La Conselleria de Educació ha enviado a los representantes sindicales la propuesta de servicios mínimos para la huelga indefinida que arrancará el próximo 11 de mayo. La resolución establece una estructura diferenciada por tipología de centro y etapa educativa, con una medida especialmente polémica: que el profesorado de 2º de Bachillerato cumpla su horario completo para garantizar el acceso de los alumnos a la EBAU.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido la propuesta con contundencia. Ha avisado de que "una alteración de las evaluaciones finales en este curso podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado" y ha subrayado que "la prioridad son los alumnos y alumnas de segundo de Bachillerato". Ha aclarado que con esta medida no se pretende limitar el derecho de huelga del profesorado sino "garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento tan decisivo de su vida". La Generalitat, ha insistido McEvoy, reconoce y respeta "plenamente" el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.
La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar. STEPV ha calificado la propuesta de "claramente abusiva" por dos motivos: primero, porque afecta a la totalidad del profesorado de una etapa educativa; segundo, porque obliga a ese profesorado a evaluar al alumnado, una tarea que, según el sindicato, no corresponde a los servicios mínimos. El comité de huelga ha rechazado "radicalmente" la propuesta y ha avisado que no dudará en impugnarla de forma "cautelarísima" por abusiva si Educación la decreta finalmente. Han ido más lejos: consideran que la Conselleria "está impidiendo el derecho legítimo y constitucional a hacer huelga" al profesorado.
CSIF ha aportado una lectura más moderada. El sindicato señala que "el derecho a huelga es esencial respetarlo" pero considera que fijar unos servicios mínimos del 100% en un curso como 2º de Bachillerato "no es respetar la decisión de realizar huelga por parte del trabajador, en este caso el docente". Su posición pasa por el diálogo y el acuerdo, advirtiendo que "imponer de forma unilateral este leonino servicio mínimo no es la mejor forma de entablar una senda de negociación".
El fondo del debate tiene dos caras igual de legítimas. Los sindicatos tienen derecho a la huelga y la Conselleria tiene la obligación legal de garantizar un servicio esencial. Pero en el medio hay miles de alumnos de 2º de Bachillerato que llevan años trabajando para llegar a la universidad y que se enfrentan a la selectividad en pocas semanas. Son ellos quienes tienen más que perder si este pulso entre sindicatos y administración no encuentra una salida negociada antes del 11 de mayo. El diálogo que pide CSIF no es solo una opción razonable. Es la única que no deja a los estudiantes valencianos como daño colateral de un conflicto que debería resolverse en una mesa de negociación.
