Un año y medio después de la dana, el Gobierno central ha presentado este viernes en la Universitat Politècnica de València los instrumentos de gobernanza del Plan Albufera. La novedad es que una comisión interadministrativa, formada por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València, dirigirá la ejecución de un plan dotado con 132 millones de euros. Bien está que llegue. Aunque tarde.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran que ya tienen elaborado un borrador de protocolo de gobernanza compartido con las administraciones implicadas. El objetivo es avanzar hacia un modelo de coordinación estable. Entre los asistentes a la jornada estaban los representantes de la Administración central, la comisionada especial para la reconstrucción y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Una foto institucional que contrasta con los meses en que la Generalitat denunció públicamente la falta de colaboración del Ejecutivo de Sánchez.
Hay datos positivos. La Confederación Hidrográfica del Júcar lleva realizadas más de 75.000 analíticas desde marzo de 2025, y los valores del agua se sitúan ya en niveles similares a los previos a la dana. Las actuaciones de emergencia en cauces ejecutadas suman más de 38,8 millones de euros y continuarán hasta junio de 2026. Del total previsto en obras de emergencia, se ha ejecutado ya el 58%.
Pero hay sombras importantes. La restauración del barranco del Poyo, epicentro de la catástrofe, tiene prevista la adjudicación del proyecto de obras para mayo de 2026. Es decir, todavía no hay ni proyecto adjudicado para la obra más urgente de toda la zona afectada. En la red hídrica de la Acequia del Oro, el proyecto de obra sigue en redacción y no estará listo hasta junio de 2026. Otras actuaciones, como el cinturón verde en el norte del Parc Natural, están directamente supeditadas a decisiones de otros ministerios.
El plan lleva sobre la mesa desde octubre de 2025 y seis meses después las obras más sensibles siguen sin adjudicar. Mientras tanto, los vecinos de la zona siguen conviviendo con barrancos sin restaurar, infraestructuras provisionales y la incertidumbre de no saber cuándo quedará zanjada de verdad la recuperación de un territorio que el 29 de octubre de 2024 quedó destrozado.
