Luisfer Castañeda
Tres coches patrulla frenaron en seco frente a la puerta y ocho agentes bajaron de los vehículos. Rodearon el local con paso firme. Este despliegue policial me invitó a pensar en la captura de un comando terrorista, pero su gran objetivo era mucho más mundano: un modesto velador. El Ayuntamiento de Madrid lanzaba a sus hordas contra un pequeño negocio. Los agentes venían a por el local en busca de su sanción de turno.
Mientras mis amigos y yo apurábamos una cerveza, los policías nos ordenaron abandonar el lugar con malos modos. También expulsaron de la calle a todo cliente que fumaba en la puerta. Les obligaron a entrar en el local. Necesitaban despejar la zona por completo con un único fin: tomar una fotografía del mobiliario para castigar al propietario.
Cometí la imprudencia de preguntar el motivo del desalojo. El agente clavó en mí una mirada hostil —una actitud que en mi tierra granadina bautizamos como «mala follá»—. Ante mi interrogante, el policía optó por la intimidación. Amenazó con imponerme seiscientos euros de multa por consumo de alcohol en la calle. Yo era una simple víctima de paso; su objetivo real era amedrentar al dueño del establecimiento.
Mantuve la calma e insistí. Pregunté qué norma exacta vulneraba aquella pequeña mesa para provocar semejante acoso policial. Su respuesta, lejos de servirme de garante de legalidad, a mi juicio rozó el absurdo jurídico: argumentó que una persona ciega encontraría dificultades para caminar por la acera sin chocar. Según su versión, el velador cortaba la ruta nocturna de un invidente.
Nadie niega el deber sancionador, ni mucho menos el derecho de los invidentes a pasear cuando les plazca. Las normas obligan a todos por igual. Sin embargo, esta escena retrata una doble vara de medir de lo más hipócrita. El Ayuntamiento despliega los recursos públicos para amedrentar a la hostelería y acecha con lupa al ciudadano honrado, a la espera del más mínimo error para multar. Pruebe a dejar su coche en doble fila un par de minutos, y los agentes de movilidad estarán detrás suya prestos. La administración persigue sin piedad a quien madruga, levanta la persiana, paga sus impuestos y sostiene la economía de la capital.
En apenas un kilómetro en línea recta, la Puerta del Sol amanece otro día más secuestrada por una acampada ilegal. El Ayuntamiento de Madrid permite esa invasión en el corazón mismo de la ciudad. Quienes ensucian el centro, hunden la economía y espantan al turismo disfrutan de vía libre total. Para ellos no hay redadas. Ningún agente les amenaza con multas.
Esta cobardía frente al verdadero delincuente y bravuconería contra el autónomo, conviertenal alcalde en cómplice del caos. Su pasividad ante los antisistema destroza cualquier pretexto posible. Almeida manda ocho policías para acosar a un autónomo, pero esconde a sus escuadrones policiales ante el secuestro de la Puerta del Sol. Perdona al delincuente y machaca al ciudadano honrado.
Señor alcalde, demuestre su valor donde la ciudad sufre un asedio de verdad: libere el centro y deje en paz a quienes levantan Madrid con su sudor.
