La opinión de Javier García Isac
Hay huelgas contra un Gobierno. Hay huelgas contra una reforma laboral. Hay huelgas contra unos presupuestos, contra una política económica o contra unas medidas concretas que perjudican a los trabajadores. Y luego está la genialidad que se nos anuncia ahora: una huelga general en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre.
La primera pregunta es bastante sencilla:
¿Una huelga general contra quién?
¿Contra la Diputación Permanente?
Porque, si las elecciones están convocadas y las Cortes disueltas, resulta difícil entender qué pretende conseguir exactamente una huelga general en ese momento. Salvo, naturalmente, que su verdadera finalidad no sea laboral sino política.
Y ahí empieza a entenderse todo.
Después de años contemplando cómo se encarecía la vivienda, cómo comprar una casa se convertía en una quimera para millones de jóvenes, cómo subían los alimentos, la energía y buena parte de los gastos cotidianos, algunos descubren repentinamente que España tiene un problema social.
¡Qué casualidad!
Lo descubren precisamente cuando existe la posibilidad de que cambie el Gobierno.
Durante años han tenido tiempo.
Tiempo para protestar.
Tiempo para movilizarse.
Tiempo para llenar las calles.
Tiempo para denunciar que una generación entera tiene enormes dificultades para emanciparse.
Tiempo para preguntar por qué un trabajador con un sueldo normal necesita dedicar una parte cada vez mayor de sus ingresos simplemente a pagar un alquiler.
Pero no.
Ahora.
Ahora llega la indignación.
Ahora aparece la épica sindical.
Ahora recuperamos las pancartas.
Ahora desempolvamos el megáfono.
Ahora algunos parecen haber descubierto al trabajador español, ese extraño ser mitológico al que determinados sindicatos recuerdan principalmente cuando hay que convocarlo a una manifestación.
Y por eso conviene formular una segunda pregunta: ¿dónde estaban hasta ahora?
Porque una organización sindical independiente del poder debe resultar incómoda gobierne quien gobierne. Esa debería ser precisamente su grandeza. Defender al trabajador frente al Gobierno cuando gobierna la izquierda y frente al Gobierno cuando gobierna la derecha.
El problema aparece cuando la movilización parece depender del color político de quien ocupa La Moncloa.
Entonces deja de parecer sindicalismo y empieza a parecer militancia.
Los sindicatos de la alfombra roja
Durante demasiado tiempo una parte del sindicalismo español ha transmitido la sensación de haberse convertido en una prolongación del ecosistema político de la izquierda.
Mientras Pedro Sánchez necesitaba estabilidad social, la calle permanecía extraordinariamente tranquila.
Había problemas, por supuesto.
Había inflación.
Había dificultades para acceder a una vivienda.
Había jóvenes incapaces de independizarse.
Había autónomos asfixiados.
Había familias haciendo cuentas en el supermercado.
Había trabajadores viendo cómo su salario nominal aumentaba mientras su capacidad adquisitiva no necesariamente hacía lo mismo.
Pero faltaba esa pasión revolucionaria que algunos recuperan cuando huelen elecciones.
El sindicalismo de clase parece haber sustituido demasiadas veces la vieja lucha por el trabajador por una agenda ideológica mucho más amplia.
Palestina, causas internacionales, inmigración, campañas identitarias y toda clase de asuntos han merecido una atención formidable.
Pero el trabajador que madruga en Fuenlabrada, en Getafe, en Móstoles, en Valladolid, en Sevilla o en Zaragoza quizá se haga una pregunta mucho más elemental:
¿Y de lo mío, cuándo hablamos?
De mi nómina.
De mi alquiler.
De la hipoteca.
De lo que cuesta llenar el depósito.
De la cesta de la compra.
De los impuestos.
De que mi hijo tenga treinta años y siga viviendo conmigo porque no puede pagar un piso.
Eso también es justicia social.
Probablemente sea la justicia social más inmediata de todas.
El Sindicato de Inquilinas descubre la vivienda
Algo parecido sucede con el activismo de la vivienda.
Después de años de políticas intervencionistas, anuncios grandilocuentes, leyes, regulaciones y promesas de miles y miles de viviendas, seguimos teniendo un gravísimo problema de acceso a la vivienda.
Y ahora aparece la amenaza de una gran movilización.
Magnífico.
Pero nuevamente surge la pregunta incómoda:
¿Por qué ahora?
¿Por qué precisamente cuando se acercan unas elecciones?
¿Por qué la intensidad de la protesta aumenta cuando existe la posibilidad de una alternancia política?
Porque resulta difícil no sospechar que detrás de determinadas movilizaciones existe también un intento de reconstruir una izquierda social que electoralmente atraviesa enormes dificultades.
Es el viejo sueño de resucitar el espíritu del 15-M.
Volver a las plazas.
Volver a las pancartas.
Volver a fabricar una imagen de rebelión popular.
Con una pequeña diferencia: algunos de los espacios políticos surgidos de aquellas protestas terminaron llegando al Gobierno.
Y cuando llegaron al Gobierno comprobaron que gobernar era bastante más complicado que levantar una tienda de campaña.
La vivienda no se arregló.
Los jóvenes no pudieron emanciparse mágicamente.
Los alquileres no desaparecieron.
Pero sí desapareció buena parte de la indignación callejera.
Extraordinario misterio sociológico.
¿Una huelga contra la Diputación Permanente?
Llegamos así al absurdo.
Una huelga general convocada cuando el país camina hacia las urnas.
¿Contra quién?
¿Contra los ujieres del Congreso?
¿Contra la Diputación Permanente?
¿Contra las farolas de la Carrera de San Jerónimo?
Porque si lo que se pretende es influir políticamente en unas elecciones, quizá sería más sincero decirlo.
No pasa nada.
En democracia cada organización puede defender sus ideas y movilizarse dentro de la ley.
Lo que resulta mucho menos convincente es disfrazar de rebelión obrera lo que puede terminar pareciendo una campaña electoral por otros medios.
Durante años han tenido al Gobierno que ideológicamente sentían más próximo.
Y precisamente cuando ese Gobierno puede perder el poder aparece la urgencia revolucionaria.
Curiosa coincidencia.
El miedo a perder el ecosistema
Existe además otra cuestión que rara vez se menciona.
Alrededor del poder político se construyen ecosistemas.
Asociaciones, organizaciones, observatorios, plataformas, fundaciones y sindicatos reciben ayudas públicas mediante diferentes programas y convocatorias perfectamente legales.
Precisamente por eso los ciudadanos tienen derecho a exigir absoluta transparencia y a preguntarse si esas relaciones económicas pueden terminar condicionando la independencia de quienes deberían fiscalizar al poder.
La subvención pública no convierte automáticamente a nadie en servidor del Gobierno.
Pero tampoco puede convertirse en un anestésico.
Porque un sindicato que depende demasiado del poder corre el peligro de dejar de vigilarlo.
Y un movimiento social excesivamente identificado con una opción política termina perdiendo su credibilidad cuando esa opción gobierna.
Ahí reside el problema.
No en que protesten ahora.
Tienen todo el derecho.
El problema es explicar por qué tantas protestas no llegaron antes.
A lomos de una gamba
España conoció otro sindicalismo.
El de las fábricas.
El de los talleres.
El de los mineros.
El de los trabajadores que se jugaban el puesto de trabajo.
Podremos discutir su ideología, sus métodos y su historia, pero al menos sabíamos cuál era el sujeto de sus reivindicaciones: el trabajador.
Ahora tenemos un sindicalismo institucionalizado, profesionalizado y en demasiadas ocasiones extraordinariamente cómodo cerca del poder.
Un sindicalismo capaz de envolverse en causas planetarias mientras el español corriente hace cuentas delante de la caja del supermercado.
Y cuando se acercan unas elecciones, de repente escuchamos tambores de guerra.
Huelga general.
Barricadas metafóricas.
Resistencia.
Movilización.
Revolución.
Todo vuelve.
Hasta el viejo sindicalismo de clase parece dispuesto a cabalgar de nuevo.
Pero esta vez no llega a lomos de un caballo.
Llega a lomos de una gamba.
Porque lo verdaderamente revolucionario habría sido enfrentarse al poder cuando el poder era amigo.
Lo verdaderamente independiente habría sido llenar las calles cuando quienes gobernaban compartían buena parte de tus postulados.
Lo verdaderamente sindical habría sido defender al trabajador español todos los días y frente a cualquier Gobierno.
Ahora es demasiado fácil.
Y demasiado oportuno.
Si finalmente convocan una huelga general antes del 29 de noviembre, habrá una pregunta que deberían responder antes de sacar la primera pancarta:
¿Contra quién hacen la huelga?
¿Contra un Gobierno de salida?
¿Contra unas Cortes disueltas?
¿Contra la Diputación Permanente?
¿O contra la posibilidad de que millones de españoles voten por un cambio?
Porque si la respuesta verdadera es la última, que no lo llamen huelga general.
Que lo llamen por su nombre:
campaña electoral.
