Hay noticias que producen indignación. Otras provocan estupor. Y algunas obligan a hacerse una pregunta mucho más inquietante: ¿en manos de quién hemos estado?
Lo que estamos conociendo alrededor de Leire Díez ha dejado de parecer un episodio aislado, una extravagancia de fontaneros aficionados o una sucesión de reuniones más o menos comprometedoras. La Audiencia Nacional investiga una presunta estructura dedicada a obtener información y actuar contra quienes investigaban asuntos incómodos para el PSOE o para el Gobierno. Y ahora aparece un salto cualitativo que, si finalmente se acredita judicialmente, resultaría estremecedor.
La magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, ha denunciado la existencia de supuestos contactos de personas vinculadas a la trama investigada con individuos relacionados con el narcotráfico para actuar contra ella. En una agenda intervenida a Leire Díez aparece, además, una anotación particularmente inquietante: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano». La propia magistrada ha advertido de que las actuaciones que denuncia pudieron comprometer no solamente su reputación, sino también su integridad física.
Y el pasado 21 de septiembre se ha publicado una información todavía más grave: un supuesto enviado habría mostrado al entorno de un narcotraficante conocido como «El Gitano» información sobre las rutinas de Biedma con la finalidad de intimidarla, de darle lo que se describió como «un sustillo». Insisto porque aquí las palabras importan: hablamos de una información periodística dentro de unos hechos que deberán ser esclarecidos por los tribunales. Pero precisamente por su gravedad no pueden despacharse como una anécdota.
Porque la pregunta ya no consiste solamente en saber qué ocurrió.
La pregunta es: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar?
Y después viene otra todavía peor: ¿qué desconocemos todavía?
Durante demasiado tiempo España ha ido normalizando lo extraordinario. Cada escándalo dura cuarenta y ocho horas. Cada revelación es sustituida por otra. Cada investigación judicial queda enterrada debajo del siguiente titular. La acumulación termina produciendo anestesia.
Conviene, por eso, hacer memoria.
José Luis Ábalos, antiguo ministro de Transportes y durante años uno de los hombres políticamente más próximos a Pedro Sánchez, fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión en el caso de las mascarillas. Koldo García recibió una condena de 19 años y ocho meses. No hablamos ya en ese procedimiento de sospechas periodísticas, sino de una sentencia judicial.
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación.
Álvaro García Ortiz, que llegó a ocupar nada menos que la Fiscalía General del Estado, fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos a dos años de inhabilitación. El Supremo rechazó posteriormente los incidentes de nulidad, aunque García Ortiz ha acudido al Tribunal Constitucional.
Y Begoña Gómez ya no está simplemente en fase de investigación. Este mismo 21 de septiembre, el juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio oral para que sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
Podemos discutir cada procedimiento separadamente. Podemos examinar cada responsabilidad individual. Y debemos respetar escrupulosamente la presunción de inocencia allí donde todavía no exista condena.
Pero lo que resulta imposible es fingir que políticamente no ocurre nada.
Porque ocurre.
Y mucho.
A todo ello se suma el caso Leire Díez. La Fiscalía General del Estado ha reconocido que Díez y Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, mantuvieron dos reuniones con Diego Villafañe, entonces uno de los principales colaboradores de García Ortiz. La propia Fiscalía sostiene que García Ortiz fue informado posteriormente de aquellos encuentros y que las informaciones aportadas carecían de sustento probatorio. Es importante contar ambas cosas. Pero también es legítimo preguntarse qué hacía una persona posteriormente investigada por presuntas maniobras contra fiscales, guardias civiles y procedimientos incómodos reuniéndose en semejantes ámbitos.
Aquí aparece la cuestión verdaderamente política.
No estamos hablando solamente de quién se llevó qué, quién cobró qué comisión o quién consiguió determinado puesto. Estamos hablando de algo potencialmente mucho más grave: la posible utilización o intento de utilización de resortes institucionales y extrainstitucionales para defenderse de las investigaciones.
Eso es lo que tiene que esclarecer la Justicia.
¿Quién daba las órdenes?
¿Quién conocía las operaciones?
¿Quién autorizaba las reuniones?
¿Quién recibía posteriormente la información?
¿Hasta dónde llegaban las conexiones?
¿Y qué relación, si alguna, existió entre esas actuaciones y estructuras orgánicas del PSOE o ámbitos del Gobierno?
No sirven respuestas políticas genéricas. Hacen falta hechos.
Y, sobre todo, hace falta investigar hasta el final.
Porque cuando alrededor de una investigación aparece una magistrada que denuncia campañas de descrédito; cuando aparecen contactos con personas relacionadas con el narcotráfico; cuando se habla de intimidarla; cuando una agenda contiene referencias a esa jueza; cuando existen reuniones reconocidas en la Fiscalía General y cuando simultáneamente se investigan actuaciones dirigidas contra fiscales y miembros de la UCO, mirar hacia otro lado sería una irresponsabilidad.
Y después quedan otros asuntos pendientes de esclarecimiento judicial, incluidas investigaciones económicas y las sospechas sobre una eventual financiación irregular. Sospechas no equivalen a culpabilidad, pero tampoco pueden resolverse mediante consignas partidistas. Precisamente para eso existen los jueces, la Fiscalía, la Guardia Civil y los tribunales: para separar el ruido de las pruebas y las sospechas de los delitos acreditados.
El problema político para el Gobierno es que la acumulación resulta difícil de ignorar.
Un exministro condenado.
Su antiguo asesor condenado.
El hermano del presidente condenado en primera instancia.
La esposa del presidente enviada a juicio.
Un ex fiscal general del Estado condenado.
Y una investigación sobre presuntas maniobras destinadas a neutralizar investigaciones incómodas que incorpora ahora acusaciones de una gravedad extraordinaria.
¿Cuántos casos hacen falta para asumir responsabilidades políticas?
No hablo de sustituir a los tribunales. Exactamente al contrario. Hablo de permitirles trabajar sin campañas de intimidación, sin descalificaciones y sin interferencias.
La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en aceptar límites. En saber que el Gobierno está sometido a la ley. En comprender que un juez puede investigar al hermano de un presidente sin convertirse por ello en enemigo del Estado. Que un guardia civil puede investigar a un ministro sin ser perseguido. Que un fiscal puede negarse a participar en determinadas maniobras sin convertirse en objetivo.
Y, sobre todo, que ninguna mayoría parlamentaria concede impunidad.
Por eso la cuestión que deja el caso de Beatriz Biedma es aterradora por su sencillez.
¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar?
Los tribunales tendrán que determinar qué ocurrió realmente, quién participó y qué delitos, si los hubo, se cometieron.
Pero políticamente existe otra obligación: exigir explicaciones.
Porque una democracia puede soportar a un gobernante equivocado. Puede soportar un mal gobierno. Puede incluso sobrevivir a la corrupción de determinados individuos si sus instituciones funcionan y los culpables terminan respondiendo.
Lo que una democracia no puede permitirse es acostumbrarse a que investigar al poder pueda convertir al investigador en objetivo.
Ahí está la verdadera línea roja.
Y si alguien la cruzó, España tiene derecho a conocer quién fue, quién lo sabía, quién lo permitió y hasta dónde llegó.
Hasta el último nombre. Hasta la última responsabilidad. Hasta la última verdad.
