La controvertida Ley de Segunda Oportunidad en España
La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitida el 11 de abril de 2024, pone límite a la cancelación de la deuda pública en España y le da la razón al Estado Español.
Primera Resolución de las 4 cuestiones prejudiciales remitidas por los Tribunales Españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
La primera sentencia del Tribunal de Justicia Europeo TSJUE elevada por la Audiencia Provincial de Alicante falla a favor de la Hacienda Española y crea jurisprudencia al limitar en 20.000 euros la cuantía que se puede exonerar de Hacienda y la Seguridad Social.
Hacienda 10.000 €
Seguridad Social 10.000 €
Los Jueces Españoles
En este contexto, los jueces Españoles habían alegado que la Directiva Europea demandaba a los estados miembros que justificaran de manera específica y detallada cualquier limitación aplicada a ciertos tipos de créditos en el proceso de exoneración. Los jueces Españoles consideraban que el legislador había abordado este requerimiento de manera vaga y superficial, al describir en un único párrafo que las excepciones se basan, en algunos casos, en la importancia especial de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, fundamentada en el Estado de Derecho.
Fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respaldado la postura del Gobierno Español, determinando que el legislador sí había cumplido con la obligación de justificar la limitación en la exoneración de deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Conclusión
Desde el despacho de Atalanta y Abogadas consideran importante evaluar, ¿cómo esta decisión judicial puede afectar a aquellos individuos que enfrentan dificultades financieras y buscan amparo bajo la Ley de Segunda Oportunidad?
Asimismo, desde el despacho consideran también fundamental que el legislador y el Estado Español evalúen de nuevo cuidadosamente las graves consecuencias de esta resolución judicial para todas aquellas personas en España que tienen deuda pública y no cuentan con los medios para sufragarla: ¿Deberían estas personas ser excluidas permanentemente del sistema, sin esperanza de encontrar una salida a su situación?
