La plataforma ciudadana SOS Rural ha anunciado que estudiará todas las opciones legales posibles, tanto en la Unión Europea (UE) como en España, para denunciar la competencia desleal que afecta a agricultores y ganaderos europeos, y en particular a los españoles. Así lo comunicó su secretario general, Javier Poza, durante el debate La competencia desleal: la gran amenaza para la supervivencia del sector agroalimentario, organizado en Murcia por la misma plataforma.
Durante el evento, expertos del ámbito legal, político y empresarial analizaron el impacto de la competencia desleal, que está generando una crisis sin precedentes en el sector agroalimentario.
Poza subrayó la importancia de emprender todas las acciones legales necesarias para proteger el campo español, que considera una víctima directa de estas prácticas desleales. Asimismo, hizo un llamamiento para que más personas apoyen la campaña contra la competencia desleal que SOS Rural promueve en su página web.
Así lo comunicó su secretario general, Javier Poza, durante el debate
Opciones legales para actuar
Manuel Lamela, abogado del Estado, experto en Derecho Comunitario y socio director del despacho Acountax, detalló posibles vías legales para denunciar ante la Comisión Europea por permitir la competencia desleal. “El sector agroalimentario es fundamental para nuestra economía, y el acuerdo Mercosur amenaza nuestras producciones y exportaciones", advirtió Lamela, aunque reconoció que una denuncia ante la Comisión Europea implica cumplir con numerosos requisitos.
Lamela también señaló que, si España permite la entrada de productos de terceros países de forma negligente o por intereses políticos, se podrían presentar demandas ante los tribunales nacionales. “Este problema tiene una dimensión tanto jurídica como política. En el ámbito político, se requiere ejercer presión y sensibilizar a las instituciones europeas”, explicó.
"Muerte lenta" del sector
Tras la intervención de Lamela, se desarrolló un debate con la participación de Javier Poza, Jorge Martínez Antolín (senador del PP), Antonio Martínez Nieto (diputado de Vox en la Asamblea de Murcia) y Pascual Blanco (director comercial de la cooperativa Hortamira).
Poza alertó sobre lo que denominó una "muerte lenta" de la agricultura y la ganadería en España: “La producción de alimentos se está trasladando a otros países, y en el futuro dependeremos de terceros para nuestra alimentación”.
Poza alertó sobre lo que denominó una "muerte lenta" de la agricultura y la ganadería en España
Por su parte, Martínez Antolín criticó las políticas actuales, que, según él, “ponen contra la pared a nuestros agricultores y ganaderos, dejándolos indefensos ante la competencia de productos extranjeros”. También destacó la importancia estratégica del sector primario en España: “Si dependemos de otros países para obtener alimentos, ellos fijarán los precios, y no tendremos otra opción que aceptarlos”.
Consecuencias para consumidores y productores
Martínez Nieto advirtió que los productos europeos podrían convertirse en bienes exclusivos para élites debido al incremento de costos y las restricciones impuestas por el Pacto Verde Europeo, que calificó como “una maniobra ideológica que amenaza a agricultores, ganaderos y pescadores”.
Desde la perspectiva de los agricultores, Pascual Blanco destacó las exigencias impuestas por la UE en aspectos sociales, medioambientales y sanitarios, que aumentan significativamente los costos de producción y colocan a los productores europeos en desventaja frente a importaciones de países que no cumplen los mismos estándares. “Nos están asfixiando”, resumió.
El impacto del acuerdo Mercosur
El evento concluyó con una crítica unánime al acuerdo entre la UE y Mercosur, que, según SOS Rural, representa un golpe definitivo para el sector agroalimentario europeo. “Este acuerdo significa el desmantelamiento de nuestra agricultura, ganadería e industria agroalimentaria”, aseguró la plataforma, acusando a Bruselas de engañar a los ciudadanos al subestimar las consecuencias ambientales y económicas.
Además, SOS Rural advirtió que el traslado de la producción a países con bajos estándares medioambientales incrementará las emisiones globales de CO2, desmintiendo las afirmaciones de la UE sobre los beneficios del acuerdo. “Con este tratado pierden los ciudadanos europeos y el medio ambiente, aunque Bruselas insista en negarlo”, concluyó.
