La opinión de Javier García Isac
Hay frases que resumen una época. Frases que, escuchadas fuera de contexto, podrían parecer una broma macabra, una ocurrencia de Berlanga o uno de aquellos episodios del caciquismo electoral que creíamos enterrados para siempre.
«El de tu tía, la que se murió».
No hablamos de una novela. No hablamos de 1936. Hablamos de un audio publicado por OKDIARIO y atribuido a Lorena Suárez, quien fuera secretaria general del PSOE en Argentina, durante una conversación relacionada con la movilización del voto exterior para las elecciones generales de 2023. La información periodística sostiene que Suárez pedía fotocopias de pasaportes y llegaba a mencionar el documento de una persona fallecida. Fueron, según esa misma información, militantes del propio PSOE quienes denunciaron posteriormente esas prácticas ante el Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires.
Que sean los propios socialistas quienes se escandalicen debería bastar para comprender la gravedad política del asunto.
Y ahora muchas piezas comienzan, cuando menos, a reclamar una explicación.
Porque llevamos demasiado tiempo asistiendo a reformas del sistema electoral, modificaciones del voto exterior, ampliaciones extraordinarias del acceso a la nacionalidad y un crecimiento considerable del censo de españoles residentes fuera de nuestras fronteras. La llamada Ley de Nietos, integrada en la Ley de Memoria Democrática, ha ampliado enormemente las posibilidades de adquisición de la nacionalidad para descendientes de españoles. El censo CERA ha pasado de unos 2,33 millones de electores en 2023 a más de 2,7 millones en mayo de 2026.
Tener nacionalidad española significa tener derechos políticos. Eso es evidente. Lo que resulta legítimo preguntarse es si las reglas, controles y garantías del voto exterior están preparados para semejante transformación del cuerpo electoral.
Y esa pregunta se vuelve todavía más necesaria cuando aparece un audio como éste.
El Tribunal Supremo ha intervenido cautelarmente en la controversia relacionada con la aplicación de la denominada Ley de Nietos y el censo electoral. El Gobierno ha recurrido y sostiene que la decisión afecta injustificadamente al derecho de sufragio de cientos de miles de ciudadanos. Estamos, por tanto, ante una controversia judicial todavía abierta y no ante una sentencia definitiva que haya declarado fraudulenta la ley.
Pero una cosa es la legalidad formal de una norma y otra muy diferente las responsabilidades políticas que pueden derivarse de su utilización.
Porque el problema no consiste en sospechar de cientos de miles de españoles residentes en Argentina, Venezuela, México o cualquier otro país. Sería profundamente injusto. El problema consiste en exigir al partido que gobierna España que explique hasta el último extremo cualquier indicio de utilización partidista de los mecanismos del voto exterior.
Especialmente cuando llueve sobre mojado.
Y entonces aparece otro nombre: Leire Díez.
La conocida como fontanera socialista trabajó en Correos entre noviembre de 2021 y 2024 y llegó a ocupar responsabilidades directivas. Ella misma escribió posteriormente que durante las elecciones generales de 2023 había estado trabajando «mano a mano» con el equipo de Correos. Es necesario señalar también que Correos ha negado expresamente que Díez fuese responsable del voto por correo y asegura que esas competencias correspondían a la Dirección de Operaciones.
Perfecto.
Precisamente por eso necesitamos transparencia absoluta.
Porque Díez no es hoy simplemente una antigua directiva de Correos. Es una mujer situada en el centro de una investigación judicial que trata de determinar si existió una estructura destinada a obtener información y actuar frente a investigaciones policiales y judiciales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. El juez Santiago Pedraz investiga pagos y encargos vinculados a Díez y Santos Cerdán; la gerente socialista Ana María Fuentes declaró que el entonces secretario de Organización tenía amplias facultades para contratar determinados servicios.
Por eso las preguntas son inevitables.
¿Qué hacía exactamente Leire Díez en Correos durante aquellos procesos electorales? ¿Qué competencias reales tenía? ¿Qué contactos mantenía? ¿Qué significaba exactamente cuando presumía posteriormente de haber trabajado «mano a mano» durante las elecciones?
Preguntar no es acusar.
Pero impedir que se pregunte sería todavía peor.
Y llegamos inevitablemente a la historia.
Porque España conoce perfectamente lo peligroso que resulta permitir que las sospechas sobre un proceso electoral permanezcan sin aclarar. Las elecciones de febrero de 1936 continúan siendo objeto de un intenso debate historiográfico. Los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han documentado irregularidades, episodios de fraude y violencia durante aquel proceso y, especialmente, durante determinadas fases del escrutinio. Sus conclusiones han generado también controversia académica. Pero por mucha controversia, las pruebas aportadas son irrefutables. El PSOE perpetró un pucherazo en las elecciones de febrero de 1936. Nada que venga del PSOE debería sorprendernos.
No hace falta convertir 1936 en 2026 para aprender una lección elemental de nuestra historia: la limpieza electoral debe estar por encima de cualquier sospecha.
Una democracia no solamente tiene que ser limpia.
Tiene que poder demostrar que lo es.
Y precisamente por eso resulta tan demoledor escuchar a una dirigente socialista en Argentina hablar, según el audio publicado, de conseguir fotocopias de pasaportes, organizar un «circuito de compañeros» para buscar votos y mencionar incluso el pasaporte «de tu tía, la que se murió».
Aquí no cabe mirar hacia otro lado.
No significa que pueda afirmarse que las elecciones generales de 2023 fueron fraudulentas. Esa conclusión necesitaría pruebas que actualmente no están acreditadas. Significa algo políticamente suficientemente grave: existen acusaciones concretas sobre prácticas presuntamente fraudulentas que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias. Insisto, todo en el PSOE es posible.
Porque cuando aparecen los muertos en una conversación sobre votos, lo mínimo que puede exigir una democracia son explicaciones.
Y cuando alrededor del mismo partido aparecen investigaciones sobre fontaneros, encargos, pagos, estructuras paralelas y personas colocadas en empresas públicas, la respuesta no puede consistir simplemente en repetir que todo es un bulo.
Hay que abrir las ventanas.
Hay que enseñar los documentos.
Hay que revisar los procedimientos.
Hay que garantizar la trazabilidad del voto exterior.
Y hay que investigar quién hizo qué.
Durante décadas el PSOE ha construido alrededor de sí mismo una especie de superioridad moral democrática. Como si democracia y socialismo fueran conceptos inseparables y cualquiera que cuestionase sus procedimientos estuviera cuestionando automáticamente la democracia.
Es exactamente al revés.
Precisamente porque creemos en la democracia debemos desconfiar del poder.
De cualquier poder.
Y especialmente de quien controla simultáneamente el Gobierno, enormes resortes administrativos y buena parte de las empresas públicas implicadas en procesos esenciales del Estado.
La Ley de Nietos merece ahora un escrutinio político y jurídico mucho más profundo. No porque los “nuevos” españoles sean sospechosos —no lo son—, sino porque el Estado tiene la obligación de garantizar que cada nacionalidad se concede conforme a Derecho y que detrás de cada voto existe un elector vivo, identificado y ejerciendo personalmente su derecho.
No parece una exigencia revolucionaria.
Es simplemente democracia.
Quizá por eso ese audio resulta tan inquietante.
Porque después de escuchar «el de tu tía, la que se murió», uno comprende que la cuestión ya no consiste únicamente en discutir cuántos españoles nuevos incorpora una ley al censo.
La cuestión es mucho más sencilla.
Y mucho más grave.
¿Quién controla a quienes controlan el voto? Sobre todo, conocer las prisas del PSOE en poner esto en marcha. Y lo más importante, ¿Personas que no residen en España, ni tienen ningún interés en residir aquí, pueden decidir las políticas que ellos no van a sufrir?
España merece conocer la respuesta.
Y los españoles, vivan en Madrid, Buenos Aires o cualquier rincón del mundo, merecen tener la certeza absoluta de que en unas elecciones solamente votan los vivos.
Y solamente una vez.
