Han gobernado como si fueran los dueños de España y ahora hacen campaña como si fueran sus libertadores.
Y para conseguirlo necesitan una herramienta imprescindible: el relato.
Ese relato que no tiene por qué coincidir con los hechos. Ese relato que transforma los fracasos en conquistas, las responsabilidades propias en culpas ajenas y los escándalos en supuestas conspiraciones. Un relato que se repite hasta la saciedad desde los despachos oficiales, las tribunas parlamentarias y los medios afines, con la esperanza de que la reiteración termine sustituyendo a la realidad.
Porque el problema del sanchismo no es solamente lo que ha hecho. Es también lo que pretende que creamos que ha hecho.
Los incendiarios que denuncian el incendio
Resulta verdaderamente fascinante escuchar a determinados dirigentes socialistas hablar de crispación. Precisamente ellos, que han contribuido a convertir cualquier discrepancia política en una batalla moral entre buenos y malos, entre demócratas y supuestos enemigos de la democracia.
Para el socialismo gobernante, discrepar no basta. Hay que descalificar al discrepante. No se combate una propuesta, se desacredita a quien la formula. No se discuten argumentos, se reparten certificados de legitimidad democrática.
Si cuestionas una ley, eres reaccionario. Si denuncias un escándalo, estás alimentando una conspiración. Si exiges responsabilidades, haces el juego a la extrema derecha. Y si te atreves a votar a una formación que no pertenece al bloque progresista, corres el riesgo de ser presentado como una amenaza para la convivencia.
Han convertido la democracia en una especie de club privado del que ellos expiden los carnés de entrada.
Y todavía tienen el descaro de preguntarse quién crispa.
¿Quién ha dividido a los españoles entre progresistas y fascistas? ¿Quién ha utilizado permanentemente el miedo como argumento electoral? ¿Quién ha presentado cada convocatoria electoral como una batalla definitiva entre la democracia y las tinieblas?
No se puede pasar años arrojando gasolina sobre la convivencia nacional y presentarse después con un cubo de agua reclamando el Premio Nobel de la Paz.
La crispación no aparece espontáneamente. Se alimenta. Se cultiva. Se utiliza. Y, cuando resulta electoralmente rentable, se convierte en una auténtica industria política.
Las cloacas y los guardianes de la democracia
Pero el relato empieza a resquebrajarse cuando aparecen las informaciones sobre las presuntas cloacas políticas, las maniobras de determinados personajes vinculados al socialismo y las investigaciones que afectan a quienes han ocupado posiciones de enorme poder.
Los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán han pasado a formar parte de una controversia política y judicial que exige explicaciones. Las informaciones sobre posibles maniobras destinadas a obtener información comprometedora contra investigadores o desacreditar actuaciones judiciales, en caso de acreditarse, dibujarían un panorama extraordinariamente grave.
Y aquí surge la gran contradicción.
Los mismos que durante años denunciaron las cloacas del Estado, que hicieron bandera de la regeneración democrática y que se presentaron como los defensores de la limpieza institucional, tienen ahora la obligación de explicar hasta dónde llegaban las actuaciones de personas relacionadas con su propio entorno político.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Para eso están los tribunales. Se trata de exigir responsabilidades políticas y de reclamar que se conozca toda la verdad.
Porque la regeneración democrática no puede ser un traje que uno se pone cuando está en la oposición y guarda cuidadosamente en el armario cuando llega al poder.
Durante años nos dijeron que habían venido a limpiar las instituciones. Lo que corresponde ahora es comprobar si, mientras presumían de limpieza, había quienes se dedicaban a ensuciar los mecanismos del Estado.
Y mientras tanto, los escándalos de corrupción han terminado por cercar políticamente al antiguo Gobierno de Pedro Sánchez, afectando a figuras de enorme relevancia en su estructura de poder.
Frente a ello, el socialismo vuelve a recurrir a su mecanismo favorito: cambiar de conversación.
Cuando se habla de corrupción, responden con la extrema derecha. Cuando se habla de responsabilidades, responden con el franquismo. Cuando se habla de investigaciones judiciales, responden con la supuesta persecución política.
Todo antes que afrontar la pregunta verdaderamente importante: ¿qué ocurrió, quién lo sabía y quién debe responder?
La vivienda: ocho años de fracaso y una campaña de promesas
Y llegamos a la vivienda. ¡Ay, la vivienda!
Ahora resulta que el PSOE y sus antiguos socios de gobierno han descubierto que los jóvenes no pueden emanciparse, que los alquileres resultan prohibitivos para miles de familias y que acceder a una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos.
¡Qué extraordinaria revelación!
Han necesitado años de gobierno para descubrir lo que cualquier joven español conoce desde hace mucho tiempo.
Durante todo este periodo han tenido ministerios, presupuestos, capacidad legislativa y competencias para impulsar políticas públicas. Han anunciado miles de viviendas, presentado planes, organizado ruedas de prensa y convertido el problema habitacional en uno de sus grandes escaparates propagandísticos.
Pero el ciudadano no vive en una rueda de prensa. No puede dormir en una promesa electoral. No puede pagar el alquiler con un eslogan ministerial.
Y ahora, cuando se acercan las elecciones, vuelven a hablar de vivienda como si fueran unos activistas que jamás hubieran tenido responsabilidades de gobierno.
Lo verdaderamente extraordinario es que buena parte de quienes protagonizan las movilizaciones actuales pertenecen a organizaciones que han gobernado, apoyado o sostenido parlamentariamente las políticas que ahora denuncian.
Se manifiestan contra las consecuencias de unas políticas de las que ellos mismos han sido protagonistas.
Es como si el conductor de un autobús lo estrellara contra una pared, bajara rápidamente del vehículo y encabezara una manifestación contra el estado de las carreteras.
Y, naturalmente, la culpa sería de la oposición.
Porque esa es otra de las grandes especialidades del sanchismo: gobernar durante años y responsabilizar de los resultados a quienes no gobiernan.
La huelga general contra quienes no mandan
Pero si alguien pensaba que la representación teatral había alcanzado su punto culminante, todavía quedaba una función más.
Nos anuncian una huelga general para el próximo 11 de noviembre.
¿Una huelga general contra quién?
¿Contra el Gobierno saliente? ¿Contra las políticas económicas desarrolladas durante estos años? ¿Contra los responsables del encarecimiento de la vida, de las dificultades de acceso a la vivienda o de la pérdida de poder adquisitivo?
No. Según el planteamiento político que están defendiendo sus promotores, el objetivo sería señalar a la oposición por haber ejercido precisamente su función constitucional: oponerse a determinadas iniciativas legislativas.
¡Extraordinario!
Una huelga general contra quienes no gobiernan. Una movilización contra quienes no han tenido el poder ejecutivo. Una protesta contra los diputados que se han negado a aprobar las leyes que el Gobierno quería sacar adelante.
Estamos ante una innovación que merece figurar en los manuales de ciencia política.
Durante años, determinados sindicatos han mantenido una actitud extraordinariamente comprensiva con el Gobierno socialista. Han sido mucho más beligerantes en asuntos internacionales que en algunas de las dificultades cotidianas que padecen los trabajadores españoles.
Y ahora, cuando el poder puede cambiar de manos, recuperan repentinamente una combatividad que muchos ciudadanos habían echado de menos.
Resulta difícil no preguntarse dónde estaba tanta indignación cuando las familias sufrían el encarecimiento de la cesta de la compra, cuando los jóvenes renunciaban a emanciparse o cuando numerosos trabajadores comprobaban que sus salarios alcanzaban cada vez para menos.
La huelga es un derecho constitucional. Nadie debería discutirlo. Pero también es legítimo cuestionar sus motivaciones, su oportunidad y su utilización partidista.
Porque una cosa es defender los derechos de los trabajadores y otra muy distinta convertir la movilización sindical en un instrumento de campaña electoral.
Y cuando dirigentes socialistas justifican políticamente una protesta contra la oposición, lo que están transmitiendo es una concepción verdaderamente inquietante de la democracia: que la oposición debería limitarse a aprobar las decisiones del Gobierno.
Para eso, señores míos, no necesitamos un Parlamento. Bastaría con una oficina de sellado de documentos.
Los enemigos de los rentistas que también son propietarios
Y todavía queda otra manifestación de esa hipocresía que impregna buena parte del discurso político de la izquierda.
Durante años nos han hablado de los malvados propietarios, de los especuladores y de los rentistas. Han construido una caricatura según la cual cualquiera que tenga una segunda vivienda o perciba ingresos por un alquiler es prácticamente un enemigo del pueblo.
Pero cuando aparecen informaciones sobre propiedades inmobiliarias de dirigentes socialistas, como Montse Mínguez, resulta que la propiedad privada deja de ser sospechosa y se convierte en una legítima forma de administrar el patrimonio personal.
Y lo es. Naturalmente que lo es.
No tengo nada contra quien compra una vivienda, invierte sus ahorros o decide alquilar un inmueble. Al contrario. Lo que rechazo es que determinados políticos pretendan convertir en una actividad moralmente censurable aquello que consideran perfectamente legítimo cuando lo practican ellos.
El problema no es tener propiedades. El problema es criminalizar al propietario ajeno mientras se disfruta tranquilamente del patrimonio propio.
Es la vieja historia de una izquierda que predica austeridad desde la comodidad, que denuncia privilegios mientras disfruta de ellos y que pretende imponer a los demás unas reglas de conducta que no siempre parece dispuesta a aplicarse.
Socialismo para los discursos. Capitalismo para el patrimonio.
Y después se sorprenden de que los ciudadanos hayan perdido la confianza en sus palabras.
Los 163.000 votos y la democracia a conveniencia
Pero uno de los episodios más delicados de esta campaña electoral tiene que ver con la nacionalidad española, el censo y el derecho al voto.
La polémica por la conocida como ley de nietos ha adquirido una dimensión extraordinaria después de la decisión del Tribunal Supremo de mantener suspendida cautelarmente la participación electoral de 163.020 ciudadanos inscritos en el censo de residentes ausentes.
La controversia gira alrededor de las garantías de inscripción y verificación del censo, mientras que los críticos con la medida denuncian una posible lesión de los derechos de ciudadanos que ya habían adquirido la nacionalidad española.
Y aquí conviene decir algo con absoluta claridad: la nacionalidad española no puede convertirse en una herramienta de ingeniería electoral.
Ni para favorecer a la izquierda ni para favorecer a la derecha.
Si una persona es española y reúne todos los requisitos legales para votar, su derecho debe estar protegido. Pero también debe estar garantizada la limpieza del censo, la correcta identificación de los electores y la igualdad de condiciones para todos los participantes.
Lo que resulta legítimo cuestionar es la utilización partidista de los procesos de nacionalización y la tentación de considerar que quienes adquieren la nacionalidad forman automáticamente parte de una determinada bolsa de votos.
Porque la nacionalidad española no es una papeleta electoral. Es un vínculo jurídico, histórico y sentimental con una nación.
La izquierda no puede hablar de democracia únicamente cuando las decisiones judiciales favorecen sus expectativas electorales. Tampoco puede darse por demostrado, sin pruebas, que esos nuevos españoles votarían mayoritariamente a una opción política determinada.
La verdadera democracia consiste en respetar los derechos de los ciudadanos y garantizar que cada voto sea legítimo, libre y correctamente contabilizado.
Y si eso exige controles, que se establezcan. Si exige revisar procedimientos, que se revisen. Pero que nadie convierta el censo electoral en una prolongación de la estrategia de Ferraz. Y sobre todo tener una cosa muy clara, la nacionalidad española no se regala ni se inventa, y menos con el objetivo de obtener nuevos electores
España necesita elecciones limpias, transparentes y con todas las garantías. No necesita que los partidos conviertan cada resolución judicial en una batalla propagandística.
La última función del teatro sanchista
Todo parece formar parte de una misma estrategia.
Se habla de crispación mientras se descalifica sistemáticamente al adversario. Se presume de regeneración mientras se investigan presuntas maniobras contra quienes investigaban la corrupción. Se denuncia la especulación inmobiliaria mientras algunos dirigentes disfrutan legítimamente de sus propiedades. Se convoca a los trabajadores contra la oposición y se convierte la cuestión de la nacionalidad en otro campo de batalla electoral.
Y todo ello acompañado de un discurso apocalíptico.
Que viene la extrema derecha. Que desaparecen los derechos. Que retrocederemos cincuenta años. Que la democracia está en peligro.
Llevan tanto tiempo anunciando el fin del mundo si dejan de gobernar que uno empieza a preguntarse si no estarán confundiendo el fin de la democracia con el final de sus propios privilegios.
Porque España no se acaba cuando pierde unas elecciones el Partido Socialista.
España existía antes de Pedro Sánchez. Existía antes del PSOE. Y seguirá existiendo después de ambos.
Lo que debería preocuparnos es que una parte de nuestra clase política haya terminado por considerar el poder como una propiedad privada y la alternancia democrática como una anomalía que debe impedirse a cualquier precio.
Las elecciones del 29 de noviembre no deberían ser un plebiscito entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre los supuestos salvadores de la democracia y quienes son presentados como sus enemigos.
Deberían ser algo mucho más sencillo y mucho más importante: un examen a quienes han gobernado España.
Un examen sobre la vivienda, la economía, la seguridad, la corrupción, las instituciones, los servicios públicos y el respeto a la legalidad.
Un examen sobre lo prometido y lo cumplido.
Un examen sobre los hechos, no sobre los eslóganes.
Y precisamente eso es lo que el relato pretende evitar.
España necesita verdad, no más propaganda
He vivido suficientes años y he contemplado suficientes campañas electorales como para saber que la mentira política no es patrimonio exclusivo de ningún partido. La demagogia, la manipulación y el oportunismo han existido siempre.
Pero pocas veces había observado una distancia tan grande entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de tantos españoles.
Nos hablan de prosperidad mientras muchos jóvenes no pueden abandonar el domicilio de sus padres.
Nos hablan de convivencia mientras alimentan la confrontación.
Nos hablan de regeneración mientras se acumulan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en su entorno político.
Nos hablan de derechos mientras pretenden presentar la discrepancia como una amenaza.
Y nos hablan de democracia mientras parecen incapaces de aceptar que una oposición parlamentaria tiene todo el derecho a oponerse.
Quizá el problema de fondo sea que han terminado creyéndose su propia propaganda.
Han confundido España con su partido, el Gobierno con su patrimonio político y la democracia con su permanencia en el poder.
Y cuando uno llega a ese extremo, cualquier crítica se convierte en una agresión, cualquier investigación en una conspiración y cualquier derrota electoral en una catástrofe nacional.
Pero no lo es.
La alternancia no destruye la democracia. La fortalece.
La oposición no es enemiga de España. Es parte indispensable de su sistema constitucional. Ahora mismo el enemigo y el mayor peligro para el futuro de España, es éste gobierno.
Y los ciudadanos no son súbditos obligados a agradecer eternamente las decisiones de quienes gobiernan.
Son españoles libres, con memoria, con criterio y con derecho a exigir cuentas.
El próximo 29 de noviembre, si algo debería quedar claro, es que ningún relato puede sustituir indefinidamente a la realidad.
Se puede manipular una noticia. Se puede maquillar una estadística. Se puede fabricar un enemigo imaginario. Se puede organizar una manifestación, convocar una huelga y repetir mil veces que todos los problemas son culpa de quienes no gobiernan.
Pero hay algo que no puede esconderse eternamente: el balance de una gestión.
Porque la propaganda puede ganar titulares, pero no paga hipotecas. El relato puede fabricar héroes, pero no construye viviendas. Y la crispación puede movilizar a los fieles, pero no borra los escándalos ni las responsabilidades.
España está cansada de que le cuenten cuentos.
Está cansada de que quienes gobiernan se disfracen de oposición, de que quienes alimentan la división se presenten como pacificadores y de que quienes deberían rendir cuentas pretendan convertirse en jueces morales de toda la sociedad.
Ha llegado la hora de abandonar el teatro.
De apagar los focos de la propaganda.
De levantar el telón y contemplar lo que realmente hay detrás del decorado.
Porque el problema de los relatos construidos sobre la hipocresía es que necesitan una mentira nueva cada mañana para sostener la mentira del día anterior.
Y llega un momento en que ni siquiera sus propios autores son capaces de recordar qué versión de la historia están contando.
El sanchismo ha pretendido adueñarse del relato. Pero hay algo de lo que nunca podrá adueñarse: de la conciencia y de la libertad de todos los españoles.
Y esa libertad, afortunadamente, también se ejerce votando.
