Y conviene detenerse aquí.
Porque estamos hablando de algo mucho más importante que unos miles de votos. Estamos hablando de quién decide quién forma parte del cuerpo electoral español y bajo qué condiciones. Estamos hablando, en definitiva, de la soberanía nacional.
El asunto tiene una dimensión jurídica que deberán resolver los tribunales. No pretendo sustituirlos. Pero tiene también una dimensión política sobre la que sí podemos y debemos opinar.
Y mi opinión es muy sencilla: detrás de toda esta operación existe una concepción profundamente instrumental de la nacionalidad española.
Primero se amplían los mecanismos para adquirirla. Después llegan las consecuencias electorales. Y finalmente nos encontramos ante un crecimiento extraordinario del censo exterior que obliga al Tribunal Supremo a intervenir cautelarmente para garantizar que las próximas elecciones se celebren con todas las garantías.
Demasiadas casualidades.
El problema del PSOE no son los votantes: son sus políticas
El PSOE lleva años contemplando cómo una parte importante de la sociedad española se aleja de sus planteamientos.
Y sería relativamente sencillo comprender por qué.
Los españoles sufren las consecuencias de las políticas económicas, fiscales, territoriales, migratorias y sociales impulsadas durante estos años. Pagan impuestos. Pagan hipotecas. Pagan alquileres. Pagan una cesta de la compra cada vez más difícil de llenar. Ven deteriorarse determinados servicios públicos y contemplan cómo el Gobierno parece preocuparse mucho más de construir relatos que de solucionar problemas.
Después llegan las elecciones.
Y los ciudadanos votan.
Ese pequeño inconveniente llamado democracia.
Porque la democracia tiene una costumbre bastante desagradable para determinados gobernantes: permite echarlos.
Cuando un ciudadano considera que un Gobierno lo ha hecho mal, puede votar a otro. Cuando considera que le han engañado, puede castigarlo electoralmente. Cuando piensa que sus condiciones de vida han empeorado, puede retirar la confianza que anteriormente había depositado en un partido.
El problema aparece cuando algunos empiezan a considerar que quizá no haya que cambiar las políticas.
Quizá haya que cambiar a los votantes.
Si el electorado no te gusta, busca otro
Esa es la cuestión política que merece ser discutida.
Durante décadas, la izquierda española convirtió determinados colectivos en auténticos caladeros electorales. Clasificó a los ciudadanos por sexo, edad, procedencia, orientación, territorio o condición social y diseñó políticas pensando permanentemente en colectivos antes que en individuos.
Todo terminó convertido en una gigantesca ingeniería electoral.
La pregunta ya no era qué necesita España.
La pregunta era otra:
¿Quién puede votarnos?
Y cuando los españoles empiezan a cansarse, siempre queda la posibilidad de ampliar el mercado.
Crear nuevos electores.
Importarlos políticamente.
Fabricarlos administrativamente.
No afirmo que cada persona que haya obtenido legítimamente la nacionalidad vaya a votar al PSOE. Sería absurdo. Cada nuevo español es libre de votar exactamente a quien quiera.
Precisamente ahí reside la democracia.
Lo que cuestiono es la intencionalidad política que, a mi juicio, puede esconderse detrás de determinadas ampliaciones extraordinarias del cuerpo electoral promovidas desde el poder.
Porque el PSOE puede imaginar que determinadas personas beneficiadas por una medida impulsada por un Gobierno socialista sentirán posteriormente cierta afinidad hacia quien facilitó su nacionalización.
Puede equivocarse.
Y probablemente se equivocará con muchos.
Pero resulta legítimo preguntarse si ese cálculo estuvo encima de la mesa.
La nacionalidad no puede ser una herramienta electoral
España no es una gestoría.
España tampoco es una tarjeta de fidelización.
Y muchísimo menos puede convertirse la nacionalidad española en una herramienta para modificar indirectamente la composición del electorado.
La nacionalidad significa pertenencia a una comunidad histórica, cultural, jurídica y política.
Concede derechos.
Pero también supone obligaciones.
Y entre esos derechos está posiblemente el más importante de todos en una democracia: decidir quién gobierna España.
Por eso el censo electoral debe estar protegido con extraordinario celo.
No puede existir la más mínima sospecha sobre su composición.
No importa quién gobierne.
PSOE, PP, Vox o cualquier otro.
Ningún Gobierno debería disponer de mecanismos administrativos capaces de alterar extraordinariamente el número de electores sin unas garantías jurídicas absolutamente impecables.
Y eso es precisamente lo relevante de la actuación del Supremo.
No ha decidido todavía definitivamente sobre el fondo de la cuestión.
Ha hecho algo mucho más prudente: detener cautelarmente determinados efectos hasta comprobar que todo se ajusta a derecho.
Exactamente para eso existen los tribunales.
Y entonces comenzaron los ataques
Como era previsible, la decisión no ha gustado a la izquierda.
Nada nuevo.
Desde hace años asistimos a una peligrosa costumbre: cuando una sentencia favorece los intereses políticos de la izquierda, la Justicia funciona; cuando una resolución los perjudica, aparecen inmediatamente los jueces reaccionarios, el lawfare, las togas conservadoras y toda la colección habitual de descalificaciones.
La independencia judicial solo parece resultar atractiva cuando produce las resoluciones adecuadas.
Pero la democracia consiste precisamente en lo contrario.
Consiste en aceptar que existen poderes que limitan al Gobierno.
Consiste en asumir que un Ejecutivo no puede hacerlo todo.
Consiste en entender que una mayoría parlamentaria no convierte cualquier decisión en legítima.
Y consiste, fundamentalmente, en proteger las reglas del juego incluso frente a quienes gobiernan.
Porque los gobiernos pasan.
España permanece.
El laboratorio electoral
Lo verdaderamente inquietante es la sensación de laboratorio.
Una enorme probeta política donde se experimenta con la sociedad española.
Si determinados colectivos dejan de votarte, buscas otros.
Si determinadas generaciones empiezan a desconfiar de ti, construyes nuevos discursos.
Si los trabajadores ya no reconocen al partido que decía representarlos, sustituyes la lucha de clases por identidades, colectivos y nuevas clientelas políticas.
Y si finalmente las matemáticas continúan sin salir, amplías el universo electoral.
Siempre bajo una causa aparentemente noble.
Siempre acompañado de grandes palabras.
Memoria.
Derechos.
Reparación.
Justicia.
Solidaridad.
Palabras magníficas que demasiadas veces terminan escondiendo operaciones políticas mucho más prosaicas.
Votos.
El PSOE debería preguntarse por qué pierde españoles
Tal vez exista una solución bastante más sencilla.
En lugar de buscar nuevos votantes, podrían intentar recuperar a los antiguos.
Preguntarse por qué millones de españoles han dejado de confiar en ellos.
Preguntarse por qué trabajadores que durante décadas votaron socialista ahora miran hacia otras opciones.
Preguntarse por qué determinados barrios populares están cambiando políticamente.
Preguntarse por qué tantos jóvenes desconfían de unas élites progresistas que les hablan permanentemente de derechos mientras les resulta imposible comprar una vivienda.
Pero eso exigiría hacer autocrítica.
Y la autocrítica nunca ha sido precisamente la especialidad del sanchismo.
Resulta mucho más sencillo cambiar el relato.
Cambiar las reglas.
Cambiar los conceptos.
Y, llegado el caso, intentar cambiar también la composición del electorado.
La democracia pertenece a los ciudadanos, no al Gobierno
Por eso considero acertada la cautela adoptada por el Tribunal Supremo.
Que se estudie cada caso.
Que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales.
Que se determine definitivamente quién debe figurar en el censo.
Y después, naturalmente, que todo español que tenga reconocido legalmente su derecho al sufragio vote con absoluta libertad.
También si decide votar al PSOE.
Eso es democracia.
Lo que no podemos aceptar es que sobre unas elecciones generales sobrevuele siquiera la sospecha de que el Gobierno que debe someterse al juicio de los ciudadanos haya podido intervenir en la composición del tribunal que va a juzgarlo: el electorado.
Porque hay una diferencia gigantesca entre convencer a nuevos votantes y fabricar nuevos votantes.
Lo primero se llama política.
Lo segundo, si alguna vez se demostrara que fue diseñado deliberadamente para perpetuarse en el poder, sería una perversión intolerable del sistema.
Durante demasiados años nos dijeron que había que cambiar España para que siguiera gobernando la izquierda.
Quizá ahora hayan llegado a una conclusión todavía más preocupante:
si los españoles dejan de votarles, habrá que buscar otros españoles.
Y precisamente para impedir que ningún Gobierno —sea del color que sea— pueda jugar con algo tan sagrado como el censo electoral existen la ley, la separación de poderes y los tribunales.
Por eso molesta tanto que todavía queden jueces dispuestos a ejercer su función.
