La Abogacía del Estado sale en defensa del Gobierno por su gestión de la DANA

La Abogacía del Estado afirma que no hubo inacción en la respuesta a la DANA y rechaza las acusaciones de la asociación Liberum. Liberum sostiene que el Gobierno no actuó con suficiente rapidez para mitigar las graves consecuencias de las inundaciones en el país.

El Tribunal Supremo ha asumido el caso tras el recurso presentado por la asociación, exigiendo más medidas frente al desastre. Liberum reclama medidas más contundentes para las zonas afectadas

La asociación solicitó la distribución de agua potable, desinfección y eliminación de agua estancada en las áreas devastadas por la DANA. Liberum califica de insuficiente la respuesta del Gobierno, exigiendo acciones inmediatas para garantizar el acceso a servicios básicos.

Según Liberum, la gestión del Ejecutivo ha sido deficiente, dejando a miles de ciudadanos desamparados tras el desastre natural. La defensa del Gobierno: "Se actuó con diligencia y recursos suficientes".

La Abogacía asegura que hasta el 19 de noviembre se desplegaron más de 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en las zonas afectadas. A ellos se sumaron 1.965 agentes de la Guardia Civil y más de 4.000 policías nacionales para labores de emergencia y rescate.

Los servicios jurídicos del Estado aseguran que las medidas reclamadas por Liberum ya han sido implementadas de manera efectiva.

Argumentos de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo

El escrito señala que el recurso de Liberum carece de fundamento, acusando a la asociación de ignorar las acciones ya realizadas. Defiende que no existe inactividad por parte del Ejecutivo, y que las medidas adoptadas respondieron a la urgencia de la situación.

Además, cuestiona la legitimidad de Liberum para presentar el recurso, al no representar directamente a los afectados por la DANA. La Abogacía critica que el Supremo acepte un caso basado en acusaciones que considera infundadas y carentes de respaldo legal.

Señalan que no corresponde al tribunal intervenir en decisiones administrativas ya ejecutadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El caso pone en tela de juicio los límites entre las competencias del Gobierno y la intervención judicial en crisis humanitarias.

La gestión de desastres naturales sigue siendo un tema polémico, exponiendo las tensiones entre sociedad civil y administración. El Gobierno defiende que actuó de manera ágil, pero las críticas reflejan el descontento de algunos sectores de la ciudadanía. Mientras tanto, el debate sobre el papel de asociaciones como Liberum en la fiscalización gubernamental sigue creciendo.