Llorca insiste en que la vivienda “se arregla construyendo casas” y culpa al Gobierno de Sánchez
Una joven interesada en comprar un bajo en un municipio de l’Horta Sud se ha encontrado con una exigencia inesperada: abonar 5.000 euros antes de poder visitar la vivienda. La inmobiliaria lo justifica por el alto número de interesados, mientras el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas del país.
El filtro de una inmobiliaria con 50 solicitudes
Según el gestor comercial, el piso había recibido unas 50 solicitudes y los propietarios han pedido un filtro para quienes tengan intención real de comprar. La fórmula consiste en formalizar una reserva de 5.000 euros mediante un documento de propuesta de compraventa. Si el inmueble no se ajusta a las expectativas durante la visita, la agencia asegura que devolverá el dinero de inmediato. Si la persona sigue adelante, la cantidad se descontaría del precio final. “Para realizar una visita al inmueble será necesario demostrar el verdadero interés de compra”, explica la agencia, que reconoce que esta modalidad “no es común”. También avisa de que no aceptará ofertas a la baja en una vivienda totalmente reformada.
“No voy a pagar 5.000 euros por algo que ni he visto”
La mujer, que llevaba varios días intentando concertar una visita, asegura que su interés es real y que estaba dispuesta a formalizar la operación ese mismo día si el piso cumplía sus expectativas. Considera desproporcionada la cantidad y cuestiona la legalidad de la fórmula. El gestor sostiene que no es ilegal y que son condiciones de los propietarios: “Me comenta que es una petición del propietario porque el volumen de solicitudes obliga a establecer un filtro”. Le ofreció acudir a las oficinas de la empresa en València para “generar esa confianza”.
Llorca: “Se arregla construyendo casas”
El caso llega en plena discusión política sobre la vivienda. En la sesión de control del 8 de octubre, el president, Pérez Llorca, sostuvo que gran parte del problema se arregla construyendo casas y responsabilizó de la situación a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Defendió que el modelo de la Comunitat posiblemente sea el más acertado de España y afirmó que, si el Gobierno cae, será por la vivienda. La vicepresidenta, Camarero, replicó con los 270.000 desahucios de los años del Gobierno de Sánchez y con la falta de vivienda pública construida.
Un mercado de precios altos y mucha competencia
El caso vuelve a mostrar las dificultades de quienes buscan comprar en un mercado con precios elevados y fuerte competencia. Aquí la polémica no gira solo en torno al precio, sino a la exigencia de adelantar 5.000 euros para acceder a una primera visita. Con la agencia defendiendo que la reserva es reembolsable y la joven negándose a pagarla, la visita al piso sigue sin realizarse.