La organización inicia acciones legales para conocer los detalles de los 141 anuncios de alojamientos cuya retirada ha exigido el Ministerio de Consumo
Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha dado el primer paso legal frente a la actuación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy por la retirada de publicidad relacionada con alojamientos situados en asentamientos israelíes.
La organización ha presentado una solicitud formal de acceso a la información pública ante la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio. ACOM pretende conocer los detalles de los 141 anuncios de alojamientos turísticos que Consumo aseguró haber localizado en cinco plataformas y cuya retirada o bloqueo reclamó a finales de julio.
La asociación considera esta actuación el primer paso de su respuesta jurídica frente a lo que califica expresamente como una "deriva discriminatoria" del departamento encabezado por Bustinduy. ACOM sostiene que las medidas adoptadas contra Israel y contra quienes mantienen vínculos legítimos con el país vulneran principios como la igualdad y el Estado de Derecho. Se trata, en todo caso, de la posición defendida por la propia organización y no de una discriminación declarada judicialmente.
ACOM exige conocer los 141 anuncios señalados por Consumo
El origen del enfrentamiento se encuentra en una actuación anunciada por Consumo el pasado 29 de julio. El Ministerio afirmó haber identificado 141 anuncios en cinco plataformas de alojamiento vacacional correspondientes, según su investigación, a establecimientos situados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
Consumo remitió un primer requerimiento a las compañías para solicitar su retirada o bloqueo en España. El departamento de Bustinduy fundamenta esta medida en el artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, que considera ilícita la publicidad de bienes procedentes de determinados asentamientos israelíes y de servicios prestados en ellos.
ACOM reclama ahora conocer qué anuncios concretos han resultado afectados, las plataformas en las que aparecían, su ubicación y la documentación empleada por la Administración para determinar que correspondían a los lugares incluidos en la normativa.
También solicita los requerimientos enviados a las cinco compañías, las respuestas recibidas, los registros de geolocalización, capturas, mapas, informes y cualquier resolución administrativa existente relacionada con el procedimiento. Según ACOM, la información publicada hasta ahora por el Ministerio no permite individualizar los anuncios ni examinar los elementos utilizados para justificar cada actuación.
La organización mantiene abiertos otros frentes judiciales
La iniciativa no es la primera actuación de ACOM contra las medidas del Gobierno relacionadas con Israel. La organización ya impugnó el Real Decreto-ley 10/2025 y asegura haber acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional después de que no fuera admitido su recurso contencioso-administrativo contra la norma. Estos procedimientos, según señala la propia asociación, permanecen abiertos.
ACOM asegura que el acceso a la documentación permitirá determinar si existen fundamentos para emprender nuevas actuaciones en defensa de las personas o entidades afectadas. Por ello, la petición presentada ante Transparencia constituye todavía un paso previo para obtener información, y no una resolución judicial ni una declaración de ilegalidad contra el Ministerio.
La asociación anticipa, no obstante, que continuará utilizando las vías jurídicas disponibles. "No vamos a permitir que quede impune la conculcación de los derechos consagrados en la Constitución Española", sostiene ACOM, que acusa al departamento de Bustinduy de mantener una política discriminatoria hacia Israel.
