La opinión de Javier García Isac
Hay momentos en la historia en los que las medias tintas dejan de servir. Momentos en los que las naciones tienen que decidir si quieren seguir existiendo o si, por el contrario, aceptan resignadamente su desaparición. Momentos en los que, por encima de partidos, siglas y estrategias electorales, aparece una cuestión mucho más elemental: ¿estamos dispuestos a defender lo que somos?
España vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas.
No pretendo convertir la política en una película de buenos y malos. La historia es demasiado compleja para semejante simplificación. Pero sí creo en el bien y en el mal. Creo que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Defender tu casa está bien. Entregarla está mal. Defender a tus compatriotas está bien. Abandonarlos está mal. Amar a tu nación no significa odiar a ninguna otra; significa simplemente entender que perteneces a una comunidad histórica que has recibido de quienes te precedieron y que tienes la obligación moral de entregar a quienes vengan después.
Por eso, cuando hablamos de Ceuta, no hablamos únicamente de inmigración. Hablamos de España.
Y ahí no debería existir ambigüedad posible.
O se está con Ceuta o se está con quienes pretenden utilizar Ceuta para debilitar a España.
Porque Ceuta no es una abstracción. No es una ficha diplomática. No es un decorado para discursos humanitarios pronunciados desde cómodos despachos a cientos de kilómetros de distancia. Ceuta son españoles. Familias españolas. Comerciantes españoles. Policías españoles. Guardias civiles españoles. Niños españoles que tienen exactamente el mismo derecho a vivir seguros que un niño de Madrid, Sevilla, Barcelona o Valladolid.
Sin embargo, una parte de nuestra izquierda parece descubrir todos los derechos humanos del planeta excepto los derechos de sus propios compatriotas.
Y esta anomalía no nació ayer.
La vieja enfermedad española
España arrastra desde hace demasiado tiempo una extraña maldición política: la existencia de sectores ideológicos que parecen sentirse más cómodos apoyando cualquier causa exterior que pueda debilitar a su propia nación que defendiendo los intereses nacionales.
Cambian las épocas. Cambian las banderas. Cambian los argumentos. Pero el mecanismo resulta inquietantemente parecido.
A comienzos del siglo XIX tuvimos a los afrancesados. La invasión napoleónica fue también una tragedia de división interior. Mientras el pueblo español combatía contra el ejército que había ocupado su territorio, hubo españoles convencidos de que la salvación vendría precisamente de la mano del invasor.
Después llegaron otras fracturas.
Durante los siglos XIX y XX crecieron los nacionalismos separatistas, movimientos que en sus orígenes tuvieron importantes componentes conservadores, burgueses e incluso profundamente católicos. Poco importó después su procedencia ideológica. Determinadas izquierdas descubrieron que podían convertirse en compañeros de viaje porque compartían un objetivo inmediato: debilitar el concepto de España.
Y ahí comenzó una de las contradicciones más extraordinarias de nuestra historia contemporánea.
Una izquierda que se proclamaba internacionalista terminó abrazándose a algunos de los nacionalismos más identitarios de Europa.
Una izquierda que decía combatir privilegios terminó aceptando proyectos políticos cuyo objetivo era levantar fronteras entre españoles.
Una izquierda que hablaba de igualdad terminó considerando progresista que un español tuviera derechos diferentes dependiendo del territorio donde hubiera nacido.
Todo servía mientras España saliera debilitada.
Y todavía hoy seguimos pagando aquella factura.
Primero aprendieron a odiar nuestra historia
Para conseguir que un pueblo renuncie a defender su nación hay que conseguir antes que se avergüence de ella.
Ese ha sido posiblemente uno de los mayores éxitos culturales de cierta izquierda española.
Durante décadas nos han explicado nuestra historia como una interminable sucesión de vergüenzas. España habría sido poco menos que un accidente histórico del que debemos pedir perdón permanentemente.
Hay que pedir perdón por América.
Por nuestra historia.
Por nuestra bandera.
Por nuestros símbolos.
Por nuestra tradición.
Por nuestras victorias.
Y hasta por nuestros muertos.
Nos enseñaron que cualquier bandera extranjera podía exhibirse con orgullo mientras la española debía contemplarse con sospecha.
Y así hemos llegado a una situación verdaderamente delirante: personas capaces de emocionarse ante cualquier causa situada a miles de kilómetros y que, sin embargo, parecen experimentar una profunda incomodidad cuando alguien pronuncia sencillamente la palabra España.
No existe nada malo en preocuparse por Gaza. Naturalmente que debemos preocuparnos por el sufrimiento de civiles en cualquier guerra. Como debemos hacerlo por Ucrania, por Sudán o por cualquier rincón del mundo donde seres humanos inocentes sufran.
Lo sorprendente es que algunos sean capaces de recorrer miles de kilómetros con su solidaridad y no los pocos metros necesarios para encontrar a un compatriota necesitado.
Hablan del sufrimiento del mundo entero.
Pero rara vez hablan del español que no puede pagar un alquiler.
Del autónomo asfixiado.
Del agricultor abandonado.
Del anciano que espera una ayuda.
Del joven que no puede formar una familia.
Del guardia civil que cumple con su deber.
Del vecino de Ceuta que contempla con angustia lo que sucede alrededor de su ciudad.
La solidaridad universal es admirable.
La solidaridad universal que empieza despreciando a los tuyos tiene bastante más de pose ideológica que de virtud.
Todas las banderas menos la nuestra
Pueden portar la bandera que quieran.
Palestina. La República. La hoz y el martillo. Símbolos revolucionarios de cualquier lugar del planeta. Banderas separatistas. Retratos de personajes responsables de dictaduras y revoluciones sangrientas.
Todo parece encontrar acomodo en determinados ambientes políticos.
La bandera española, en cambio, continúa provocándoles urticaria.
Y al mismo tiempo contemplamos iniciativas para rebajar la protección penal de los símbolos nacionales, como si insultar aquello que representa a todos los españoles fuese una conquista democrática.
Resulta difícil encontrar una nación seria que eduque sistemáticamente a sus ciudadanos en el desprecio hacia sí misma.
Nosotros parecemos empeñados en conseguirlo.
Las víctimas equivocadas
La contradicción alcanza su expresión más dolorosa cuando hablamos de ETA.
Durante años escuchamos hablar de los derechos de los presos.
De su acercamiento.
De su reinserción.
De su situación penitenciaria.
Todo eso puede discutirse en una democracia.
Pero demasiadas veces faltaba una palabra: víctimas.
Faltaban los asesinados.
Los huérfanos.
Las viudas.
Los mutilados.
Los amenazados.
Los miles de españoles que tuvieron que abandonar su tierra porque una organización terrorista había decidido quién podía vivir allí y quién debía marcharse.
Y hoy contemplamos cómo los herederos políticos de aquel mundo forman parte de la aritmética parlamentaria sobre la que descansa el Gobierno de España.
La memoria parece funcionar únicamente en una dirección.
Para unas víctimas, homenajes.
Para otras, silencio.
Para unos sufrimientos, pancartas.
Para otros, incomodidad.
Las contradicciones de un supuesto progresismo
Algo parecido ocurre con el feminismo institucional.
Nos hablan permanentemente de machismo. Nos dicen que la violencia contra la mujer constituye una prioridad absoluta. Y cuando se plantean debates sobre el endurecimiento efectivo de las penas o sobre las consecuencias de determinadas reformas penales, descubrimos contradicciones difíciles de explicar.
El problema no está en defender a las mujeres. Hay que defenderlas.
El problema aparece cuando la defensa de la mujer se convierte en una herramienta partidista y la eficacia concreta de las leyes pasa a segundo plano.
Porque esta es otra característica de nuestro tiempo: la realidad importa menos que el relato.
Y sucede exactamente lo mismo con Ceuta.
Si miles de personas entran irregularmente, el problema parece ser quien lo denuncia.
Si los vecinos tienen miedo, el problema parece ser que expresen ese miedo.
Si las fuerzas de seguridad exigen medios, se mira hacia otro lado.
Y si alguien dice que España tiene derecho a defender sus fronteras, inmediatamente aparecen las etiquetas habituales.
Pues no.
Defender una frontera no es odiar a quien intenta atravesarla.
Defender Ceuta no significa odiar a Marruecos.
Defender España no significa despreciar al extranjero.
Significa hacer exactamente aquello para lo que existe un Estado: proteger a sus ciudadanos, garantizar sus fronteras y preservar su soberanía.
La España que quieren fragmentar
El objetivo final de los separatismos nunca ha sido mejorar España. Ha sido dejar de pertenecer a ella.
Convertir una de las naciones históricas más antiguas de Europa en una colección de pequeñas repúblicas enfrentadas entre sí.
Una república catalana.
Otra vasca.
Quién sabe cuántas más.
Y resulta especialmente llamativo que quienes se autodenominan progresistas hayan terminado convirtiéndose en aliados de proyectos profundamente insolidarios.
Porque romper España significa también romper la solidaridad entre españoles.
Significa levantar fronteras.
Dividir.
Separar.
Clasificar a las personas según su territorio.
Eso es exactamente lo contrario del internacionalismo que durante décadas proclamó la izquierda.
Pero nuevamente aparece la misma constante: todo parece admisible cuando el resultado es una España más débil.
El odio a uno mismo
Quizá ahí se encuentre la explicación última.
Nos han educado durante demasiado tiempo para avergonzarnos de nosotros mismos.
Y quien termina odiándose a sí mismo acaba odiando aquello a lo que pertenece.
Su historia.
Sus antepasados.
Sus símbolos.
Su nación.
España no necesita ciudadanos que piensen todos igual. Eso sería insoportable y, además, profundamente antidemocrático.
España necesita algo mucho más sencillo: españoles que, voten lo que voten, comprendan que existe una casa común que está por encima de nuestras diferencias.
Podemos discutir sobre impuestos.
Sobre sanidad.
Sobre educación.
Sobre pensiones.
Sobre el tamaño del Estado.
Sobre la monarquía.
Sobre cualquier política pública.
Pero para poder discutir sobre todo eso tiene que existir primero una nación en la que hacerlo.
Ese debería ser el mínimo común denominador.
Entre el bien y el mal
Por eso hablaba al comienzo del bien y del mal.
No del bien entendido como patrimonio exclusivo de un partido. Ni del mal atribuido automáticamente a millones de españoles por votar unas siglas determinadas.
Hablo de algo anterior a las elecciones.
Es bueno proteger a nuestros compatriotas.
Es bueno honrar a nuestras víctimas.
Es bueno respetar nuestros símbolos.
Es bueno conocer nuestra historia sin complejos, también con sus errores y tragedias.
Es bueno defender nuestras fronteras.
Es bueno querer que España continúe existiendo.
Y es profundamente equivocado convertir el desprecio a España en una supuesta virtud política.
España ha sobrevivido a invasiones, guerras, pronunciamientos, revoluciones, separatismos, terrorismo y enfrentamientos civiles. Ha sobrevivido incluso a nosotros mismos, que probablemente sea la prueba más difícil de todas.
Pero ninguna nación es eterna por decreto.
Las naciones existen mientras haya generaciones dispuestas a conservarlas.
Por eso Ceuta importa tanto.
Porque hoy Ceuta representa algo mucho mayor que una ciudad española en el norte de África.
Representa la pregunta que tarde o temprano tendremos que responder:
¿Seguimos creyendo que España merece ser defendida?
Yo tengo clara mi respuesta.
España no es una bandera contra nadie.
España es nuestra casa.
Y precisamente porque es nuestra casa tenemos la obligación de defenderla.
Sin odio.
Sin complejos.
Sin pedir permiso.
Y sin pedir perdón por querer seguir siendo españoles.
