Los estudiantes que llegan a València desde otras comunidades autónomas y del extranjero se enfrentan a una crisis de vivienda que no da tregua. Según la plataforma LIVE4LIFE, casi el 20% de los universitarios cambia de autonomía para cursar sus estudios, una cifra que ha crecido desde el 18,3% de hace dos años, y que se topa de bruces con un mercado de alquiler disparado.
El caso de Benimaclet es el más llamativo: el precio de los alquileres en esta zona universitaria ha subido 310 euros en tres años, según el informe de precios de Idealista. Un piso de 100 metros cuadrados que costaba 1.160 euros hoy se alquila por 1.470, un 26% más. Pero hay distritos que han sufrido subidas todavía mayores: en Algirós y El Pla del Real el incremento ronda el 30%, con aumentos de 340 y 370 euros respectivamente. En Poblats Marítims y l'Eixample la subida llega al 36% y al 39%, dejando alquileres de hasta 1.860 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados.
Javier Terol, uno de los muchos jóvenes que ha tenido que buscar piso compartido para poder costearse sus estudios, explica que paga la mensualidad junto a sus compañeros dividiéndola entre el número de habitaciones. Una fórmula cada vez más habitual entre quienes no pueden asumir en solitario un alquiler que, de media en España, ronda ya los 430 euros por habitación.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas confirma que la vivienda se ha convertido este mismo mes en la principal preocupación de los ciudadanos, y golpea especialmente a jóvenes y familias de rentas medias y bajas. La Cámara de Valencia atribuye la escalada al encarecimiento de materiales y mano de obra, al endurecimiento de la normativa técnica sin apoyo fiscal, a los plazos burocráticos alargados y al estancamiento de la construcción, factores que el Gobierno de Sánchez no ha sabido corregir en años de legislatura pese a presentarse como garante del derecho a la vivienda.
Mientras el Ejecutivo central acumula anuncios sin resultados tangibles, la Generalitat que preside Juanfran Pérez Llorca ha mostrado en meses una capacidad de gestión que contrasta con el bloqueo nacional, logrando aprobar unos presupuestos que el propio Gobierno de Sánchez no ha conseguido sacar adelante en cuatro años. La falta de una respuesta estatal eficaz deja a miles de estudiantes valencianos y llegados de fuera pagando la factura de un problema que la Comunitat intenta paliar sin el respaldo que debería llegar desde el Gobierno central.