Pedro Sánchez sigue en su objetivo de asfixiar económicamente a los medios críticos. Uno de los mecanismos que pretende es desarrollar una Ley de Publicidad Institucional que le permita cortar la publicidad a lo que Moncloa y asociaciones de periodistas afines consideren que son “pseudomedios” e integrantes de los que él ha denominado desde el lunes “máquina del fango”. Se refiere a los diarios que han venido publicando los tejemanejes de su mujer, Begoña Gómez, su hermano o su suegro.
Para tal efecto, el Ejecutivo fichó a José Nevado como nuevo Director General de Comunicación Institucional dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación liderada por Francesc Vallés. Nevado ha venido manteniendo reuniones desde el pasado mes de marzo en Moncloa con representantes de distintas agencias de medios en las que le ha trasladado el interés del Gobierno en “desarrollar procesos de prevención de inversión en medios que practiquen la desinformación a un determinado nivel”. Según aclaró, este nivel de desinformación “deberá ser determinado por las asociaciones de prensa y Periodismo, pero el proceso de evitar compra” será de Moncloa.
Estas intenciones han provocado una enorme incomodidad en el sector de las agencias de comunicación donde no ven con buenos ojos que sea el Ejecutivo quien decida qué es un pseudomedio en colaboración con asociaciones de prensa afines. “No podemos determinar que el Gobierno juzgue a los medios de comunicación o defina lo que es desinformación”, explica un responsable de una gran agencia de comunicación que suele repartir campañas de publicidad institucional del Ejecutivo. Este ya desarrolla mecanismos legislativos para dejar fuera de la financiación pública a las empresas que no contribuyan a “la sostenibilidad democrática” o lo que es lo mismo que Moncloa considere que son “pseudomedios”. Un apelativo que ha puesto a medios como EDATV, Okdiario, The Objective o El Debate.
Existe en Moncloa un proyecto dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación que pretende mejorar la coordinación de los ministerios a la hora de asignar la publicidad institucional. Este plan pretende que se centralice todas las campañas para llevar un control más exhaustivo y poder beneficiar así a grupos de comunicación afines o castigarlos. El presupuesto de 2024, sin contar con las empresas públicas, fue de 138 millones de euros que reparte, según se quejan editores de grupos de comunicación, reparte de forma opaca y discrecional.
Otro de los puntos fuertes de este plan es el que pasa por introducir un nuevo concepto, cargado de subjetividad, a la hora de decidir cuáles son los receptores de esta publicidad. La idea es que no solo se tenga en cuenta el tipo de medio de comunicación y la audiencia, sino también el nivel de responsabilidad social corporativa de cada medio en temas como medio ambiente, social o gobernanza.
