Pedro Sánchez ha convertido la política migratoria en un hábito de irresponsabilidad: llegan decenas de miles de personas cada día, entre todos pagamos su acogida y sus traslados, las expulsiones son una rareza estadística y a quien pide explicaciones se le despacha con laspalabras “Facha y xenófobo”.
Hay una pregunta que el Gobierno lleva ocho años sin contestar, porque no le cabe en sueslogan: ¿quién decide quién entra en España? Sobre el papel, el Estado. En la práctica, una mafia, el patrón de un cayuco y el estado de la mar. Resignarse a que la frontera sur funcione como una lotería administrada por traficantes es algo muy grave. Sánchez lleva ocho años haciéndolo a conciencia, porque la resignación le ahorra debate y le trae nuevos votantes.
Esto ya ocurrió y tuvo arreglo. En 2006, el año de la crisis de los cayucos, llegaron por mar 39.180 personas, 31.678 de ellas a Canarias. Y eso se trató como lo que era, una emergencia de Estado: vigilancia, diplomacia y acuerdos con los países de origen y de tránsito. El año siguiente las llegadas marítimas bajaron a 18.057 y en 2010 eran 3.632. Gobernaba, por cierto, el PSOE. La lección no tenía ideología: cuando un Estado quiere controlar su frontera, puede.
Sánchez la ha olvidado con notable aplicación. El año en que llegó a La Moncloa se cerró con 64.298 entradas irregulares. Después vinieron 32.513, 42.097, 41.945 y 31.219, cifras que en otro tiempo habrían abierto telediarios y que aquí pasaron por años tranquilos. En 2023 fueron 56.852 y en 2024, 64.019, de las que 61.372 llegaron por mar: muy por encima del récord de los cayucos que tanto escandalizó. Con las 36.775 de 2025, la cuenta roza las 370.000 entradas irregulares en ocho años. Y cuando el Gobierno ya se colgaba la medalla del descenso, 2026 se la ha quitado: a 31 de octubre Interior sumaba 32.942, un 8,9% más que un año antes. Con un detalle de magia contable: el balance deja fuera la entrada masiva de Ceuta de finales de julio. Lo que más abulta, no computa.
Canarias paga la primera factura. Un archipiélago de 2,26 millones de habitantes recibió a 46.843 personas en 2024. Bajaron a 17.788 en 2025 y el Ejecutivo lo celebró como mérito propio; este otoño la ruta ha vuelto a abrirse. Solo en octubre llegaron 6.194, más que en todo el primer semestre. El Hierro, con unos 11.000 vecinos, ha recibido a más de 8.000 personas en cinco semanas, 3.000 de ellas en cinco días, y su Cabildo ha tenido que declarar la emergencia social. Una isla entera convertida en sala de espera de un Gobierno que llega siempre después que los cayucos.
Y no, no se quedan allí. Canarias es la escala, no el destino. El propio programa de atención humanitaria del Ministerio de Inclusión prevé el traslado a la Península, y en septiembre de 2025 el Consejo de Ministros autorizó mantener 53.500 plazas de acogida y reforzar esos desplazamientos. Alojamiento, manutención, asistencia y billete, todo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, esos que nunca se presentan. Por no hablar de los móviles de regalo y pagas no contributivas. Lo que no aparece por ninguna parte es la cuenta. Cuánto cuesta cada plaza, quién la adjudica, quién la cobra, qué seguimiento se hace después. Les doyuna pista: la Comunidad de Madrid paga 204,60€ diarios por cada plaza residencial para menores extranjeros no acompañados, más de 6.100 al mes. Es el precio del servicio y sale del mismo bolsillo. Financiamos un sistema del que nadie nos enseña la factura. Para unos menores de dos metros de alto y 90 kilos de peso.
En 2024 España dictó 51.025 órdenes de salida, una de cada nueve de toda la Unión Europea. Ese mismo año, Interior contabilizó 3.031 expulsiones y 363 devoluciones. Ni con la contabilidad más generosa, la europea, que suma las salidas voluntarias, se llega a las 9.000. La orden de expulsión se ha convertido en el documento oficial menos temido del Reino: se firma, se notifica y se archiva. Ese mensaje no lo recibe quien huye de una guerra. Lo reciben las mafias, que lo incorporan al folleto de viaje con todo incluido.
En Cataluña los extranjeros no llegan a la quinta parte de la población y son ya más de la mitad de los presos: 4.454 de 8.594. Lo mismo ocurre con las agresiones sexuales con penetración, que según Interior pasaron de 3.079 en 2019 a 5.222 en 2024. Precisamente por eso hay que exigir que se analicen las cifras y las estadísticas sin miedo y sin buenismos, por nacionalidad y por tasa de población, en lugar de dejar el terreno a los bienquedistas. Quien viene a España debe saber que aquí la mujer es libre, que ninguna costumbre atenúa un delito y que el extranjero condenado por un crimen grave, se debe ir a tomar viento. De verdad, no sobre el papel.
Quienes llegamos legalmente, trabajamos y respetamos la ley merecemos oportunidades y respeto, y somos los primeros perjudicados por un sistema que premia al que se salta la cola. No es xenofobia pedir fronteras vigiladas, ni racismo reclamar datos, ni insolidaridad preguntar cuánto cuesta una política pública. Es, sencillamente, lo que se le pide a un Gobierno. Las fronteras no están para decorar los mapas. Están para que un país decida quién entra, quién se queda y en qué condiciones. Gobernar consiste en tener el valor de decidirlo; lo otro, lo de estos ocho años, es mirar al mar y esperar que amaine.
Y para esa parroquia progresista que cuestiona cada cifra que publico y exige siempre el origen de mis fuentes: no seáis tan condenadamente vagos. Contrástenlo ustedes mismos, ahí están los balances del Ministerio del Interior. Usen internet para instruirse, no solo para ver a Santaolalla, a Broncano y consumir porno. Bien que tragáis sin rechistar las estadísticas de Tezanos y los eslóganes del Adonis y ponéis la cara hasta que os cae la última gota de orín. Yo no soy un profesor de instituto impartiendo clases de refuerzo; soy columnista de opinión. Abran los ojos y busquen los datos por su cuenta antes de que la realidad, y no una columna, les despierte de golpe.
Vienen a por nuestras hijas, vienen a por todo…
