos.
García Ortiz se encuentra en boca de todos
La causa fue impulsada por la denuncia presentada por Manos Limpias, que alega que la información filtrada vulneró los derechos de González Amador y Ayuso. Ya que incluía detalles que solo podían haber sido conocidos por las partes implicadas en el caso judicial. La querella se basa en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el Código Penal, que establece penas de hasta cuatro años de prisión por revelación de secretos.
En este contexto, el equipo de defensa de García Ortiz se ha centrado en demostrar que la información no fue filtrada por la Fiscalía. Si no que se difundió tras ser conocida por los medios de comunicación.
Sin embargo, los acusadores consideran que la emisión del comunicado confirma la implicación de la Fiscalía en la filtración inicial. Por ello insisten en que se investigue la trazabilidad de los correos electrónicos involucrados.
La decisión del Tribunal Supremo en este caso será crucial para el futuro de García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado. Podría tener implicaciones significativas para el sistema de justicia español y su tratamiento de la privacidad en casos judiciales de alto perfil.
