No deja de sorprenderme que un Gobierno con tantos frentes políticos abiertos siga creyendo que el principal problema de España es una inscripción en una catedral
Hay gobiernos que dedican sus energías a mejorar la vida de los ciudadanos. Otros parecen obsesionados con reescribir el pasado. El Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a demostrar cuáles son sus prioridades. Mientras los españoles sufren una presión fiscal asfixiante, una vivienda inalcanzable, una inmigración ilegal descontrolada, una deuda pública disparada y una sucesión interminable de escándalos políticos, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el masón Ángel Víctor Torres, anuncia la retirada de nuevos vestigios históricos en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, en lugar de estar preocupado por su futuro judicial y su “supuesta” relacion con la trama hidrocarburos.
No deja de sorprenderme que un Gobierno con tantos frentes políticos abiertos siga creyendo que el principal problema de España es una inscripción en una catedral, un monumento levantado hace décadas o el recuerdo de personajes y episodios de nuestra Historia. Es la demostración de que la llamada "memoria democrática" no pretende conocer la Historia, sino administrarla desde el poder. Y en esta época, utilizarla como cortina de humo ante sus múltiples problemas judiciales y de corrupción que asolan al PSOE, al gobierno y al entorno del presidente.
Entre los elementos cuya retirada se ha ordenado figuran referencias a José Antonio Primo de Rivera en las catedrales de Murcia y Almería y el monumento dedicado a los voluntarios rumanos caídos en Majadahonda, además del conocido Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife. El Ministerio sostiene que constituyen elementos de exaltación incompatibles con la Ley de Memoria Democrática.
Cada ciudadano es libre de tener la opinión que considere sobre José Antonio Primo de Rivera, sobre la Guerra Civil o sobre cualquier episodio de nuestro pasado. Lo que resulta preocupante es que sea el Gobierno quien decida qué parte de la Historia puede permanecer visible y cuál debe desaparecer del espacio público. Sobre todo que lo decida el PSOE, el partido que asesinó a José Antonio cuando lo tenía encarcelado y el mayor responsable de provocar la Guerra Civil española.
Porque retirar monumentos no cambia la Historia. Derribar inscripciones no modifica los hechos. Eliminar símbolos no hace desaparecer el pasado. Lo único que consigue es empobrecer nuestro patrimonio histórico y convertir la memoria en un instrumento político al servicio del Gobierno de turno. Y porque retirar un monumento, una inscripción o en recuerdo, no es solo retirar un monumento, una inscripción o eliminar un recuerdo. Es algo mucho más grave. Es manipular la historia y borrar todo vestigio, toda huella que recuerde los crímenes del PSOE.
Especialmente llamativo resulta el caso del monumento dedicado a los voluntarios rumanos. Para unos representarán una determinada visión histórica; para otros simbolizarán la lucha contra el comunismo. Pero una democracia madura debería ser capaz de contextualizar el pasado, no de hacerlo desaparecer a golpe de decreto. Eso solo pasa cuando de lo que se trata de de manipularlo todo, e intentar hacernos creer que las víctimas eran los verdugos, mientras que los verdaderos verdugos son tratados como víctimas.
Da la sensación de que el PSOE necesita enemigos del pasado porque le resulta mucho más incómodo enfrentarse a los problemas del presente. Es más sencillo ordenar retirar una lápida que explicar por qué España continúa inmersa en una crisis institucional permanente o responder a las críticas políticas que afectan al Ejecutivo.
Una democracia segura de sí misma no teme a la Historia. La estudia, la debate y la contextualiza. Los regímenes inseguros, por el contrario, acostumbran a controlar el relato, seleccionar qué puede recordarse y qué debe olvidarse.
Por eso me preocupa profundamente esta deriva. Hoy se retira una inscripción. Mañana será una estatua. Después un monumento. Más tarde un nombre de una calle. Y finalmente serán los libros, las investigaciones o cualquier interpretación que no coincida con la versión oficial.
No comparto esa manera de entender la memoria. La Historia pertenece a todos, no al Gobierno de turno. Puede gustarnos o disgustarnos. Puede generar orgullo o vergüenza. Pero sigue siendo nuestra Historia.
Cuando un poder político comienza a decidir qué recuerdos son aceptables y cuáles deben desaparecer, deja de practicar la memoria y empieza a imponer el olvido.
Y eso, nunca fortalece a una nación, la debilita. El PSOE es hoy, los talibanes de Europa. Tenemos la obligación de no permitirlo y poner a cada uno en su sitio, y el PSOE no está legitimado para seguir manipulando y tergiversando nuestra historia, no puede seguir humillando a nuestros héroes, después de haberlos asesinado hace 90 años.
