La opinión de Javier García Isac
Hay fechas que permanecen en la memoria de un país porque significaron un antes y un después. Octubre de 2017 es una de ellas.
Han pasado nueve años y conviene volver la mirada hacia aquellos días, no para vivir permanentemente instalados en el pasado, sino para preguntarnos qué hizo España después de una de las mayores crisis constitucionales y políticas de nuestra democracia y, sobre todo, qué problemas quedaron realmente resueltos.
El 1 de octubre de 2017, el Gobierno de Carles Puigdemont llevó adelante un referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional. Aquello no apareció de la nada. Venía precedido por las llamadas leyes de desconexión aprobadas en el Parlament los días 6 y 7 de septiembre y culminaría, semanas después, con la declaración parlamentaria del 27 de octubre.
Durante aquellos días vimos imágenes que parecían imposibles pocos años antes.
Instituciones de la propia Generalitat enfrentadas abiertamente al orden constitucional; una sociedad catalana profundamente dividida; policías nacionales y guardias civiles enviados a Cataluña; los Mossos sometidos a una tensión institucional extraordinaria; movilizaciones independentistas y, al mismo tiempo, una Cataluña española que decidió salir masivamente a la calle.
Porque aquella es otra parte de la historia que no debería olvidarse.
El 8 de octubre Barcelona vivió una manifestación multitudinaria convocada por Societat Civil Catalana. La Guardia Urbana calculó unos 350.000 participantes y los organizadores hablaron de cifras muy superiores. Allí estuvieron, entre otros, Josep Borrell y Mario Vargas Llosa. Miles de ciudadanos llenaron las calles con banderas españolas, catalanas y europeas para decir algo muy sencillo: ellos también eran Cataluña. Algunos no entendimos que pintaban esas banderas de la Unión Europea, y lo cierto es que no nos equivocábamos. La justicia europea protegió a Puigdemont y sus colaboradores.
Pero aún así, recuerdo aquellos días como uno de esos momentos en los que parecía que una parte de la sociedad española había despertado. Me equivoqué, se trataba de domesticar la protesta igual que había sucedido tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Y recuerdo especialmente el 3 de octubre.
Felipe VI pronunció probablemente el discurso institucional más trascendente de su reinado. Sobre todo, ese discurso nos pareció importante porque estábamos muy faltos de cariño. Todo fue un espejismo. El Rey afirmó que determinadas autoridades catalanas habían incumplido de forma «reiterada, consciente y deliberada» la Constitución y el Estatuto, y reafirmó el compromiso de la Corona con el orden constitucional y con la unidad y permanencia de España.
Fue un discurso excepcional porque excepcional era la situación. Digo que fue un espejismo y digo bien, porque fue el mismo Rey el que más tarde firmaría los indultos a los golpistas.
Después llegó la política.
Un 155 que no resolvió el problema
El Gobierno de Mariano Rajoy aplicó finalmente el artículo 155 de la Constitución. Cesó al Govern, disolvió el Parlament y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Ahí se encuentra, a mi juicio, uno de los grandes debates pendientes sobre aquellos acontecimientos y uno de los grandes errores: si el 155 debía limitarse prácticamente a restaurar provisionalmente la legalidad institucional y convocar elecciones o si debía haberse utilizado durante más tiempo para abordar las estructuras administrativas que habían permitido llegar hasta aquel punto.
Porque unas elecciones podían cambiar un gobierno, pero difícilmente podían solucionar en unas semanas un problema construido durante décadas. Y no hubo ni una cosa ni la otra. Ni se solucionaron los problemas, ni se cambiaron las políticas.
¿Qué ocurrió con la educación? ¿Qué ocurrió con determinados medios públicos? ¿Qué ocurrió con la neutralidad institucional? ¿Qué ocurrió con los Mossos? ¿Qué ocurrió con toda la estructura política, cultural y asociativa que había acompañado al proceso separatista?
Son preguntas perfectamente legítimas.
El Estado recuperó temporalmente el control administrativo, convocó elecciones y poco después devolvió las instituciones autonómicas a la normalidad competencial.
Pero el independentismo no desapareció. No fue combatido y volvería con más fuerza que nunca, tras la cobardía del estado.
Unos fueron a prisión; Puigdemont se marchó, se fugó, se escapó, Lo dejaron escapar en el maletero de un coche.
También conviene recordar qué ocurrió con sus protagonistas.
Oriol Junqueras permaneció en España, fue encarcelado preventivamente y posteriormente juzgado. Jordi Sànchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, habían ingresado en prisión preventiva el 16 de octubre de 2017 por decisión de la Audiencia Nacional. Años después, el Tribunal Supremo condenaría a Junqueras a trece años de prisión e inhabilitación por sedición en concurso con malversación; Sànchez y Cuixart fueron condenados a nueve años por sedición.
Carles Puigdemont escogió otro camino.
Después de la aplicación del 155 abandonó España y llegó a Bélgica, desde donde comenzó una larguísima batalla judicial que todavía hoy, nueve años después, continúa abierta.
Y esta historia tiene una sorprendente actualidad.
Mientras escribo estas líneas, Puigdemont continúa sometido a una orden nacional de detención. El pasado 15 de septiembre, el magistrado Pablo Llarena volvió a rechazar la aplicación de la amnistía al delito de malversación que se le atribuye y mantuvo esa orden, aunque quedan recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional.
Nueve años después seguimos hablando judicialmente de octubre de 2017.
Ese dato debería hacernos reflexionar.
Después llegaron los indultos
La siguiente gran decisión política llegó en 2021.
El Gobierno de Pedro Sánchez concedió los indultos a nueve condenados del procés. Entre ellos estaban Junqueras, Forcadell, Bassa, Romeva, Rull, Turull, Forn, Sànchez y Cuixart. Los reales decretos fueron formalmente sancionados por Felipe VI. En el caso de Junqueras, por ejemplo, el BOE recoge expresamente la concesión de la parte pendiente de la pena privativa de libertad.
La fotografía histórica resulta llamativa.
El mismo Rey que el 3 de octubre de 2017 había pronunciado aquel extraordinario discurso en defensa del orden constitucional aparecía cuatro años después estampando su firma, por “obligación constitucional”, en los reales decretos de indulto promovidos por el Gobierno.
No corresponde al Rey decidir la política de indultos. Esa responsabilidad es del Gobierno.
Y precisamente por eso aquella secuencia simboliza perfectamente hasta qué punto había cambiado la estrategia política del Estado. Pero sí corresponde al Rey valorar cuando una ley va en contra de la unidad de España, cuyo máximo exponente y garante nos dicen que es él.
Después de los indultos vendrían la reforma del Código Penal, la desaparición del delito de sedición en su configuración anterior y finalmente la ley de amnistía.
La respuesta pasó de la aplicación del 155 y las condenas penales a una política de normalización y desjudicialización.
Sus defensores sostienen que ese camino ha reducido la tensión social e institucional en Cataluña. Sus detractores consideran, por el contrario, que ha concedido a los dirigentes independentistas mediante decisiones políticas buena parte de lo que no consiguieron en 2017.
Ese es el debate que España debería poder mantener sin falsificar lo sucedido.
¿Y qué queda de aquel octubre?
El separatismo está hoy electoralmente más dividido que entonces y el escenario político catalán ha cambiado profundamente. Pero eso no significa que haya desaparecido.
Y existe una paradoja todavía mayor.
Junts posee actualmente una representación parlamentaria nacional capaz de resultar decisiva en determinadas votaciones del Congreso. Puigdemont continúa fuera de España y, al mismo tiempo, su formación participa directamente en negociaciones que afectan a la gobernabilidad española.
Eso habría parecido ciencia ficción en octubre de 2017.
Por eso, nueve años después, mi pregunta no es únicamente qué sucedió aquel 1 de octubre.
Mi pregunta es qué aprendimos.
España consiguió impedir la independencia unilateral. Eso es un hecho.
Pero impedir un desenlace no equivale necesariamente a resolver las causas políticas e institucionales que condujeron hasta él.
La manifestación del 8 de octubre demostró además que había cientos de miles de catalanes dispuestos a salir a la calle. Borrell y Vargas Llosa domesticaron la protesta y pusieron voz aquel día a una sociedad que durante demasiado tiempo había tenido la sensación de estar sola. Y en poco tiempo, volvería a estar sola. El estado los volvería a abandonar.
Siempre he pensado que aquel movimiento ciudadano merecía algo más que convertirse en una fotografía para los libros de historia.
El denominado «espíritu de Ermua» después del asesinato de Miguel Ángel Blanco había demostrado dos décadas antes la capacidad de la sociedad española para movilizarse frente al terrorismo. Octubre de 2017 volvió a demostrar que existía una sociedad civil capaz de movilizarse en defensa de España y de la unidad nacional. Ambos movimientos serían neutralizados.
La cuestión es qué hicieron después las instituciones con aquella energía ciudadana.
Nueve años después
Octubre de 2017 debería estudiarse con serenidad, pero sin amnesia.
Deberíamos recordar el referéndum ilegal. Las leyes de desconexión. La actuación del Parlament. Las movilizaciones. La aplicación del 155. La marcha de Puigdemont. La prisión preventiva de varios dirigentes. El juicio. Las condenas. Los indultos. La reforma penal. La amnistía.
Todo.
Porque escoger solamente una parte de la historia significa deformarla.
Y quizá la conclusión más inquietante de estos nueve años sea comprobar que aquella crisis que parecía destinada a cambiar para siempre la política española terminó integrada dentro de la propia política española.
Puigdemont sigue fuera de España y con una orden nacional de detención vigente. Su partido sigue teniendo capacidad de influencia en el Congreso. Las organizaciones independentistas continúan siendo legales y viviendo de las subvenciones estatales Las competencias educativas continúan en manos de la Generalitat. Los Mossos continúan siendo la policía autonómica catalana con mandos políticos al servicio de la sedición.
España evitó en 2017 que una parte de su territorio proclamara unilateralmente su independencia efectiva.
Pero nueve años después todavía merece la pena formular una pregunta incómoda:
¿se resolvió realmente el problema o simplemente aprendimos a convivir con él?
Octubre de 2017 no pertenece únicamente al pasado.
Mientras muchas de las cuestiones que lo hicieron posible continúen formando parte de nuestro presente, recordar aquellos días seguirá siendo necesario.
Porque una democracia puede perdonar, reformar sus leyes, cambiar su estrategia política e intentar reconciliar posiciones enfrentadas.
Lo que nunca debería hacer es olvidar su propia historia.
