El tribunal madrileño ha avalado la actuación del juez Juan Carlos Peinado. Esto, al mantener abierta la investigación contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez por una supuesta malversación. La Audiencia Provincial ha decidido no admitir los recursos presentados por ambas, tras considerar ajustada a derecho la resolución dictada en agosto.
El procedimiento se centra en determinar si Álvarez, como asesora en Moncloa, habría actuado fuera de sus atribuciones. Así, beneficiar un presunto entramado irregular vinculado a Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
La asesora de Begoña Gómez no declara en la Asamblea de Madrid
La Sección 23 de la Audiencia Provincial aprecia que los hechos atribuidos a las investigadas podrían ser constitutivos de un delito de malversación. Según los magistrados, uno de los elementos que refuerza esta hipótesis es que el puesto de asistente de la esposa del presidente del Gobierno fuera asignado a una persona del entorno personal cercano de Begoña Gómez.
El tribunal subraya que este tipo de designaciones no suele apartarse del perfil de funcionarios especializados en protocolo, algo que, según apunta, no ocurrió en este caso. En lugar de ello, el cargo fue otorgado a una persona de absoluta confianza de la esposa del presidente, lo que, a juicio de los magistrados, habría tenido como objetivo garantizar la atención prioritaria de intereses particulares, con el consiguiente menoscabo para los recursos públicos.
Begoña Gómez y su asesora en jaque
Asimismo, los jueces señalan que la supuesta dedicación permanente de Álvarez —las veinticuatro horas del día durante toda la semana— resulta desproporcionada y encaja más con la actuación de alguien cercano implicado en actividades de carácter lucrativo que con las funciones objetivas y técnicas propias de la gestión de agenda y tareas protocolarias.
Una medida desesperada
Begoña Gómez cuenta con respaldo del Gobierno, algo que todo el mundo sabía. Sin embargo, esta vez ha dado un paso más allá.
El Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, una iniciativa destinada a reforzar la transparencia dentro de la gestión pública. Según el Gobierno, la futura norma impondrá la obligación de publicar las agendas oficiales y los desplazamientos de los altos cargos y principales responsables institucionales.
En esa misma reunión, La Moncloa decidió que Begoña Gómez quedara fuera del ámbito de aplicación de dicha ley, según La Razón. El Ejecutivo ha descartado establecer una normativa que defina el papel de las parejas de los presidentes del Gobierno.
Así es. Para justificar que la esposa de Sánchez pueda hacer uso de los recursos vinculados a la Presidencia del Gobierno, el círculo más cercano del Ejecutivo ha optado por una estrategia ofensiva. Dirigida contra los anteriores jefes del Ejecutivo que precedieron al actual presidente.
