Hay fechas que conviene recordar porque la historia, cuando se conoce de verdad, resulta incómoda. Y hay partidos políticos a los que les incomoda especialmente que alguien abra los libros, levante las alfombras y recuerde de dónde vienen determinados comportamientos.
Hace noventa años España vivió uno de los periodos más terribles de nuestra historia contemporánea. En aquel verano de 1936 la violencia política había alcanzado niveles insoportables. Hubo crímenes procedentes de distintos sectores, pero nada comparable a los crímenes amparados y fomentados por el PSOE , y una espiral de enfrentamientos que terminó desembocando en la Guerra Civil. Pero dentro de aquella historia existen hechos concretos que no pueden borrarse, maquillarse ni sustituirse por un relato interesado.
Uno de ellos es el asesinato de José Calvo Sotelo.
En la madrugada del 13 de julio de 1936, el dirigente monárquico y diputado fue sacado de su domicilio por un grupo en el que participaron miembros de las fuerzas de seguridad y militantes socialistas. En la camioneta policial en la que fue introducido viajaba Luis Cuenca Estevas, miembro de la milicia socialista conocida como La Motorizada y vinculado a la escolta de Indalecio Prieto. Cuenca disparó contra Calvo Sotelo y su cadáver terminó abandonado en el depósito del Cementerio del Este. Estos elementos esenciales del crimen están ampliamente documentados por la historiografía.
No hace falta exagerar la historia. Basta contarla.
Y apenas unas semanas después llegaría otro episodio que merece ser rescatado del olvido: el asesinato de Marcelino Valentín Gamazo.
Gamazo había sido fiscal general de la República entre noviembre y diciembre de 1935 y había intervenido en la causa contra Francisco Largo Caballero por la intentona golpista de octubre de 1934. En agosto de 1936 fue detenido junto a tres de sus hijos —José Antonio, Javier y Luis— y los cuatro fueron asesinados. Las fuentes históricas vinculan a sus captores con milicias socialistas. No sé podía saber.
Por cierto, conviene corregir una fecha que demasiadas veces se desliza por error: Gamazo y sus hijos no fueron asesinados en 1986, sino en agosto de 1936. Noventa años después es precisamente cuando debemos recordarlos.
¿Y por qué recordarlos ahora?
Porque en la España de 2026 estamos conociendo hechos que, salvando todas las distancias —porque afortunadamente vivimos en circunstancias históricas e institucionales completamente diferentes—, deberían estremecer a cualquier demócrata.
La juez Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado personarse como perjudicada en la investigación sobre la denominada trama de Leire Díez. Según su escrito y las informaciones conocidas sobre las pesquisas de la UCO, la magistrada habría figurado como “objetivo” de una presunta operación destinada a desacreditarla y apartarla de la investigación. La causa investiga, entre otros, a la militante socialista Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Y aquí aparece el elemento que hace que todo resulte todavía más siniestro.
La investigación y las denuncias presentadas han sacado a la luz presuntos contactos con personas vinculadas al narcotráfico en Badajoz para conseguir información sobre la magistrada. Una querella presentada por Vox sostiene incluso que se habría buscado que un clan diera un “sustillo” a Biedma. Conviene expresarlo exactamente como lo que es en este momento: una acusación que está siendo investigada.
Pero precisamente por eso la investigación tiene que llegar hasta el final.
Porque si finalmente se acreditara que personas relacionadas con altas estructuras de un partido de Gobierno buscaron la colaboración de ambientes criminales para presionar, intimidar, desacreditar o conseguir información comprometedora sobre una juez que investigaba al hermano del presidente del Gobierno, estaríamos ante un hecho de una gravedad institucional extraordinaria.
Y aquí es donde la memoria histórica adquiere todo su sentido.
Hace noventa años no hacía falta buscar intermediarios.
Hace noventa años, un militante socialista viajaba dentro de una camioneta oficial junto al principal dirigente parlamentario de la oposición y le disparaba por la espalda.
Hace noventa años, un antiguo fiscal general de la República que había intervenido judicialmente contra Largo Caballero terminaba asesinado junto a tres de sus hijos.
Aquello ocurrió en una España que se precipitaba hacia el abismo y no puede trasladarse mecánicamente a la España democrática de 2026. Sería históricamente absurdo hacerlo. Pero tampoco podemos aceptar que conocer nuestra historia nos impida formular preguntas sobre nuestro presente.
Porque las democracias no comienzan a deteriorarse únicamente cuando alguien aprieta un gatillo.
Empiezan a deteriorarse cuando se señala al juez incómodo.
Cuando se investiga al investigador.
Cuando se busca información personal sobre quien instruye una causa.
Cuando desde el poder político se presenta sistemáticamente como sospechoso al magistrado que investiga a alguien próximo al poder.
Y alcanzan una frontera especialmente peligrosa cuando alrededor de esas operaciones aparecen delincuentes o personas vinculadas al crimen organizado.
No sabemos todavía cuál será la conclusión judicial del llamado caso Leire. Precisamente por eso hay que dejar trabajar a los jueces, a los fiscales y a la Guardia Civil. Sin presiones. Sin campañas. Sin amenazas. Y sin convertir al investigador en investigado simplemente porque sus pesquisas resulten incómodas.
Lo que ya conocemos es suficientemente grave para exigir explicaciones.
No se trata de responsabilizar al PSOE actual de los crímenes cometidos por militantes socialistas en 1936. La responsabilidad penal es individual y la historia no admite herencias automáticas de culpabilidad. Se trata de algo distinto: de recordar qué ocurre cuando un partido, un Gobierno o sus entornos llegan a convencerse de que determinados obstáculos judiciales o políticos deben ser eliminados del camino por procedimientos ajenos a las reglas democráticas.
Eso es precisamente lo que nunca debe repetirse.
José Calvo Sotelo era diputado. Fue sacado de su casa y asesinado.
Marcelino Valentín Gamazo había sido fiscal general de la República. Fue asesinado junto a tres de sus hijos.
Beatriz Biedma es juez. Hoy tenemos unas diligencias judiciales que investigan si una presunta trama trató de desacreditarla y apartarla, y existen informaciones y denuncias sobre contactos con ambientes del narcotráfico para actuar contra ella.
Noventa años separan aquellos asesinatos de estas investigaciones.
Noventa años en los que España ha cambiado radicalmente. Lo único que parece no haber cambiado es el PSOE, el partido que nos gobierna ahora y que nos gobernaba hace 90 años.
Precisamente por eso resulta intolerable cualquier intento de regresar, siquiera remotamente, a una concepción de la política donde el adversario, el policía, el fiscal o el juez incómodo deja de ser alguien sometido a las mismas reglas para convertirse en un “objetivo”.
En 1936 algunos no necesitaban subcontratar el miedo.
Lo ejercían directamente.
En 2026, si se demuestra que alguien relacionado con estructuras políticas pretendió recurrir a delincuentes para intimidar o neutralizar a una magistrada, habremos cambiado el procedimiento, pero tendremos delante una pregunta democrática aterradora:
¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar?
Esa es la pregunta que la Justicia tiene ahora la obligación de responder.
Y que nadie intente impedir que lo haga.
