La opinión de Javier García Isac
Hay momentos en los que uno termina preguntándose qué significa realmente ser propietario en España.
Compras una vivienda con el dinero que has ganado trabajando. Pagas impuestos cuando ganas ese dinero. Pagas impuestos cuando compras la casa. Pagas IBI por conservarla. Pagas tasas, comunidad, suministros, mantenimiento y reparaciones. Y después de haber pagado una y otra vez, decides hacer algo tan extraordinariamente sospechoso como ayudar a tu propio hijo.
Le dejas vivir gratuitamente en una vivienda que es tuya.
Y Hacienda continúa llamando a la puerta.
No porque estés cobrando un alquiler.
No porque hayas obtenido un beneficio.
No porque hayas ganado un solo euro.
Precisamente porque no has cobrado nada.
La noticia conocida estos días merece explicarse correctamente. No estamos ante un nuevo impuesto aprobado ayer ni ante una nueva campaña específica de Hacienda contra los padres que dejan una casa a sus hijos. La propia información publicada señala que no existe un cambio de criterio en 2026 y que permitir gratuitamente que un hijo utilice una vivienda no constituye automáticamente una donación.
La realidad es quizá conceptualmente más reveladora.
Nuestro sistema fiscal lleva años aceptando algo verdaderamente extraordinario: la existencia de una renta inmobiliaria imputada.
Traducido al idioma que hablamos los ciudadanos: Hacienda puede considerar fiscalmente que determinados inmuebles producen una renta aunque usted no haya ingresado esa renta.
Magnífico.
Ya hemos llegado al impuesto sobre lo imaginario.
La Ley del IRPF establece para determinados inmuebles diferentes de la vivienda habitual una imputación calculada generalmente sobre el 2% del valor catastral, aunque existe un porcentaje del 1,1% en determinados casos. Esa cantidad no es directamente el impuesto que se paga, sino una renta que se incorpora al IRPF para calcular posteriormente la tributación correspondiente.
Pongamos el ejemplo recogido en la información publicada: una vivienda con un valor catastral de 150.000 euros podría generar, aplicando el porcentaje general, 3.000 euros de renta imputada.
¿Ha cobrado el propietario esos 3.000 euros?
No.
¿Se los ha pagado su hijo?
No.
¿Han entrado en su cuenta corriente?
No.
Pero fiscalmente existen.
George Orwell necesitó escribir una novela. Nosotros hemos necesitado una declaración de la renta.
Y ahí es donde aparece una concepción de la propiedad que merece un debate mucho más profundo.
Porque esa vivienda no cayó del cielo. Probablemente detrás de ella existen treinta años de trabajo, una hipoteca, intereses, sacrificios, renuncias y miles de euros entregados previamente al Estado.
Quizá unos padres consiguieron comprar un pequeño apartamento pensando precisamente en sus hijos.
Quizá lo heredaron de sus propios padres.
Quizá decidieron ahorrar en lugar de gastarse todo lo que ganaban.
Y llega el momento en que un hijo no puede pagar los precios actuales del alquiler y sus padres toman la decisión más elemental del mundo:
—Tengo una casa vacía. Vive allí.
Eso antes se llamaba familia.
Ahora hay que explicar a Hacienda que efectivamente no estás cobrando.
La Administración puede exigir que se acredite que la cesión es gratuita y que detrás de ella no existe un alquiler encubierto. Según las explicaciones recogidas por varios medios, un documento de cesión gratuita puede servir para dejar constancia de esta circunstancia.
Y uno empieza a preguntarse cuándo convertimos las relaciones familiares más elementales en expedientes administrativos.
¿De verdad hemos llegado hasta aquí?
Un padre ayuda a su hijo y tiene que pensar en cómo documentarlo ante Hacienda.
No estamos hablando de una sociedad mercantil domiciliada en las Islas Caimán. Estamos hablando de un padre dejando una casa a su hijo.
Y todo esto ocurre mientras acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los jóvenes españoles. Un dato publicado hace algunas semana resulta especialmente significativo: el 51,2% de los estudiantes españoles de educación superior vive con sus padres.
Las familias están haciendo muchas veces aquello que las administraciones no han conseguido hacer.
Ayudar a sus hijos.
Permitirles ahorrar.
Facilitarles una vivienda.
Darles la oportunidad de comenzar una vida independiente.
Y hasta ahí llega la fiscalidad.
El problema de fondo no es solamente este artículo de la Ley del IRPF. Es una filosofía política que ha ido instalándose poco a poco: el ciudadano parece tener que justificar permanentemente ante el Estado qué hace con aquello que legítimamente le pertenece.
Trabajas: tributas.
Compras: tributas.
Ahorras: tributas.
Tienes una vivienda: tributas.
La alquilas: tributas por la renta obtenida.
No la alquilas: puede aparecer una renta imputada.
La heredan tus hijos: vuelve a entrar en escena el sistema tributario correspondiente.
Y todavía nos preguntamos por qué una parte creciente de la sociedad siente que el Estado ha dejado de ser un administrador para convertirse en socio obligatorio de prácticamente cualquier decisión económica.
Eso es lo verdaderamente preocupante.
No quiero un Estado que me diga qué tengo que hacer con la casa que compré con mi esfuerzo después de cumplir con mis obligaciones fiscales.
Quiero poder decirle a mi hijo:
«Esta casa es mía y mientras la necesites puedes vivir aquí».
Sin sentir que estoy realizando una operación económica sofisticada.
Sin pensar en una inspección.
Sin imaginar rentas que nunca he cobrado.
Sin convertir el cariño entre padres e hijos en una casilla fiscal.
Y conviene también precisar otra cuestión que se repite constantemente. La conocida expresión «no tendrás nada y serás feliz» no forma parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Se popularizó a partir de contenidos relacionados con escenarios futuros publicados por el Foro Económico Mundial. Utilizarla como descripción literal de la Agenda 2030 debilitaría el artículo precisamente porque permitiría discutir el eslogan en lugar del problema fiscal real.
Pero como metáfora política de una sociedad en la que poseer resulta cada vez más caro, complicado y fiscalizado, se entiende perfectamente por qué ha tenido semejante éxito.
Porque cada vez resulta más difícil adquirir una vivienda.
Más difícil conservar patrimonio.
Más difícil transmitirlo.
Y hasta ayudar gratuitamente a un hijo con aquello que es tuyo tiene consecuencias fiscales.
La propiedad privada debería significar algo más que aparecer como titular en el Registro de la Propiedad mientras distintas administraciones deciden cuánto debes pagar cada año por conservarla.
Una vivienda no pertenece moralmente al Estado.
Los ahorros de una familia no pertenecen al Estado.
El patrimonio acumulado durante una vida de trabajo no pertenece al Estado.
Pertenece a quien lo ha ganado.
Naturalmente debemos pagar impuestos. Una sociedad necesita financiar servicios públicos, seguridad, justicia, infraestructuras, sanidad y muchas otras funciones esenciales. El debate serio nunca puede consistir en impuestos sí o impuestos no.
El debate es hasta dónde.
Hasta dónde puede llegar el Estado.
Hasta qué punto puede considerar capacidad económica aquello que no produce ingreso alguno.
Y hasta qué punto hemos aceptado como normal que Hacienda participe prácticamente en todos los momentos de nuestra vida económica.
Porque llegará un momento en que tendremos que recordar algo extraordinariamente sencillo:
el dinero público no existe por generación espontánea.
Antes fue dinero privado.
Antes hubo alguien trabajando.
Antes hubo una empresa produciendo.
Antes hubo un autónomo levantando la persiana.
Antes hubo una familia ahorrando.
Y antes de cada euro que reparte alegremente una administración hubo un ciudadano al que se lo cobraron.
El caso de los padres que dejan gratuitamente una vivienda a sus hijos es solamente otro ejemplo de una enfermedad mucho más profunda: la sospecha permanente sobre el propietario y la consideración del contribuyente como una fuente aparentemente inagotable de recursos.
Pues no.
Hay una frontera.
Y esa frontera debería comenzar precisamente en uno de los lugares más elementales de nuestra sociedad:
la familia.
Si después de trabajar durante toda una vida he conseguido comprar una segunda vivienda y mañana quiero dejar que viva gratuitamente en ella mi hijo, no estoy haciendo negocio.
No estoy especulando.
No estoy obteniendo rendimiento alguno.
Estoy ayudando a mi hijo.
Y quizá haya llegado el momento de que el Estado aprenda una expresión que conoce perfectamente cuando se trata de exigir responsabilidades a otros:
esto no es suyo.
Es mío.
Y si quiero dejárselo gratuitamente a mi hijo, debería poder hacerlo sin que Hacienda tenga que imaginarse una renta que jamás he cobrado.
