La formación de izquierdas 'Más Madrid' ha planteado la creación de un comité de expertos independientes en la Comunidad de Madrid. Con ello, el partido pretende abordar la propagación de bulos y desinformación. También ha pedido retirar el respaldo económico a los medios que difundan información sin la verificación previa correspondiente, lo que podría desembocar en el cierre de ciertas plataformas.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha denunciado la existencia de una red de medios digitales subvencionados con fondos públicos. Asegura que el único propósito de estos canales busca promover la imagen de la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso al tiempo que difaman a la oposición.
En su Proposición No de Ley (PNL), aparte de reducir los fondos destinados al sostenimiento mediático, Más Madrid sugiere convocar una consulta con expertos del sector y de la sociedad civil. Así, pretenden elaborar una "Ley de Publicidad Institucional" que incluya medidores independientes de audiencia y penetración para monitorear la distribución de las ayudas públicas.
Bergerot argumenta que la defensa de la democracia implica combatir la desinformación, los señalamientos y los ataques a los adversarios públicos. "Una forma de hacerlo, entre tantas otras, es precisamente retirar el dinero público de las empresas que hacen negocio, que hacen dinero, trabajando contra la ética periodística", añade.
En definitiva, desde Más Madrid se busca que sea este grupo designado el encargado de decidir quiénes se benefician de las ayudas. Pretenden evitar así que "ni un partido" en concreto "ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid" estén detrás de esta función. Acusan también al equipo de Ayuso de utilizar las instituciones "contra el bien de la calidad democrática".
Ministerio de la Verdad
No es la primera vez que la izquierda española trata de hacerse con los mandos de la libertad de prensa de nuestro país. La pandemia fue la excusa perfecta para normalizar el control de la población, y seguidamente, la manipulación de lo verdadero. Cuatro años atrás, el Ejecutivo de Sánchez creó un organismo para perseguir las "noticias falsas" que se difundiesen por Internet.
Al frente de esta institución estaban dos altos cargos de La Moncloa: por un lado, el jefe de gabinete del líder socialista y por otro, el secretario de Estado de Comunicación. El BOE publicó así una orden que reservaba al Gobierno la capacidad de determinar la corrección de según qué informaciones.
Y como los aquí mencionados, existen múltiples ejemplos. Los conocidos "verificadores de bulos" hacen lo propio, erigiéndose como fact-checkers que desmienten desinformaciones mediante fuentes contrastadas y obtención de datos precisos. Sin embargo, existen intereses que llevan a estas plataformas a verificar según qué noticias, siempre y cuando estas entren en su rango de utilidad.
