La comisión de investigación sobre la DANA en Les Corts ha aprobado este miércoles el dictamen final acordado entre PP y Vox. Ambos grupos lo han defendido como un documento "serio y riguroso", elaborado con 120 folios basados en las opiniones de los comparecientes. La izquierda, en cambio, ha votado en contra de todas las enmiendas y ha calificado el resultado de "broche de barro a la infamia" y "un insulto a las 230 víctimas mortales y a sus familiares".
El síndic del PP, Nando Pastor, ha subrayado que el dictamen apunta al Gobierno central por su responsabilidad en cuestiones de ejecución de infraestructuras hidráulicas e "insuficiente y deficiente" gestión de la información, y señala la "falta de dirección" al reclamar datos sobre los barrancos. Pastor también ha puesto el foco en uno de los datos más incómodos para la izquierda: 23 representantes estatales declinaron acudir a la comisión amparándose en que no están obligados legalmente, cuando, a su juicio, existía "una obligación moral". Entre ellos, la delegada del Gobierno de Sánchez en la Comunitat, Pilar Bernabé.
El síndic de Vox, José Mª Llanos, ha coincidido en defender un dictamen de "absoluta falta de infraestructuras" y de deficiente gestión de la información "por parte de todas las administraciones". Ha criticado además la ausencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, preguntándose por qué no acudió a explicar por qué aseguró que en el barranco del Poyo no había riesgo.
