En 2008, un grupo de chavales de Soacha, un municipio muy humilde pegado a mi Bogotánatal, salió de casa detrás de una oferta de trabajo. Aparecieron muertos a más de seiscientos kilómetros, vestidos de uniforme camuflado y anotados en un informe militar como guerrilleros caídos en combate. A alguno le habían puesto las botas de caucho en el pie equivocado.
En Colombia lo llamaron falsos positivos. Yo seguí aquello de cerca y llevo más de veinticincoaños viviendo en España. Escribo esto porque aquí, en un terreno muy distinto, reconozco un mecanismo muy similar.
Allí se mataba a gente y aquí también, aunque de una manera menos directa. El daño admite una comparación y la voy a hacer. Comparo la manera en que un sistema se tuerce cuando paga por un resultado y da por buena la palabra de quien lo cobra.
Durante esos años el Ejército colombiano medía su éxito en bajas. De esa cuenta dependían permisos, condecoraciones y ascensos. El 17 de noviembre de 2005, además, el Ministerio de Defensa firmó la Directiva 029, un documento secreto que ponía precio a capturas y muertes.
A partir de ahí bastaba una frase: “era guerrillero”. Lo demás era utilería. Un uniforme, unas botas, un arma al lado del cuerpo y un informe bien redactado. La etiqueta llegaba antes que la prueba, y la prueba se confeccionaba a la medida de la etiqueta.
¿cómo se supo?. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas lo dejó escrito en sus informes anuales sobre Colombia entre 2004 y 2007, y no pasó nada. Hicieron falta unas madres que conocían bien a sus hijos y se negaron a aceptar que fueran lo que decía el informe. No fue el Estado el que decidió revisarse. Lo obligaron desde fuera. En octubre de 2008 un periodista sacó a la luz la directiva. El Gobierno destituyó a veintisiete militares, tres de ellos generales, y cambió la forma de contar los resultados. Un año después, el relator de la ONU Philip Alstonvisitó el país y señaló las recompensas como uno de los motores del crimen.
Hay un dato que lo explica mejor que cualquier adjetivo: en 2008 hubo 792 víctimas; en 2009, 122. Se tocó el incentivo y la fábrica se paró casi en seco.
La cifra oficial también tiene su historia. La Fiscalía hablaba de 2.248 casos. En febrero de 2021 la Jurisdicción Especial para la Paz cruzó sus registros con los de otras entidades y los de las organizaciones de víctimas, y contó 6.402 entre 2002 y 2008, los años de Álvaro Uribe en la presidencia. El pasado abril amplió la mirada al periodo 1990-2016 y la cuenta subió a 7.837. El fenómeno no nació con Uribe ni murió con él, pero ocho de cada diez víctimas falsas caben en aquellos siete años. Él sigue negando que se premiara a los militares por las bajas.
En España nadie discute que la violencia contra las mujeres existe, sin embargo, si hay bastantes ignorantes que discuten que exista la violencia contra los hombres. Y nadie discute que el Estado debe proteger deprisa a quien la sufre, aunque solo se proteja a las víctimas con un par de cromosomas en concreto. Lo que discuto hoy aquí es el diseño de esa herramienta.
Una denuncia pone en marcha un protocolo antes de que ningún juez haya pesado una sola prueba: detención en la mayoría de los casos, noche de calabozo, orden de alejamiento, salida de la casa y, a menudo, meses sin ver a los hijos. El Tribunal Supremo admite que la declaración de la denunciante basta para condenar si resulta creíble, verosímil y persistente. Es una doctrina para delitos que ocurren sin testigos. También es una puerta, y las puertas hay que vigilarlas.
Luego está el premio. Desde 2018 la condición de víctima se puede acreditar con un informe de los servicios sociales, sin sentencia y sin denuncia siquiera. A esa condición van unidas ayudas económicas, prioridad en vivienda y ventajas laborales. Ni un euro de esas ayudas me pareceríamal si de verdad llegara a quien lo necesita y no a chochocharlas. En lo civil, el Código impide la custodia compartida cuando uno de los padres está incurso en un proceso penal por estos delitos. Incurso, que no condenado.
No digo que se mienta en todos los casos. Digo que el sistema paga lo mismo a la que dice la verdad que a la que no, y que un sistema así acaba fabricando casos, muchísimos casos. Hombres que habían sido buenos padres, buenos hijos y buenos hermanos amanecen un día con otra biografía, resumida en una palabra. Como en aquellos falsos informes militares, desde ese momento todo lo que se escribe en el expediente tiende a darle la razón a la etiqueta.
Quien quiere cerrar esta conversación saca siempre la misma cifra. La Fiscalía lleva años repitiendo que las denuncias falsas son el cero coma cero cero y pico por ciento, y en su última Memoria apenas encuentra seis casos posibles entre las 204.342 denuncias de 2025.
El dato cuenta solo las veces en que alguien fue perseguido por denunciar en falso. Me recuerda a aquellos 2.248 casos de la Fiscalía colombiana. El número estaba igual de manipulado y la realidad era el triple.
Los datos del Consejo General del Poder Judicial dibujan un paisaje más ancho. Desde que existe la ley se han presentado más de tres millones de denuncias y menos de una de cada cuatro ha terminado en condena. En 2024 hubo 12.095 sentencias absolutorias. Detrás de cada una hay un hombre que pasó meses, a veces años, esperando a que alguien dijera que no había pruebas. En Cantabria, por citar un territorio con el dato publicado, más de la mitad de los procedimientos acabó en sobreseimiento. Y cuatro de cada cinco condenas llegan ya por conformidad, sin juicio; hace diez años eran poco más de la mitad.
Entre el 0,008% de la Fiscalía y los tres cuartos de denuncias que no acaban en condena hay un territorio enorme que nadie ha querido auditar. No sabemos cuántos inocentes hay dentro. Sabemos que nadie los está contando. Y sabemos que 2.800 hombres se están quitando la vida cada año.
En Colombia, durante años, preguntar por aquellos “falsos positivos” era ser amigo de la guerrilla. En España, preguntar por las “denuncias falsas” es ser negacionista, machista y facha. La etiqueta cambia y el efecto es idéntico: se deja de preguntar.
Es un mal negocio principalmente para las mujeres. Cada denuncia falsa ocupa un juzgado, un policía y una ayuda que hacían falta en otra casa, y gasta una credibilidad que es de todas.
Colombia no arregló aquello pidiéndoles más virtud a los soldados. Lo arregló tocando el premio y dejando que contara alguien de fuera. Esa es la lección, y España está a tiempo de aprenderla.
Vengo del futuro. El mes que viene publico un libro con ese título, donde cuento esta y otras historias que ya viví en Hispanoamérica y que empiezo a reconocer aquí. No hago profecías. He visto la película antes, con otros actores, y sé cómo termina cuando nadie se levanta de la butaca.
Estad atentos. Como esta, en mi nuevo libro, hay unas cuantas.