Hay imágenes que explican por sí solas el estado de descomposición de una determinada izquierda española. Hace un par de semanas, la Puerta del Sol ha vuelto a llenarse de tiendas de campaña. Quince años después del 15-M, centenares de personas han pasado la noche en el corazón de Madrid reclamando soluciones al problema de la vivienda, después de una manifestación convocada tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba más de siete décadas viviendo en el mismo piso. El Sindicato de Inquilinas ha resumido su protesta con una amenaza política muy concreta: «O cae el rentismo, o cae el Gobierno».
La escena pretende inevitablemente recordar al 15-M. Tiendas, sacos de dormir, asambleas, consignas y la Puerta del Sol convertida otra vez en escenario político. Incluso algunos medios hablan abiertamente del regreso de aquella imagen de 2011.
Pero existe una pequeña diferencia.
En 2011 quienes acampaban podían presentarse como personas ajenas al poder. Hoy una parte de ese espacio político lleva años instalada en él.
Y ahí comienza la gran contradicción.
Porque Podemos no nació ayer. Porque Unidas Podemos formó parte del Gobierno de España desde enero de 2020. Porque después llegó Sumar, que continúa formando parte del Ejecutivo de coalición con el PSOE desde 2023. Yolanda Díaz sigue siendo vicepresidente y el Gobierno actual nació expresamente como una coalición PSOE-Sumar.
Por tanto, antes de volver a colocar las tiendas de campaña quizá habría que colocar sobre la mesa las actas de los Consejos de Ministros.
Han gobernado.
Han tenido ministerios.
Han tenido vicepresidencias.
Han dispuesto de presupuestos públicos.
Han aprobado leyes.
Han participado en las decisiones del Gobierno.
Y, concretamente en materia de vivienda, Unidas Podemos participó en la elaboración de la Ley por el Derecho a la Vivienda. En febrero de 2022 comparecía la entonces ministra Ione Belarra junto a otros miembros del Gobierno para presentar una norma que el propio Ejecutivo calificaba de histórica y destinada a abordar el problema de la vivienda. La ley terminó aprobándose en 2023 y continúa formando parte del ordenamiento jurídico español.
Entonces, ¿contra quién protestan ahora?
¿Contra sí mismos?
¿Contra las políticas que ellos mismos respaldaron?
¿Contra un Gobierno del que Sumar continúa formando parte?
Resulta fascinante la capacidad de determinada izquierda para ser simultáneamente Gobierno y oposición al Gobierno; responsable de las políticas públicas y víctima de sus consecuencias; ocupante del Consejo de Ministros por la mañana e indignada antisistema por la tarde.
Cuando la moqueta electoral empieza a escaparse bajo los pies, siempre queda recuperar la tienda de campaña.
Y ahora tenemos a Maricarmen.
Su situación merece respeto. Una mujer de 87 años, con discapacidad, fue finalmente desahuciada el pasado miércoles 23 de septiembre, de la vivienda en la que había residido durante más de 70 años. Su caso había movilizado a vecinos y activistas y se había convertido ya en símbolo de la crisis de la vivienda.
Precisamente por eso me parece especialmente criticable su utilización política.
Maricarmen merece una solución, no convertirse en una pancarta.
Merece humanidad, no merchandising ideológico.
Merece que las administraciones responsables expliquen qué hicieron, qué dejaron de hacer y por qué una persona de 87 años llegó a semejante situación.
Pero ahora parece que algunos han descubierto la vivienda gracias a Maricarmen.
¿Dónde estuvieron todos estos años?
Porque la vivienda no se convirtió en un problema estas últimas semanas.
Los jóvenes españoles llevan años encontrándose con alquileres difícilmente asumibles. Muchas familias dedican una parte enorme de sus ingresos a pagar una vivienda. Comprar una casa se ha convertido para demasiados jóvenes en una aspiración cada vez más lejana.
Y durante esos años la izquierda alternativa no estaba perseguida por el sistema.
Estaba sentada en el Consejo de Ministros.
Esa es la parte de la historia que no cabe en una pancarta.
También resulta inevitable recordar a Pablo Iglesias e Irene Montero. No porque exista nada ilegítimo en adquirir una vivienda con el dinero de uno, sino precisamente porque su conocida compra de una vivienda en Galapagar demostró algo elemental: cuando llega el momento de organizar la propia vida, incluso quienes construyeron parte de su discurso político contra determinadas formas de propiedad descubren rápidamente las ventajas de tener una casa propia.
Y están en su derecho.
Como cualquier español.
Lo que resulta bastante más difícil de aceptar es la superioridad moral posterior.
Porque aquí el problema no es que Pablo Iglesias e Irene Montero compraran una vivienda. El problema es pretender seguir impartiendo lecciones sobre cómo deben vivir los demás después de haber disfrutado de años de poder político sin solucionar aquello que ahora vuelve a presentarse como una emergencia recién descubierta.
La vivienda no necesita más épica revolucionaria.
Necesita viviendas.
Necesita suelo.
Necesita seguridad jurídica.
Necesita oferta.
Necesita políticas públicas eficaces.
Y necesita que quienes llevan años gobernando asuman también su parte de responsabilidad, en vez de regresar a Sol disfrazados de recién llegados.
Hay además otra cuestión que merece atención: la respuesta institucional ante la acampada.
EFE informa de que centenares de personas han permanecido en Sol, con alrededor de un centenar de tiendas, «en un clima de tranquilidad y sin incidencias reportadas». RTVE ofrece una descripción semejante.
Perfecto.
Toda protesta pacífica merece poder desarrollarse dentro de la ley.
Pero precisamente por eso la Delegación del Gobierno debe aplicar siempre el mismo criterio, con independencia de quién se manifieste.
No puede existir una vara de medir para las protestas políticamente simpáticas al Gobierno y otra para quienes protestan contra él. La libertad de manifestación no puede depender del color de la pancarta. Si una acampada puede permanecer en Sol mientras se desarrolla pacíficamente, ese principio de proporcionalidad debe servir también para cualquier otra movilización legal y pacífica, sea de izquierdas, de derechas o de ninguna de las dos.
Eso se llama igualdad ante la ley.
Y es precisamente ahí donde muchos españoles perciben una doble vara de medir que el Gobierno debería esforzarse en despejar con hechos.
Pero quizá haya algo todavía más interesante detrás de estas tiendas.
Mi impresión es que estamos asistiendo al ensayo general de lo que puede venir después.
La izquierda situada a la izquierda del PSOE sabe que atraviesa una crisis profunda de identidad. Podemos perdió su posición central, Sumar nació entre divisiones y ese espacio político busca desesperadamente recuperar una calle que durante años cambió por despachos, asesores, coches oficiales y ministerios.
Y cuando el poder se aleja, reaparece misteriosamente la revolución.
Es un clásico.
Primero se asalta el cielo.
Después se entra en el Gobierno.
Más tarde se disfruta del poder.
Y cuando las urnas amenazan con devolver a cada uno a su casa, se vuelve a montar la tienda de campaña.
Sol puede convertirse así en el laboratorio de una nueva estrategia: recuperar la movilización social para intentar reconstruir desde la calle lo que se ha ido deshaciendo institucionalmente.
El problema es que resulta difícil volver a interpretar al indignado cuando uno acaba de salir del Consejo de Ministros.
No se puede borrar la hemeroteca.
No se pueden borrar los años de gobierno.
No se puede borrar la Ley de Vivienda que aquella coalición presentó como histórica.
Y tampoco se puede fingir que la crisis habitacional apareció anteayer.
La propia Moncloa afirmaba en 2022 que aquella ley debía hacer efectivo el derecho a la vivienda, proteger a los vulnerables y evitar la especulación. Cuatro años después tenemos nuevamente tiendas de campaña en Sol reclamando soluciones.
Algo habrá que explicar.
Maricarmen no debería servir para blanquear ningún fracaso político. Su drama es suficientemente serio como para no necesitar figurantes.
Que se proteja a las personas vulnerables.
Que se facilite la construcción.
Que aumente la oferta.
Que los jóvenes puedan emanciparse.
Que se busquen soluciones reales.
Y que cada administración responda por sus competencias y por sus errores.
Pero que quienes llevan años participando del poder no pretendan presentarse ahora como si acabaran de bajar de un autobús procedente del 15-M.
Porque el 15-M podía gritar contra quienes gobernaban.
La izquierda que hoy intenta recuperar aquella estética tiene un pequeño problema: ellos también han gobernado.
Y algunos todavía gobiernan.
Por eso, cuando contemplo nuevamente las tiendas de campaña en la Puerta del Sol, no veo el nacimiento de una revolución. Veo algo mucho más prosaico: una izquierda buscando desesperadamente recuperar en la calle la legitimidad que teme perder en las urnas.
Han pasado de la plaza al ministerio.
Del ministerio a la división.
Y ahora pretenden regresar a la plaza como si nada hubiera ocurrido entre medias.
Quince años después quieren resucitar el 15-M.
Pero hay resurrecciones imposibles.
Porque esta vez ya conocemos el final de la película.
De la tienda de campaña pasaron a la moqueta. Y ahora, cuando temen perder la moqueta, vuelven corriendo a buscar la tienda de campaña.
