Orange ha sido noticia en los últimos días tras enfrentarse a una medida judicial que podría complicar su panorama financiero a corto plazo. El Parquet National Financier, una entidad judicial francesa similar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en España, le ha retenido 312 millones.
Esta decisión se enmarca dentro de un litigio que investiga los tipos de IVA aplicados a ciertas promociones comercializadas por Orange. Sobre todo entre los años 2017 y 2019.
El impacto del embargo en Orange
Desde la compañía han negado los hechos y han decidido impugnar lo que consideran una medida excesiva. En un comunicado, Orange ha afirmado que está trabajando para recuperar los pagos de impuestos adicionales que, según ellos, no deberían haber sido exigidos. Sin embargo, mientras el procedimiento judicial esté en curso, el operador no podrá disponer de esos 312 millones de euros.
A pesar de este revés, la compañía asegura que este embargo no pone en riesgo sus previsiones financieras. Ha destacado que cuenta con un balance consolidado sólido y una posición de tesorería que le permite afrontar este contratiempo. Sin afectar sus operaciones ni la calidad de sus servicios.
En su defensa, la empresa ha declarado que ni su situación financiera ni su reputación justifican este tipo de medidas. Orange recuerda que cuenta con un balance total consolidado de 104.400 millones de euros (datos a junio de 2024). Además de una posición de tesorería de 17.400 millones de euros en sus actividades de telecomunicaciones.
