Juan Carlos Peinado firmó su último auto el 21 de septiembre de 2026, seis días antes de cumplir 72 años, la edad a la que la ley obliga a un juez a retirarse. Son 67 folios que abren juicio oral contra Begoña Gómez. Ojo, que digo primero su nombre, y no esposa del presidente del Gobierno, no se me vaya a enfadar el Adonis Presidencial. Por tráfico de influencias y malversación. Con ella se sentará en el banquillo Cristina Álvarez, su asistente en la Moncloa, acusada de malversación. Las juzgará un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.
Pudo jubilarse a los 65 y prefirió apurar hasta el final. El sábado, el BOE publicó su jubilación forzosa.
Nadie ha condenado a nadie. Pero la esposa de un presidente en ejercicio responderá ante un tribunal como cualquier ciudadana. Y eso se debe, en buena medida, a un juez al que el Gobierno dedicó dos años de ataques.
Peinado llegó tarde a la judicatura. Ingresó en septiembre de 1994, con 40 años, por el turno reservado a juristas de reconocida competencia, tras años de trabajo en otros ámbitos del derecho. Empezó en Arenas de San Pedro (Ávila) y pasó por Talavera de la Reina, Albacete y Getafe. En 2012 llegó al Juzgado de lo Penal número 7 de Madrid, y desde 2016 era titular del Juzgado de Instrucción 41 de Plaza de Castilla.
Fue una carrera larga y discreta, lejos de los focos. Hasta abril de 2024, pocos fuera de Plaza de Castilla conocían su nombre. Ese mes recayó en su juzgado una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez. Pedro Sánchez respondió con una carta a la ciudadanía y cinco días de reflexión sobre si debía dimitir. Desde el primer día, la Moncloa trató la causa como un ataque político.
La Fiscalía pidió el archivo desde el principio y hoy pide la absolución. Pero la Audiencia Provincial, que es quien revisa al instructor, rechazó en 2024 sus recursos y los de la defensa y le dejó seguir investigando.
El 30 de julio de 2024, Peinado tomó declaración en la Moncloa a Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa. Ese mismo día, la Abogacía del Estado se querelló contra el juez por prevaricación en nombre del presidente, y la Fiscalía apoyó investigarlo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la querella por unanimidad. Le atribuyó un carácter especulativo y recordó que Sánchez había sido citado como marido de la investigada. Es decir, los abogados del Estado se habían querellado contra un juez para defender a un marido. Uno de los magistrados sostuvo incluso que presidente y Abogacía debían haber sido multados por temeridad procesal. La querella de Begoña Gómez corrió la misma suerte.
En 2025 le tocó a Félix Bolaños, citado como testigo porque era el superior de Cristina Álvarez cuando se la contrató. El interrogatorio fue tenso y el ministro llevó sus quejas al Consejo General del Poder Judicial. En julio, la Comisión Permanente del CGPJ avaló archivarlas con los votos de los cuatro vocales conservadores y del elegido a propuesta de Sumar, Carlos Hugo Preciado.
El Supremo rechazó investigar a Bolaños, como pedía el juez, por ausencia de indicios. Pero en lo esencial, la Audiencia le dio la razón. En julio, cinco de sus magistrados confirmaron que Begoña Gómez debía ser juzgada por tráfico de influencias y malversación. Escribieron que, a efectos indiciarios, resulta perfectamente verosímil que influyera desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno. Y que la decisión de juzgarla con jurado no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho.
Ni los tribunales ni el CGPJ dieron la razón al presidente y a su ministro cuando pidieron investigar o sancionar al juez. En junio, Peinado abrió juicio oral por cuatro delitos y retiró el pasaporte a Begoña Gómez. La Audiencia, al reducir la acusación a dos, anuló aquella apertura, levantó las cautelares y ordenó repetir el trámite con nuevos escritos de las partes. Con la jubilación a la vista y el verano por medio, el margen era estrecho.
Peinado cumplió el calendario que se había marcado. Tras la audiencia preliminar con las partes, dictó el nuevo auto. Rechazó la petición de la nueva defensa de Begoña Gómez de invalidar el escrito de acusación de Hazte Oír. A Cristina Álvarez, que alegó indefensión por no haber sido citada en persona, le contestó que esa situación la había provocado ella misma al no estar a disposición del juzgado.
Pidió a Hacienda las cinco últimas declaraciones de la renta de Begoña Gómez para fijar la multa que reclama la acusación. No impuso medidas cautelares: solo exigió a las acusadas que siguieran localizables. Después se tomó tres días de permiso y el viernes volvió a Plaza de Castilla para su último día.
Dejarlo a medias habría sido más cómodo. Su sucesor habría tenido que estudiar desde cero dos años y medio de causa, y cada semana de retraso habría favorecido a quien prefiere que el juicio no llegue nunca. Ahora el asunto está donde debe estar: en la Audiencia Provincial, a la espera de fecha de juicio.
Mientras Peinado cerraba la instrucción, el ministro de Justicia seguía a lo suyo. En septiembre recurrió el archivo de sus quejas y reprochó al CGPJ no haber corregido al juez, bien por conservadurismo, bien por corporativismo. La Comisión Permanente rechazó el recurso el día 22 por cinco votos a dos.
El 25, último día de Peinado en su juzgado, se conoció otro recurso del ministro. Sostenía que la parálisis del Consejo había favorecido que la jubilación del juez se convirtiera en un factor de impunidad. Lo dice el ministro de Justicia de un juez en cuya conducta el CGPJ no vio nada sancionable. Y lo dice en una causa en la que él fue testigo y la acusada es la esposa de su jefe.
Sánchez y el resto de su banda condenaron en público el último auto y calificaron la instrucción de arbitraria e injusta, fruto de una persecución a Begoña Gómez, por ser la mujer del presidente. En 2024, al rechazar la querella de ella, el TSJM había escrito que las decisiones del juez no son ni injustas ni arbitrarias. Cuando un Gobierno condena una resolución judicial, el mensaje llega a todos los juzgados de España: investigar al poder tiene un precio.
Peinado hizo lo que se espera de un instructor: seguir los indicios y aceptar que otros tribunales revisaran cada paso. Su servicio a España ha sido demostrar que vivir en la Moncloa no exime de responder ante un juez.
Ahora hablará un jurado. Será una decisión dictada por un tribunal y no por un comunicado de la Moncloa. Si la condena, se sabrá que el juez al que tanto se atacó tenía motivos para sentarla en el banquillo. Peinado se ha ido con su trabajo hecho. El resto corresponde a nueve ciudadanos. Y si tres de ellos cedieran a un clan gitano extorsionador, ya sabemos el resultado…
