La opinión de Javier García Isac
Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en el que cada subida del recibo de la luz provocaba una revolución mediática. Había manifestaciones, pancartas, tertulias indignadas y políticos de izquierdas que parecían dispuestos a tomar el Palacio de Invierno porque una familia española tenía dificultades para encender la calefacción.
Lo llamaban pobreza energética.
Era una expresión perfecta. Dramática, televisiva, eficaz. Servía para abrir informativos, convocar concentraciones y responsabilizar directamente al Gobierno de turno. En 2017, el propio PSOE exigía al Ejecutivo de Mariano Rajoy actuar inmediatamente ante el incremento del precio de la electricidad y hablaba de millones de españoles que no podían encender la calefacción. Un año después, una manifestación contra la pobreza energética recorría Madrid con la participación de Podemos, Izquierda Unida y Equo, además de sindicatos y organizaciones ecologistas.
Qué tiempos aquellos.
Porque uno busca ahora a aquellos indignados y no los encuentra.
Debe de ser que la pobreza energética también entiende de ideologías.
Hoy la energía vuelve a ser un problema gravísimo para muchas familias españolas. El gas se ha encarecido de manera extraordinaria en los últimos meses y el mercado eléctrico vuelve a sufrir fuertes tensiones. En septiembre hemos conocido jornadas con precios medios mayoristas superiores a los 170 euros/MWh, mientras los mercados energéticos afrontan nuevamente una enorme incertidumbre.
Y llenemos el depósito.
En numerosos surtidores españoles la gasolina ya ha atravesado la barrera psicológica de los dos euros por litro. La última media oficial disponible citada por RTVE estaba en 1,899 euros para la gasolina y 1,881 para el diésel, pero muchas estaciones ya vendían por encima de los dos euros. En Baleares, por ejemplo, la gasolina 95 alcanzaba una media de 2,07 euros.
¿Dónde están las pancartas?
¿Dónde están las manifestaciones?
¿Dónde están aquellos dirigentes políticos que se rasgaban las vestiduras hablando de las familias que tenían que elegir entre comer o poner la calefacción?
¿Dónde están los sindicatos?
¿Dónde están los activistas?
¿Dónde están los especiales televisivos?
¿Dónde están los reportajes sobre la pobreza energética?
El silencio resulta atronador.
Y esa es precisamente la cuestión. Porque los factores internacionales existen, naturalmente. Sería absurdo negarlo. Los conflictos internacionales, la reducción de determinadas exportaciones y las tensiones en los mercados energéticos condicionan los precios. Nadie serio puede afirmar que un Gobierno controla a voluntad el precio internacional del petróleo o del gas.
Pero esa explicación vale ahora y valía antes.
Lo que no puede hacerse es utilizar las circunstancias internacionales como eximente cuando gobiernan los tuyos y responsabilizar personalmente al presidente del Gobierno cuando gobiernan los otros.
Eso tiene un nombre: hipocresía política.
Cuando gobernaba Mariano Rajoy, la subida de la electricidad era culpa del Gobierno. Así lo decía el PSOE. En una de sus propias comunicaciones oficiales llegó a afirmar que la subida de la luz era fruto del “fracaso” de la reforma eléctrica del Ejecutivo y que generaría más pobreza energética. Exigía soluciones y denunciaba que los ciudadanos pagaban las consecuencias.
No hablaban entonces de geopolítica con la comprensión que muestran ahora.
No pedían paciencia.
No decían que los mercados son complejos.
Pedían responsabilidades políticas.
Y eso es exactamente lo que debemos exigir ahora.
Gobernar consiste precisamente en actuar cuando vienen mal dadas. Para administrar un país cuando la energía es barata, la inflación inexistente, el petróleo está por los suelos y la economía internacional sopla a favor no hacen falta demasiados ministros, asesores, secretarios de Estado y coches oficiales.
Los gobiernos demuestran para qué sirven durante las crisis.
El ciudadano no puede modificar el mercado internacional del petróleo. No puede negociar el suministro de gas. No decide los impuestos que soportan los combustibles. No diseña la política energética nacional. No decide qué centrales se mantienen, cuáles se cierran ni cuál será el modelo energético de las próximas décadas.
Eso lo hacen los gobiernos.
Por eso resulta insultante que al español se le explique constantemente por qué todo lo que ocurre es culpa de alguien situado a miles de kilómetros.
Si sube la energía, la culpa es del conflicto internacional.
Si sube la gasolina, la culpa es del petróleo.
Si suben los alimentos, la culpa es de los mercados.
Si aumenta el coste de la vivienda, la culpa es de cualquiera menos de quienes llevan años gobernando.
Entonces cabe hacerse una pregunta bastante elemental: ¿para qué gobiernan?
Porque gobernar no consiste en atribuirse los éxitos y externalizar los fracasos.
La izquierda española ha desarrollado una extraordinaria capacidad para convertir cualquier problema social en un arma política cuando está en la oposición y en un fenómeno inevitable de la naturaleza cuando alcanza el poder.
La pobreza energética era intolerable cuando servía para atacar al adversario.
Ahora parece simplemente una consecuencia de la coyuntura internacional.
El precio de la gasolina era un escándalo cuando podía desgastar al Gobierno contrario.
Ahora debemos comprender las complejidades del mercado mundial.
La inflación era consecuencia de unas políticas equivocadas cuando gobernaban otros.
Ahora todo tiene una explicación exterior.
Siempre existe una guerra, una crisis, un mercado, un empresario, un especulador o una circunstancia internacional que permite que quienes gobiernan aparezcan como simples espectadores de aquello que sucede en el país que administran.
Y mientras discutimos sobre las excusas, hay una realidad mucho menos sofisticada.
La gente tiene que pagar.
Paga cuando llena el depósito.
Paga cuando llega el recibo de la electricidad.
Paga cuando compra alimentos.
Paga cuando utiliza la calefacción.
Paga el autónomo.
Paga el pequeño empresario.
Paga el transportista.
Paga el agricultor.
Paga la familia que hace números los últimos días del mes.
Y el encarecimiento de la energía no termina en la gasolinera ni en el contador eléctrico. Se traslada a prácticamente toda la economía. Transportar cuesta más. Producir cuesta más. Refrigerar cuesta más. Calentar cuesta más. Fabricar cuesta más. Y finalmente buena parte de esos costes termina llegando al consumidor.
Eso es lo verdaderamente preocupante de la carestía energética.
Pero hay algo todavía peor: acostumbrarnos.
Acostumbrarnos a pagar cantidades que hace unos años nos habrían parecido escandalosas. Acostumbrarnos a que llenar un depósito sea un pequeño acontecimiento económico familiar. Acostumbrarnos a mirar a qué hora podemos poner determinados electrodomésticos. Acostumbrarnos a aceptar que trabajar, desplazarse, calentarse o simplemente vivir sea cada vez más caro.
Y mientras tanto, aquellos que antes convocaban manifestaciones parecen haber perdido las pancartas.
Quizá estaban guardadas en algún almacén junto a los lemas contra la pobreza energética.
Conviene que no las tiren.
Porque ya sabemos cómo funciona esto.
El día que cambie el Gobierno reaparecerán milagrosamente los pobres. Volveremos a descubrir que existen familias vulnerables. Regresarán los reportajes sobre personas que no pueden pagar la calefacción. Los sindicatos recuperarán la capacidad de indignarse y algunos políticos volverán a explicarnos solemnemente que ningún ciudadano debe elegir entre comer y calentarse.
No habrá cambiado necesariamente el precio.
Habrá cambiado quien gobierna.
Ese es el gran fraude moral de una izquierda que demasiadas veces no combate los problemas, sino que los utiliza.
La pobreza no puede ser de izquierdas ni de derechas.
La factura eléctrica tampoco.
El depósito del coche no pregunta a quién votaste antes de vaciarte el bolsillo.
Y una familia que no llega a final de mes sufre exactamente igual gobierne Rajoy, Sánchez o quien venga después.
Por eso hay que exigir ahora exactamente lo mismo que ellos exigían entonces: medidas, explicaciones y responsabilidades.
Porque cuando se gobierna se gobierna también para las malas noticias.
Y porque los españoles no necesitan que el Gobierno les explique cada semana quién tiene la culpa de sus problemas.
Necesitan un Gobierno que intente solucionarlos.
Lo demás son excusas.
Y las excusas, por mucho que las repitan desde una tribuna, no pagan ni la luz, ni la compra, ni llenan el depósito.
