Se recibieron 15.188 llamadas entre la medianoche y las 19 horas, cifra similar a otros episodios de lluvias torrenciales como la DANA de Orihuela en 2019
El servicio de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana gestionó con eficacia las incidencias provocadas por la fuerte riada del pasado 29 de octubre, a pesar de la falta de información en tiempo real por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Durante la jornada, se recibieron 15.188 llamadas entre la medianoche y las 19 horas, cifra similar a otros episodios de lluvias torrenciales como la DANA de Orihuela en 2019.
Los avisos ciudadanos fueron fundamentales para activar los dispositivos de emergencia, ya que ni la CHJ ni las agencias estatales proporcionaban datos actualizados sobre los desbordamientos de barrancos y ríos. A partir de las 16 horas, se registró un aumento significativo de llamadas desde zonas como Chiva, donde se superaron los 400 litros por metro cuadrado, muy por encima de los 180 litros previstos por Aemet.
Los servicios de Emergencias derivaron los incidentes a los cuerpos de intervención competentes, que movilizaron los recursos necesarios para atender cada situación según los protocolos establecidos. Los más de 36.000 rescates realizados durante los días posteriores evidencian la eficacia del operativo desplegado.
La Generalitat Valenciana ha subrayado que la colaboración ciudadana resultó clave para la activación de los servicios, especialmente ante la falta de los sistemas de alerta temprana que debe implementar la CHJ. El Gobierno central no inició los trámites para la contratación de este sistema hasta tres semanas después de la riada, pese a reconocer que estos dispositivos “salvan vidas”.
La Confederación ha admitido que el caudal del barranco del Poyo aumentó súbitamente a las 17:40, pero no comunicó el desbordamiento a Emergencias hasta las 18:43, casi una hora después. Esta falta de información impidió que el CECOPI pudiera adoptar medidas preventivas a tiempo.
La Generalitat insiste en que solo puede tomar decisiones basadas en datos oficiales, y que la ausencia de alertas por parte de los organismos competentes dificultó la respuesta a la emergencia, pese a la rápida actuación de los servicios autonómicos.
