La opinión de Javier García Isac
Hay palabras que sirven para contar la historia y palabras que sirven para maquillarla. Una de ellas es «revolución».
Revolución suena a barricada romántica, a pueblo levantándose espontáneamente contra la opresión, a canción épica y bandera al viento. Golpe, insurrección armada o intento de conquistar el poder por la fuerza suenan bastante peor.
Por eso seguimos hablando, casi un siglo después, de la Revolución de Asturias de octubre de 1934.
Pero conviene mirar detrás del nombre.
Lo ocurrido en octubre de 1934 no surgió espontáneamente aquella madrugada porque unos mineros asturianos se despertaran indignados. Existía una preparación anterior, una estrategia revolucionaria y dirigentes socialistas implicados en ella. El propio Indalecio Prieto reconocería posteriormente su responsabilidad en aquel movimiento; Largo Caballero dejó igualmente testimonio de los preparativos e instrucciones para la insurrección. Y el episodio del Turquesa, el barco utilizado para introducir armas destinadas al movimiento revolucionario, ocurrió semanas antes del levantamiento.
Es decir: primero estuvieron los preparativos y después llegó la excusa.
Y esto es importante.
Porque la justificación política inmediata de octubre de 1934 fue la entrada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno presidido por Alejandro Lerroux. La CEDA había sido la fuerza con mayor representación parlamentaria salida de las elecciones de noviembre de 1933, y Lerroux presidía entonces un Gobierno republicano. La incorporación de ministros cedistas desencadenó la insurrección de octubre.
Se puede discutir todo lo que se quiera sobre la CEDA, sobre Gil-Robles, sobre las tensiones europeas de aquellos años o sobre los temores que despertaba entre las izquierdas españolas el ascenso de los movimientos autoritarios europeos.
Lo que resulta mucho más difícil es sostener que una democracia sólo merece ser respetada cuando produce el resultado que a uno le gusta.
Ahí está precisamente una de las grandes tragedias de la Segunda República.
La República no fue aquel cuento infantil de buenos y malos que algunos llevan décadas intentando vendernos. Fue un régimen atravesado por enormes tensiones políticas y sociales, con fuerzas que en distintos momentos estuvieron dispuestas a abandonar las reglas parlamentarias.
Y octubre de 1934 constituye uno de sus episodios fundamentales. Fue el preámbulo de la guerra civil y teniendo al PSOE como actor principal y muñidor de todo tipo de conspiraciones.
El PSOE había participado en los primeros gobiernos republicanos. Pero cuando las urnas de 1933 desplazaron el equilibrio político hacia la derecha, una parte decisiva del socialismo español abandonó la vía estrictamente parlamentaria y apostó por una estrategia revolucionaria.
Julián Besteiro lo comprendió.
Besteiro era socialista, pero se enfrentó a la deriva revolucionaria de su propio partido. Su oposición demuestra además algo que demasiadas veces se olvida: aquello no era inevitable. Dentro del propio socialismo hubo quienes advirtieron del desastre hacia el que se caminaba.
Y sucedió.
El movimiento fracasó rápidamente en buena parte de España, pero alcanzó una dimensión extraordinariamente violenta en Asturias. Allí se convirtió en una verdadera insurrección armada que durante días desafió al Estado republicano.
Paradójicamente, quienes hoy suelen presentar aquel episodio únicamente como una heroica «revolución obrera» estaban levantándose contra la República.
No contra Franco.
Franco todavía no gobernaba España.
No contra una dictadura.
No existía todavía la dictadura.
Se levantaron contra las instituciones de la Segunda República, precisamente ese régimen que posteriormente sería convertido en objeto de veneración política.
Ésa es una contradicción que merece ser recordada.
Porque durante décadas se nos ha explicado que el gran pecado de la historia contemporánea española consiste en levantarse contra un Gobierno legítimamente constituido. Pero cuando quienes se levantaron fueron determinadas organizaciones de izquierda en 1934, el lenguaje cambia milagrosamente.
Entonces ya no hablamos de insurrección o de golpe de estado.
Hablamos de revolución.
No hablamos de armas preparadas previamente.
Hablamos de reacción popular.
No hablamos de dirigentes políticos intentando alterar por la fuerza el resultado producido por las urnas.
Hablamos de defensa de la República.
Las palabras nunca son inocentes cuando se pretende controlar el pasado.
Y hay un dato especialmente incómodo: algunos de sus protagonistas reconocieron después su propia responsabilidad. Indalecio Prieto llegó a asumir públicamente su participación en el movimiento. Largo Caballero dejó constancia de la existencia de instrucciones para preparar la acción revolucionaria.
No hace falta inventarles declaraciones.
Basta con leerlos.
Por eso me resulta particularmente llamativo que casi un siglo después haya quien pretenda convertir octubre de 1934 en una página gloriosa.
No debería serlo para nadie.
Ni para la izquierda ni para la derecha.
Una democracia empieza a morir cuando los partidos deciden que las urnas son vinculantes únicamente cuando las ganan ellos.
Y aquí es donde la historia deja de ser una fotografía amarillenta y empieza a interpelarnos.
Sería históricamente absurdo afirmar que la España de 2026 es la España de 1934. No lo es. Pedro Sánchez no es Largo Caballero, aunque lo reivindique más veces de las deseables, y las circunstancias institucionales, sociales e internacionales son radicalmente distintas.
Precisamente por eso las comparaciones deben hacerse sobre comportamientos políticos concretos y no convertirlas en equivalencias históricas.
Pero sí existe una pregunta que atraviesa las épocas: ¿cómo se comporta un gobernante o un partido cuando siente que puede perder el poder?
Pedro Sánchez ha reiterado que las elecciones generales serán en 2027 y recientemente ha manifestado que su ambición es culminar la legislatura. Eso es lo que ha dicho públicamente y eso es lo que debe consignarse.
La crítica política puede hacerse, por tanto, sin falsificar ese dato.
Se puede discutir si debería adelantar las elecciones, si dispone de suficiente estabilidad parlamentaria, si determinadas causas judiciales que afectan a personas de su entorno o a antiguos dirigentes socialistas condicionan el clima político, o si el Gobierno está prolongando una legislatura que todos menos él considera agotada. Pero la decisión constitucional de convocar elecciones corresponde al presidente dentro de los márgenes establecidos. También es legítimo preguntarse sobre si está alargando deliberadamente la legislatura para seguir fabricando nuevos españoles mediante la mal llamada ley de nietos o regularizaciones masivas.
Lo cierto es que lo inquietante de 1934 pertenece a otra dimensión histórica: fue el momento en que sectores políticos relevantes dejaron de considerar suficiente la vía parlamentaria. Sánchez también nos dejó un mensaje preocupante cuando afirmó con rotundidad que no era el momento de un gobierno PP/VOX como así indican las encuestas de intención de voto.
Y ésa es precisamente la lección que deberíamos conservar.
Porque octubre de 1934 debería enseñarnos algo mucho más importante que una batalla partidista sobre el pasado: ninguna ideología tiene derecho a apropiarse de la democracia, de la libertad y mucho menos poner en duda la propia existencia de España y su unidad.
Ni siquiera quienes se autoproclaman demócratas todos los días.
Especialmente ellos deberían saberlo.
El PSOE actual reivindica orgullosamente sus más de 140 años de historia. Está en su derecho. Pero reivindicar una historia significa asumirla completa, no seleccionar únicamente las fotografías convenientes.
En esa historia están Pablo Iglesias Posse, Besteiro, Largo Caballero, Prieto, los gobiernos de la República, el pucherazo de 1936, la guerra, el exilio, Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez.
Y también está octubre de 1934.
No desaparece porque resulte incómodo.
No puede borrarse con una ley.
No puede cambiarse sustituyendo unas palabras por otras.
Podemos llamarlo revolución, insurrección, movimiento revolucionario o intento de tomar el poder por la fuerza. Los historiadores seguirán debatiendo sobre la caracterización exacta y sobre las responsabilidades de cada organización.
Pero los hechos fundamentales permanecen.
Hubo preparación.
Hubo armas.
Hubo una estrategia insurreccional.
Hubo dirigentes socialistas implicados.
Y hubo un levantamiento contra el Gobierno de la República.
Eso también forma parte de la historia del PSOE.
Quizá por eso merece la pena recordarlo cada 5 de octubre.
No para utilizar los muertos de hace casi un siglo como munición política del presente, sino para combatir una tentación mucho más peligrosa: fabricar un pasado en el que los nuestros siempre fueron demócratas y los otros siempre fueron golpistas.
La historia española es bastante más incómoda.
En octubre de 1934, una parte de quienes habían participado en la construcción de la República decidió enfrentarse por las armas al orden republicano cuando la evolución política dejó de favorecerles.
Y ninguna cantidad de romanticismo puede cambiar ese hecho.
Pueden llamarlo revolución.
La palabra es más bonita.
La historia, desgraciadamente, lo fue bastante menos.
