La sanidad pública valenciana tiene los números sobre la mesa. Reducir la jornada semanal de los sanitarios a 35 horas costaría 140 millones de euros al año, según el informe que la Conselleria de Sanidad ha remitido a su homóloga de Hacienda. Un sobrecoste que se destinaría principalmente a ampliar plantilla, porque cada uno de los 74.538 profesionales del sistema público valenciano pasaría a trabajar 77 horas menos al año.
Para compensar esa reducción harían falta 3.795 sanitarios adicionales. Una cifra que no es menor, especialmente cuando la Comunitat Valenciana arrastra más de 600 plazas vacantes de difícil cobertura, sobre todo en la categoría de facultativos. La Conselleria lo sabe, los sindicatos lo saben, y aun así la medida sigue sin concretarse. No porque falte voluntad en Valencia, sino porque el Gobierno de Pedro Sánchez lleva dos años sin resolver una negociación que él mismo impulsó.
La Mesa General de Negociación convocada para este viernes tiene previsto instar a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de la medida en los términos del acuerdo de legislatura. Sanidad, Educación, Justicia y la administración general de la Generalitat entran en ese proceso. Pero la negociación sigue siendo embrionaria, y los sindicatos ya advierten que exigirán plazos claros y que la medida esté aprobada antes del fin de mandato, en primavera de 2027.
