El fracaso del multiculturalismo, la ingenuidad de las élites europeas y el precio de una inmigración sin integración.
Hay imágenes que deberían avergonzar a toda Europa. Iglesias incendiadas, edificios públicos atacados, colegios destrozados, comercios saqueados, policías agredidos y barrios enteros donde la autoridad del Estado parece haberse convertido en una simple recomendación. Son imágenes que hemos visto en Francia durante distintas oleadas de disturbios y que deberían servirnos para reflexionar sobre el futuro que estamos construyendo. O, mejor dicho, sobre el futuro que nuestros gobernantes están construyendo sin preguntarnos si estamos dispuestos a aceptarlo.
Francia, la Francia de las catedrales, de la Sorbona, de la Ilustración, de la cultura europea, de las grandes aportaciones al pensamiento occidental, lleva décadas enfrentándose a una crisis de identidad, de autoridad y de convivencia que sus dirigentes han sido incapaces de resolver.
Y lo verdaderamente preocupante no es solamente lo que sucede al otro lado de los Pirineos. Lo verdaderamente preocupante es que España parece empeñada en repetir muchos de sus errores.
Nos vendieron el multiculturalismo como una fórmula mágica para construir sociedades más abiertas, más tolerantes y más prósperas. Nos aseguraron que bastaba con reunir en un mismo territorio a personas de diferentes culturas para que surgiera espontáneamente una convivencia maravillosa. Nos hablaron de diversidad, de enriquecimiento cultural, de integración y de una supuesta alianza de civilizaciones.
Pero se olvidaron de algo elemental: una sociedad no se mantiene unida solamente porque sus habitantes compartan un código postal. Una sociedad necesita unas leyes comunes, unas obligaciones compartidas, una autoridad reconocida y unos valores cívicos que nadie pueda pisotear impunemente.
Y cuando todo eso desaparece, cuando la ley deja de ser respetada, cuando la autoridad retrocede y cuando los gobernantes confunden la tolerancia con la rendición, lo que aparece no es una sociedad más libre. Es una sociedad más débil.
Cuando la protesta se convierte en violencia
Durante años hemos asistido en Francia a episodios de violencia callejera que determinados sectores políticos y mediáticos han tratado de explicar exclusivamente mediante la desigualdad social, la marginación o el descontento juvenil.
Por supuesto que existen problemas sociales. Por supuesto que hay desigualdades. Por supuesto que las administraciones tienen responsabilidades que no pueden eludir.
Pero ninguna injusticia social convierte en legítimo incendiar un colegio, asaltar un ayuntamiento, saquear un establecimiento comercial o atacar un templo religioso.
La pobreza no concede licencia para destruir. La frustración no concede derecho a incendiar. Y ninguna reivindicación política justifica que una ciudad tenga que vivir sometida al miedo.
No estamos hablando de estudiantes que reclaman mejores condiciones educativas cuando describimos a grupos que aprovechan una movilización para cometer actos violentos. Estamos hablando de delincuencia, de vandalismo y de ataques al orden público.
Llamar protesta estudiantil a un saqueo es tan absurdo como llamar discrepancia política al incendio de un edificio público.
Y, sin embargo, parte de la izquierda europea parece tener una extraordinaria facilidad para encontrar explicaciones sociológicas a cualquier comportamiento violento, siempre que sus protagonistas puedan ser presentados como víctimas del sistema.
Todo tiene una explicación. Todo tiene una justificación. Todo tiene un contexto.
Menos el sufrimiento de quienes ven destruido su negocio, incendiado su automóvil o convertido su barrio en un escenario de enfrentamientos.
¿Quién defiende al comerciante que ha trabajado durante treinta años para levantar su establecimiento? ¿Quién protege al anciano que tiene miedo de salir de casa? ¿Quién responde ante las familias cuyos hijos no pueden acudir a clase porque alguien ha decidido convertir un instituto en una barricada?
Esas víctimas también existen. Pero rara vez protagonizan los grandes discursos de los defensores de la tolerancia ilimitada.
El buenismo como forma de irresponsabilidad política
Europa ha cometido un error monumental: confundir la solidaridad con la ausencia de exigencias.
Acoger a una persona que necesita protección puede ser un deber humanitario. Permitir que alguien venga a trabajar, respete nuestras leyes y contribuya a nuestra sociedad puede ser perfectamente beneficioso.
Pero ninguna de esas dos realidades obliga a renunciar a nuestra identidad, a nuestras costumbres o a la autoridad de nuestras instituciones.
La integración no consiste en que el país de acogida tenga que pedir perdón por existir.
Consiste en que quien llega comprenda que entra en una comunidad política que tiene una historia, unas normas y unas obligaciones que deben ser respetadas por todos.
Y esto vale para cualquier persona, independientemente de su origen, religión o nacionalidad.
Lo que resulta inaceptable es que, en nombre de una tolerancia mal entendida, se pretenda convertir cualquier defensa de las fronteras, cualquier exigencia de integración o cualquier crítica a una política migratoria en una manifestación de odio.
No. Defender la propia cultura no significa despreciar las demás. Exigir el cumplimiento de la ley no significa perseguir a nadie. Y reclamar una política migratoria ordenada no significa negar la dignidad de quienes desean construir una vida mejor.
Significa comprender que un país que renuncia a decidir quién entra, bajo qué condiciones y con qué obligaciones termina perdiendo una parte esencial de su soberanía.
El problema de Europa no es la existencia de diferentes culturas. El problema aparece cuando sus dirigentes son incapaces de garantizar que todas las personas, sean cuales sean sus creencias, respeten las mismas reglas.
La convivencia exige reciprocidad. Y la reciprocidad exige autoridad.
La alianza de civilizaciones y la ingenuidad convertida en doctrina
En España tuvimos incluso un presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que convirtió la llamada Alianza de Civilizaciones en una de sus grandes banderas internacionales.
Sonaba estupendamente.
¿Quién puede estar en contra del entendimiento entre los pueblos? ¿Quién puede rechazar el diálogo entre culturas? ¿Quién puede oponerse a la cooperación internacional?
Nadie sensato.
El problema comienza cuando las buenas intenciones sustituyen a las políticas concretas y cuando los grandes discursos sirven para ocultar problemas que los gobiernos no quieren afrontar.
El diálogo entre civilizaciones es deseable. La cooperación es necesaria. El respeto mutuo resulta imprescindible.
Pero el respeto tiene que ser mutuo de verdad.
Europa no puede convertirse en un espacio donde sus propias tradiciones sean consideradas sospechosas mientras cualquier reivindicación cultural ajena deba aceptarse sin discusión.
Tampoco puede exigirse a los europeos que renuncien a sus convicciones para demostrar una tolerancia que, en ocasiones, sus gobernantes no se atreven a exigir con la misma firmeza a todos.
Yo respeto profundamente a quienes practican otras religiones, conservan otras tradiciones o proceden de otras civilizaciones. Las respeto en sus países de origen, pero no aquí. Hay culturas y religiones incompatibles con occidente.
Y respetar no significa someterse.
Y mucho menos significa aceptar que alguien pueda imponer sus normas particulares por encima de las leyes del país en el que vive.
La libertad religiosa no autoriza a vulnerar la ley. La diversidad cultural no justifica la violencia. Y la tolerancia no puede convertirse en el derecho de unos a imponer su voluntad sobre los demás.
Parece elemental.
Pero en la Europa contemporánea hay cosas elementales que algunos políticos ya no se atreven a pronunciar.
Francia, el espejo en el que España debería mirarse
Las movilizaciones francesas de octubre de 2026 han dejado una advertencia particularmente inquietante.
Lo que comenzó como una protesta por las condiciones educativas ha terminado confluyendo con un malestar social mucho más amplio. El 17 de octubre, las manifestaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos desembocaron en graves enfrentamientos, incendios, saqueos y ataques a edificios públicos. En Limoges, incluso el ayuntamiento sufrió un incendio.
Los datos educativos tampoco permiten frivolidades: las autoridades francesas habían comunicado que 24 centros de enseñanza resultaron incendiados o vandalizados durante las protestas estudiantiles. Posiblemente sean muchos más en este momento.
No todos los manifestantes participaron en esos actos. Muchos protestaron pacíficamente por problemas reales. Pero esa distinción no puede servir para minimizar la gravedad de quienes aprovecharon las concentraciones para sembrar el caos.
Y conviene recordar que Francia ya había padecido una oleada de violencia extraordinaria en 2023. El propio Ministerio del Interior francés documentó entonces un aumento del 140 % en las destrucciones y daños voluntarios durante los días más graves de aquellos disturbios.
La pregunta es inevitable: ¿cuántas veces tiene que repetirse una situación semejante para que los dirigentes europeos reconozcan que existe un problema de autoridad y de cohesión nacional?
Sería irresponsable atribuir todos estos disturbios a la inmigración, pero también sería irresponsable no reconocerlo. En las protestas actuales participan sectores muy diversos y se han identificado grupos radicales y delincuentes de izquierdas que nada tienen que ver necesariamente con el origen extranjero, pero que es sutilmente aprovechado. También sería irresponsable negar que Francia arrastra desde hace décadas dificultades de integración, segregación territorial y convivencia que merecen un debate serio, sin censuras ni simplificaciones.
Porque el verdadero fracaso político consiste en permitir que existan barrios donde las oportunidades desaparecen, las instituciones pierden legitimidad y la violencia termina sustituyendo al diálogo.
Una nación no puede acostumbrarse a vivir así.
España todavía está a tiempo
Y aquí es donde quiero detenerme.
Porque mientras observamos lo que sucede en Francia, España continúa debatiendo sobre inmigración, fronteras, nacionalidad e integración como si se tratara de cuestiones secundarias.
No lo son.
Son cuestiones que afectan directamente al futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
Santiago Abascal y Vox llevan años advirtiendo de los riesgos que, a su juicio, entraña una inmigración descontrolada, la falta de integración y la renuncia a defender nuestras fronteras. No cabe nadie más en nuestro país hasta que no pongamos orden a lo que ya tenemos.
Se puede estar de acuerdo o discrepar de sus propuestas. Se pueden discutir sus soluciones. Pero resulta absurdo pretender que estos asuntos desaparezcan simplemente descalificando a quienes los plantean.
Las fronteras no son una expresión de intolerancia. Son una condición de la soberanía nacional.
Y la integración no puede ser un eslogan publicitario. Tiene que traducirse en el respeto a las leyes, a las instituciones, a la libertad de las mujeres, a la libertad religiosa y a los derechos fundamentales, y sobre todo de respeto a la cultura y tradiciones del país de acogida. Si está cultura o estás tradiciones no te gustan, no puedes estar en el país. Es bastante sencillo de comprender.
España tiene una historia, una cultura y unas tradiciones que merecen ser conservadas. No porque sean superiores a las de otros pueblos, sino porque constituyen nuestra herencia y porque tenemos perfecto derecho a transmitirlas.
No quiero una España donde alguien tenga que esconder sus convicciones religiosas por miedo a ser agredido.
No quiero una España donde un comerciante tenga que cerrar su negocio porque las autoridades sean incapaces de garantizar la seguridad.
No quiero una España donde las leyes se apliquen con diferente firmeza dependiendo de quién las incumpla.
Y tampoco quiero una España donde se considere sospechoso a un ciudadano por el simple hecho de exigir orden, seguridad y respeto a su país.
Quiero una España hospitalaria, sí. Pero también una España segura.
Una España generosa, pero no ingenua.
Una España abierta al mundo, pero consciente de su historia y orgullosa de su identidad.
La verdadera tolerancia no consiste en tolerarlo todo
Hay una frase que resume buena parte de nuestros problemas: no todo puede justificarse en nombre de la tolerancia.
La tolerancia no obliga a aceptar la intolerancia. La democracia no exige permitir que se destruyan sus instituciones. Y el respeto a las diferencias no significa que debamos renunciar a las reglas que garantizan nuestra convivencia.
Cuando se incendia un colegio, no se está luchando por una educación mejor. Se está privando de educación a otros alumnos.
Cuando se saquea un comercio, no se está combatiendo la desigualdad. Se está arruinando a una familia.
Cuando se ataca un ayuntamiento, no se está defendiendo la democracia. Se está agrediendo una institución que pertenece a todos.
Y cuando se profana o incendia una iglesia, no se está reivindicando ninguna libertad. Se está atentando contra la libertad religiosa y contra un patrimonio espiritual y cultural que merece protección.
Eso debería entenderlo cualquier persona medianamente sensata, y más si se autocalifica de demócrata.
Sin matices interesados. Sin excusas ideológicas. Sin mirar previamente la procedencia, la religión o la filiación política del agresor.
La ley debe ser igual para todos.
El precio de no querer ver
Lo más triste de lo que sucede en Francia es que estamos hablando de una nación hermana. De un país cuya historia está profundamente vinculada a la nuestra. De una de las grandes naciones que contribuyeron a levantar la civilización europea.
Y verla sacudida por incendios, saqueos y enfrentamientos callejeros debería producirnos preocupación, no satisfacción.
Yo no quiero que Francia fracase.
Quiero que Francia recupere la tranquilidad de sus calles, la autoridad de sus instituciones y la confianza de sus ciudadanos.
Pero, sobre todo, quiero que España aprenda de sus errores.
Porque hay algo mucho peor que equivocarse: contemplar las equivocaciones de otros y empeñarse en repetirlas.
Durante demasiado tiempo, una parte de las élites europeas ha confundido gobernar con pronunciar discursos moralmente reconfortantes. Ha preferido repartir etiquetas antes que afrontar problemas. Ha confundido la firmeza con la intolerancia y la prudencia con el miedo.
Y ahora descubrimos que las buenas intenciones no apagan incendios, que los eslóganes no reconstruyen colegios y que las campañas institucionales no sustituyen a una policía respaldada por el Estado y a una justicia eficaz.
El buenismo puede resultar muy rentable electoralmente para algunos. Pero sus consecuencias las pagan los ciudadanos que no tienen escolta, ni residencia en un barrio privilegiado, ni posibilidad de marcharse cuando las cosas se ponen feas.
Las pagan los trabajadores, los comerciantes, los ancianos, los autóctonos y las familias.
Los de siempre.
Europa debe decidir qué quiere ser
Estamos entrando en noviembre. Un mes que, para quienes crecimos en una España muy distinta, siempre estuvo asociado al recuerdo de nuestros muertos, a las visitas a los cementerios y a la memoria de quienes nos precedieron.
Quizá por eso, al contemplar las imágenes de Francia, no puedo evitar pensar en la Europa que heredamos de nuestros padres y en la que dejaremos a nuestros hijos.
Una Europa que, con todos sus errores y tragedias, construyó universidades, hospitales, catedrales, instituciones y sistemas de libertades que siguen siendo admirados en buena parte del mundo.
Una Europa que no debería avergonzarse de su historia, aunque tenga la obligación de reconocer sus errores.
Una Europa que debe ser capaz de reconocer otras culturas sin renunciar a la propia.
Porque el problema no es que existan distintas civilizaciones. El problema es creer que la convivencia puede sostenerse sin un compromiso común con las leyes y las libertades.
Y porque ninguna sociedad puede sobrevivir indefinidamente si sus dirigentes renuncian a ejercer la autoridad que los ciudadanos les han confiado.
Francia tiene ante sí un desafío formidable. No será sencillo resolverlo. Requerirá recuperar la seguridad, reconstruir la confianza en las instituciones, combatir la delincuencia, mejorar la integración y mirar muy mucho a quien se regala la nacionalidad. Quizá para Francia es ya demasiado tarde.
España todavía puede evitar algunos de esos errores.
Pero para conseguirlo debemos abandonar la cobardía política, recuperar el sentido común y comprender que defender nuestra identidad no es incompatible con respetar la dignidad de los demás.
No se trata de levantar muros contra las personas. Se trata de establecer límites frente a la ilegalidad y la violencia.
No se trata de rechazar a quien viene de fuera. Se trata de exigir que quien viva entre nosotros respete las normas que nos protegen a todos.
Y no se trata de tener miedo al futuro. Se trata de no hipotecarlo por la incapacidad de nuestros gobernantes.
Francia arde. Europa discute. Y España todavía está a tiempo de aprender.
Ojalá no tengamos que contemplar algún día nuestras propias calles devastadas para descubrir que la seguridad, la libertad y la convivencia no eran regalos eternos, sino conquistas que había que defender cada día.
Porque las naciones no desaparecen solamente cuando son derrotadas desde fuera.
También pueden deteriorarse lentamente cuando quienes tienen la obligación de gobernarlas dejan de cumplir con su deber.
Y ese, precisamente ese, es el peligro que Europa no puede seguir ignorando.
