El gran inconveniente que Errejón le pone al Gobierno para impulsar una de sus medidas

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, se ha vuelto a posicionar en contra del Gobierno de Sánchez. Errejón ha expresado su oposición a cualquier cambio que implique una reducción en los derechos laborales, en referencia a la propuesta de baja laboral flexible presentada por el Ministerio de Inclusión. El portavoz ha dejado claro que su grupo no permitirá recortes en los derechos de los trabajadores mientras formen parte del Gobierno.

“No habrá recortes mientras nosotros estemos en el Gobierno. Los derechos no se flexibilizan”, afirmó Errejón. El político subrayó que las conquistas laborales “se respetan porque son patrimonio de los trabajadores gracias a sus cotizaciones”.

Errejón marca una línea roja ante la iniciativa planteada por la ministra de Inclusión, Elma Saiz. La ministra defiende la baja flexible como una propuesta para “ampliar derechos” y avanzar en términos de “justicia social”, sin intención de ahorrar costes en la Seguridad Social.

La propuesta de Saiz se centra en la posibilidad de ofrecer bajas laborales más adaptadas a las nuevas formas de trabajo surgidas tras la pandemia. En ella se hace hincapié en que el objetivo no es recortar derechos, sino ajustarse a la realidad actual del mercado laboral. 

Esta tensión en el seno del Ejecutivo pone de manifiesto las diferencias que existen dentro del propio Gobierno de coalición, particularmente en temas de derechos laborales y sociales. 

La nueva medida que propone Sumar en favor de la inmigración ilegal

Esta no es la única polémica del Gobierno de coalición. La formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha registrado una proposición que exige al Gobierno evitar cualquier dificultad para que los hijos de inmigrantes en situación irregular accedan a la educación.

Esta iniciativa busca que estos menores puedan optar a becas, ayudas al estudio y participar en actividades extracurriculares. Todas ellas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

La propuesta ha generado un intenso debate en el contexto de la actual crisis migratoria que enfrenta España. Según informes, algunos sectores ven en esta medida un incentivo a la llegada de más inmigrantes ilegales. Desde Sumar defienden que se trata de una cuestión de justicia social, para evitar que los menores de familias en situación irregular se vean perjudicados en su acceso a la educación.

La protección de los derechos laborales y la garantía de acceso a la educación para los hijos de inmigrantes reflejan las tensiones internas que existen entre los socios del Ejecutivo.